¿Los ‘falsos positivos’ también votan?

miembros del ejército participan en medellín en un programa de seguridad previo a las elecciones. Keystone

A poco de que el pueblo colombiano acuda a las urnas para decidir la sucesión presidencial, uno de los temas más sensibles de la agenda del Gobierno de Álvaro Uribe, las masacres extrajudiciales, vuelve al primer plano tras la difusión en Ginebra de reporte de la ONU.

Favorito en las encuestas -aunque seguido de muy cerca por el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus-, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dice que durante su gestión se acabó con los ‘falsos positivos’.

«Me desgarró el corazón cuando se comprobó lo que estaba sucediendo (…) en su momento se tomaron acciones efectivas por ese hecho y así espero actuar desde la presidencia ante situaciones similares, es decir, con contundencia, transparencia y efectividad», subrayó Santos, de acuerdo con informaciones recogidas por medios colombianos.

El ex ministro de Defensa insistió en que “nosotros no nos inventamos los falsos positivos, los acabamos, esa es la realidad, nadie los ha negado”.

Su optimismo dista de ser unánime: “Los jueces de la República no entienden la complejidad de los procedimientos y estando identificados los presuntos autores, los dejan libres por vencimiento de términos. ¡Es algo verdaderamente angustiante!”, enfatizó Clara López en entrevista con swissinfo.ch en Bogotá.

La actual dirigente del Polo Democrático Alternativo y compañera de fórmula del candidato presidencial Gustavo Petro, por ese partido, hizo visible el fenómeno de ese tipo de ejecuciones desde su puesto de Secretaria de Gobierno de la capital colombiana.

“La de ‘falsos positivos’ es una denominación que a uno a veces le preocupa porque no muestra que detrás de ello lo que hay es un gran crimen de lesa humanidad”, destacó la economista para explicar: Se trata de la desaparición forzada de jóvenes de barrios populares, vulnerables, excluidos, utilizados para cobrar recompensas. Son desaparecidos y luego aparecidos como muertos en combate.

En Ocaña (departamento de Santander), donde surgió el primer caso que se convirtió en tema público por la denuncia que ella hizo, todavía hay más de 40 o 50 cuerpos sin exhumar y van 34 exhumados, según su propia información. “Todos ellos producto de la desaparición forzada y que aparecen ahí como muertos en combate”.

“Notros, un equipo de personas que hemos venido trabajando el tema, nos estamos haciendo parte civil en los distintos procesos penales, para que sea reconocido como un delito de lesa humanidad”, agregó la también catedrática universitaria.

Denuncias en Berna

A mediados de mes, campesinos de la región del Magdalena Medio acudieron a Berna para denunciar la expoliación de sus tierras y el asesinato de los suyos: “Al hijo de Miguel Ángel lo tiraron en el municipio de Puerto Berrío. Decían que habían matado a un guerrillero, cuando habían matado a un compañero campesino…”

El muchacho tenía 22 años y había llegado a principios de los años 90 con su familia al Valle del Río Cimitarra. “Venían desplazados de la región del Caquetá”, precisó Irene Ramírez, de la asociación campesina local (ACVC). Al padre, líder labriego, lo llevaron preso. Al hijo lo convirtieron en “falso positivo”. Y no fue el único…

“Venimos a Suiza a pedir que nos apoyen. Queremos que se investigue y se haga justicia… En la región hemos tenido 18 casos y hay muchos más en el país”.

En efecto, de acuerdo con Clara López , la Fiscalía General de la República ha recibido 1.300 casos que abarcan a casi 3.000 jóvenes “y la preocupación es que vaya a haber impunidad en estos procesos”.

Informe de la ONU

Su inquietud es compartida por el Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, profesor Philip Alston, en cuyo informe sobre su visita a Colombia en junio de 2009, publicado el jueves pasado, asienta:

“Colombia ha realizado importantes avances en seguridad después de décadas de conflicto armado y gravísimas violaciones de derechos humanos, sin embargo graves problemas con sus políticas de seguridad han socavado los objetivos que el Gobierno busca lograr”.

