Bruselas prevé publicar mañana aranceles provisionales a coches eléctricos chinos

Bruselas/Pekín, 3 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) prevé anunciar mañana la imposición de aranceles provisionales a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, tras haber concluido de forma preliminar que están ilegalmente subvencionados y afectan a los productores comunitarios.

El pasado 12 de junio la CE comunicó su intención de imponer un arancel suplementario de hasta el 38,1 % a la importación de vehículos eléctricos por considerar que la subvención de sus baterías daña a los productores europeos.

El Ejecutivo comunitario basó su decisión en los resultados preliminares de una investigación iniciada en octubre para averiguar hasta qué punto la penetración de vehículos eléctricos del gigante asiático en el mercado europeo afectaba a los fabricantes comunitarios.

Por ello, anunció la intención de imponer aranceles suplementarios del 17,4 % al fabricante BYD, del 20 % a Geely y del 38,1 % a SAIC, las tres empresas que la Comisión ha incluido en su investigación.

La Comisión había abierto formalmente el 4 de octubre una investigación antisubsidios sobre las importaciones de coches eléctricos procedentes de China para determinar si las cadenas de valor de estos vehículos se benefician de subsidios ilegales y si éstos causan o amenazan con causar un perjuicio económico a los productores de la UE.

Según la CE, los vehículos chinos tienen una penetración del 8 % en el mercado comunitario -que podría duplicarse hasta el 15 % en 2025 de continuar al mismo ritmo- y cuestan un 20 % más baratos que los europeos.

Rechazo de China

Desde el primer momento, las autoridades chinas han mostrado su oposición a los aranceles al considerar que se trata de un “acto descarado de proteccionismo”, y han amenazado a través de la prensa oficial con represalias como tasas adicionales a la importación de vehículos de gran cilindrada o pesquisas ‘antidumping’ contra los lácteos europeos.

La primera de esas contramedidas llegó el 17 de junio, cuando el Ministerio de Comercio chino anunció una investigación por competencia desleal a ciertas importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea (UE).

Esto afecta especialmente a España, ya que se trata del primer suministrador de esta carne a China tanto a nivel comunitario como mundial. Algunos analistas ya habían advertido de que Pekín trataría de centrar sus represalias en los países considerados como impulsores de los aranceles, como la nación ibérica o Francia.

Si bien la prensa estatal indicó que las autoridades del país asiático desearían que los aranceles provisionales fuesen retirados incluso antes de su publicación este jueves, las tasas no serán definitivas hasta noviembre, por lo que es probable que hasta entonces continúe el ‘tira y afloja’ entre Pekín y los Veintisiete, elevando la tensión en los lazos comerciales.

En referencia a las negociaciones, el Ministerio de Comercio aseguró que China quería “evitar el recrudecimiento de las fricciones comerciales de manera racional”, pero también acusó a Bruselas de “elevar” esas tensiones y de tener “la responsabilidad total” sobre una situación que “podría desatar una guerra comercial”.

El rotativo nacionalista Global Times ya advirtió este fin de semana que las negociaciones “no serán sencillas” y que “no darán resultados de un día para otro”, avanzando que no se centrarán únicamente en los eléctricos al considerar que Bruselas podría imponer más restricciones comerciales a otros productos “por proteccionismo” ante una competencia “cada vez más dura”.

Ese diario, que ya acusó a Bruselas de “imitar” a Estados Unidos con los aranceles, asegura que las mencionadas investigaciones -a principios de año también se abrió una contra el brandy, afectando sobre todo a Francia- son una “respuesta a las prácticas comerciales injustas” de la UE y un modo de “corregir de forma razonable su comportamiento económico inadecuado”.

Próximos pasos

La Comisión prevé continuar su investigación durante varios meses hasta que decida si propone medidas antisubvención definitivas, una iniciativa que deberán votar entonces los Estados miembros (entre los que Alemania es reticente).

La investigación debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura y, si está jurídicamente justificado, podrán imponerse derechos antisubvenciones provisionales en un plazo de 9 meses a partir de su inicio y, medidas definitivas, hasta 4 meses después (o en un plazo de 13 meses a partir de la apertura del proceso).

Esto implica que, de considerarlo necesario, la CE tendría hasta el próximo 2 de noviembre como máximo para publicar la imposición de medidas definitivas. EFE

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