Archivan la causa en España por el pago de comisiones del tren a La Meca

Unos trenes de alta velocidad Haramain, que forman parte de la red de conexión entre La Meca y Medina, en la estación del aeropuerto de Yeda, en Arabia Saudí, el 12 de diciembre de 2019 afp_tickers

La fiscalía española archivó la causa por el posible pago de comisiones por empresarios españoles para lograr la construcción de una línea ferrea de alta velocidad a La Meca, en Arabia Saudita, según una resolución que trascendió este jueves.

La fiscalía anticorrupción acordó “el archivo de las Diligencias de Investigación 38/18 al no haberse podido determinar la posible comisión del ilícito penal”, según su informe, fechado el 4 de mayo, del que la AFP obtuvo una copia.

El consorcio Al Shoula Group, compuesto por doce empresas españolas –entre ellas el operador ferroviario español Renfe–, y dos sauditas, se hizo en 2011 con el contrato de 6.800 millones de euros (más de 7.000 millones de dólares) para construir la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades sauditas de Medina y La Meca.

La inauguración de esta línea permitió reducir a un par de horas el recorrido entre las dos ciudades santas musulmanas. La Meca es objeto de un peregrinaje religioso anual multitudinario.

La investigación se abrió a partir de una conversación telefónica en la que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del rey emérito Juan Carlos I, hablaba del pago de comisiones en relación a esta adjudicación.

La fiscalía indagó “la posible comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales” por el supuesto pago a funcionarios o autoridades sauditas para la adjudicación de las obras, afirma la resolución.

Pero, tras las diligencias practicadas, la fiscalía afirma que los elementos recogidos “son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios”, y “no permiten construir (…) una tesis inculpatoria”.

El rey emérito Juan Carlos I fue investigado en este asunto por los 100 millones de dólares que recibió en 2008 del monarca saudita Abdalá en una cuenta suiza, pero esa parte de la investigación había sido archivado anteriormente.

La fiscalía concluyó entonces que se trató de “un regalo” recibido por Juan Carlos, que podía haber acarreado un delito de “cohecho”, pero que en todo caso ya había prescrito.