A 12 años de la masacre de Curuguaty, campesinos paraguayos siguen sin acceder a la tierra

Asunción, 15 jun (EFE).- Al cumplirse 12 años de la masacre de la localidad de Curuguaty (sureste), donde murieron 11 agricultores y 6 policías, en medio de un enfrentamiento ocurrido durante un desalojo de tierras, campesinos de Paraguay continúan exigiendo la legalización de los terrenos.

En el predio de Marina Kue, en el departamento de Canindeyú, donde sucedió la matanza en 2012, se desarrolló este sábado una ceremonia religiosa presidida por el nuncio apostólico, Vincenzo Turturro, a la que acudieron familiares de los campesinos fallecidos, quienes demandaron el esclarecimiento de la matanza y la titulación de las 1.748 hectáreas que estaban en disputa.

Así lo señaló a EFE, Darío Acosta, dirigente de la ‘Asociación de familiares víctimas de la masacre de Curuguaty’, quien denunció que después de años la regularización de las tierras de Marina Kue aún no se concreta.

El líder campesino igualmente aseguró que el nuncio apostólico mostró “su buena predisposición para acompañar” ese proceso e interceder con el Gobierno de Paraguay.

“Esta celebración de los 12 años la hicimos no solo por el interés de la regularización de la tierra, sino mucho más. Que se respete el derecho, la dignidad de los campesinos que luchan por la tierra. Muerte nunca más”, afirmó Acosta.

La matanza de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando la Policía desplegó un operativo para desalojar por la fuerza a un grupo de cerca de 70 campesinos que ocupaban unas tierras, que exigían, fueran integradas en una reforma agraria.

Poco después, el hecho provocó una grave crisis política que desembocó en la destitución del entonces presidente izquierdista del Frente Guasú, Fernando Lugo, que llegó al poder en 2008 para constituirse en el primer Gobierno de alternancia luego de 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

En un juicio político ‘exprés’, Lugo fue destituido por mal desempeño de sus funciones en junio de 2012, con lo que le correspondió al vicepresidente, Federico Franco, concluir el mandato del exobispo.

A raíz de la matanza, 11 campesinos -y ningún agente- fueron condenados, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la sentencia en julio de 2018 y dejó en libertad a los presos que cumplían penas de entre cuatro y 30 años de cárcel.

En ese contexto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) aseguró este sábado en un comunicado que “el Estado aún no ha asegurado las tierras ni ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte de los campesinos”, y tampoco ha castigado a los responsables.

La organización además exigió a las instituciones locales que respondan “de manera efectiva” en la implementación de medidas de reparación a las familias de las víctimas de este episodio.

Por otro lado, la Policía Nacional de Paraguay informó en la red social X sobre un homenaje póstumo realizado esta jornada en el departamento de Alto Paraná (este) por los seis agentes fallecidos, a los recordaron como “héroes mártires”. EFE

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