«Suiza ya tiene base legal para utilizar los fondos rusos a favor de Ucrania»

¿Puede Suiza utilizar los fondos congelados de los oligarcas para la reconstrucción de Ucrania? Sí, asegura el profesor de derecho penal y experto en lucha contra la corrupción Mark Pieth, basándose en un artículo penal sobre la lucha contra la mafia criminal.

La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores Ignazio Cassis dejó perplejo al mundo bancario suizo al afirmar que Suiza podría confiscar definitivamente los fondos bloqueados de los oligarcas rusos y entregarlos a Ucrania para su reconstrucción.

Desde entonces, los medios de comunicación suizos han debatido las opciones legales y han llegado en su mayoría a la conclusión de que la confiscación es inadmisible porque viola la garantía de propiedad.

Sin embargo, pasa por alto el hecho de que desde 1994 se dispone de una herramienta jurídica muy radical: Según el art. 72 del Código Penal, «el juez puede confiscar todos los bienes sobre los que una organización criminal o terrorista tenga poder de disposición». La inversión de la carga de la prueba en la segunda frase es interesante a este respecto: «Se presume que los bienes pertenecientes a una persona que haya participado en una organización de este tipo o la haya apoyado están sujetos al poder de disposición de la organización hasta que se demuestre lo contrario». No cabe duda de que este régimen de confiscación no es contrario a la garantía de la propiedad.

Ahora bien, esta norma especial se creó principalmente para el dinero de la mafia. No obstante, olvidamos que el Tribunal Supremo Federal recurrió a ella en 2005 para confiscar los fondos robados a Nigeria por el exjefe de Estado Sani Abacha que se le acusaba de haber creado una organización criminal con sus seguidores para saquear el país.

Sus descendientes no pudieron demostrar que habían adquirido los bienes legalmente, por lo que gran parte del dinero fue confiscado y devuelto a la población nigeriana.

Según la legislación suiza, es posible atribuir los fondos confiscados a los perjudicados por el delito. Si esto no es posible, o si las víctimas no lo desean, los bienes confiscados pasan al Tesoro Público suizo. Suiza es libre de hacer lo que quiera con esos fondos, por lo que también puede utilizarlos para reconstruir Ucrania.

En cuanto a Rusia, un Estado que lanza una guerra de agresión y viola así el derecho internacional puede ser acusado de ser un «Estado villano». Sin embargo, según el derecho internacional, incluso un país que actúa de forma delictiva es un Estado que goza de inmunidad.

Pero la cuestión del caso Abacha era que Sani Abacha había establecido un régimen criminal. Sería posible considerar a Vladimir Putin y a su círculo íntimo como organizaciones criminales. Los oligarcas que financian la guerra serían cómplices de la misma manera que los secuaces de la mafia.

Hay que señalar que el art. 72 del Código Penal no deja el decomiso a capricho del poder judicial: establece claramente que «el juez se pronunciará». El artículo 72 está sujeto al principio de legalidad.

Por supuesto, los casos individuales requieren un examen más detallado, especialmente en cuanto a si los oligarcas están realmente dispuestos a apoyar la guerra y si sus activos están económicamente sujetos al control de un régimen inicuo.

Sin embargo, el temor a las consecuencias negativas para el centro financiero no debe llevar a ignorar a la ligera el artículo 72 del Código Penal.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente la posición de swissinfo.ch.

Adaptado del alemán por Carla Wolff