Se refiere a los asesinatos de civiles perpetrados por soldados en un clima de impunidad que continúa y que llega hasta un 98.5%. Establece como condición sine qua non para superar el escándalo de los falsos positivos que el Gobierno asegure una investigación efectiva y el procesamiento de los culpables.

“Víctimas y familiares merecen justicia. La sociedad colombiana y la comunidad internacional necesitan saber que las operaciones policiales y militares son legales , o de lo contrario carecerán de legitimidad”.

El relator de la ONU señala igualmente que aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, «encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados ‘falsos positivos’, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados».

Explica que dentro de las Fuerzas Armadas, el éxito fue medido por el número de guerrilleros muertos y promovido por un entorno en el que hubo poca o ninguna rendición de cuentas. «Los soldados sabían que podían quedar impunes», acota.

Un fenómeno sistemático

Lejos de lo que el Gobierno de Uribe denominó en su momento el caso aislado de “unas manzanas podridas”, el fenómeno de los ‘falsos positivos’ habría sido recurrente.

“Queda clarísimo que no es un caso excepcional, sino que es algo sistemático que creció a espaldas de las actuaciones oficiales sin que se tomaran las medidas adecuadas para su prevención”, subrayó la candidata del Polo Democrático.

Precisó que se pasó de uno, dos tres casos al año, a tener en 2007, 350 casos que abarcaban a casi mil jóvenes. “Entonces eso no puede ser denominado como una excepción y es algo que debe conmover a la opinión pública nacional, pero desafortunadamente no ha tenido el impacto que nosotros quisiéramos”.

Laxismo del Estado

Las ejecuciones sumarias, de acuerdo con nuestra interlocutora, se produjeron “al cobijo en una circular interna, reservada, secreta, del Ministerio de Defensa, la número 29, expedida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Espina, en el mes de diciembre del año 2005, y se dispararon en el año 2006 y 2007, siendo ministro el doctor Juan Manuel Santos”.

¿Y cómo es posible que hoy el doctor Santos sea candidato presidencial?

“Pienso que eso tiene que ver con el ambiente general en el país. El país, como le decía, no ha reaccionado de una manera profunda frente a semejante degradación en el comportamiento de individuos de nuestro ejército.

“Pero en eso hay que hacer claridad. Uno tampoco puede establecer una responsabilidad que cobije a toda la institución, pero no hay duda que los controles fueron laxos. No hay duda que no se tuvo en cuenta lo que cualquier economista le hubiera podido decir: que había un incentivo macabro en establecer recompensas por muertos, y eso es lo que efectivamente sucedió”.

Marcela Águila Rubín, de vuelta de Colombia, swissinfo.ch

INFORME ALSTON

«Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país».

Alston destacó las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones, incluida la destitución de oficiales de alto rango y permitir el monitoreo por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero expresó preocupación porque la impunidad continúa.

El Relator Especial también encontró “un alarmante nivel de impunidad para los exparamilitares”.

“El esfuerzo de Colombia para terminar con la violencia paramilitar y exigir responsabilidades está siendo cuestionado. La inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones a los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

«Tanto las FARC como el ELN cometieron asesinatos y a menudo atacaron o victimizaron a la población por la que ellos dicen luchar. Los grupos guerrilleros causan inestabilidad en muchas partes del país. La estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de la guerrilla, pero también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.

«Históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. Colombia debe investigar y sancionar fuertemente la violencia y amenazas contra estos grupos”.

“Las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en zonas de conflicto son especialmente vulnerables a las masacres y otras violaciones y Colombia debe asegurar que sus políticas de seguridad y las operaciones militares prioricen su protección”.

“La voluntad del Gobierno colombiano de abrirse al escrutinio internacional sobre sus políticas de seguridad marca un ejemplo para los otros estados. Los oficiales del Gobierno me han dicho repetidamente que aceptan las sugerencias de reforma. La manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.