Agencia egipcia actúa al margen de la ley para acosar a activistas, según AI

El Cairo, 16 sep (EFE).- La Agencia Nacional de Seguridad egipcia, un cuerpo policial especializado en casos de terrorismo y políticos, se ha convertido en un instrumento de represión de defensores de los derechos humanos y activistas políticos con prácticas que se sitúan al margen de la ley, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI).

Dicha agencia «recurre cada vez más a una práctica perfectamente diseñada de citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos y constitutivos de trato o pena cruel, inhumano o degradante» con el fin de hostigar a estas personas, indicó la ONG en un informe.

El informe, titulado «Nada de esto terminará mientras vivas», recoge las detenciones y otras medidas punitivas que lleva a cabo este cuerpo policial contra activistas «sin orden judicial ni ningún otro fundamento legal», por lo que sus agentes «se sitúan por encima de la ley».

Los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad ordenan a los activistas a personarse periódicamente en sus oficinas incluso años después de haber pasado largos periodos de reclusión «por el ejercicio pacífico de sus derechos» y son retenidos durante horas o días «sin base legal ni supervisión de las autoridades judiciales», añadió AI.

Entre las prácticas que la organización ha logrado documentar entrevistando a más de una veintena de afectados en los dos últimos años, destaca «interrogatorios abusivos» sin la presencia de abogados, con preguntas sobre la vida personal del interrogado y su activismo político, y torturas, abusos físicos y psicológicos.

También incluye la supervisión de los teléfonos y cuentas en redes sociales de las víctimas y, en la mayoría de los casos documentados por AI, les han amenazado con la cárcel y con torturas y otros daños físicos a ellas y a sus familias.

AI calificó estas prácticas como «medidas extrajudiciales de libertad vigilada» y aseguró que «constituyen violaciones del derecho y las normas internacionales» así como de «la Constitución y del Código de Procedimiento Penal del propio Egipto».

Además, la ONG consideró que al tratarse de «una práctica aplicada sin orden judicial y sin ningún registro oficial de ella, es imposible determinar el número de personas» afectadas.

Varios activistas políticos han denunciado este tipo de prácticas y las consecuencias psicológicas que acarrean, sobre todo para aquellos de renombre que han sido encarcelados repetidamente en los pasados años y sometidos a vigilancia en sus periodos fuera de la cárcel. EFE

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