Deducir multas recibidas en otro país ¿protección a las empresas o permiso para incumplir?

La Paradeplatz de Zúrich, centro neurálgico del poder económico en Suiza. © Gaetan Bally/Keystone

A partir de 2022, las empresas y bancos helvéticos podrán deducir las multas multimillonarias que reciban en el extranjero si cumplen con un par de requisitos. Una indulgencia fiscal que es saludada por el sector privado, pero cuestionada por la izquierda, las oenegés y expertos legales.

La intención de la Ley Federal de Tratamiento Fiscal de las Sanciones FinancierasEnlace externo, que entra en vigor el 1 de enero de 2022, es evitar que las empresas sean chivos expiatorios de represalias políticas entre los gobiernos. Sin embargo, el tema genera controversia porque podría suponer el perdón de multas impuestas a bancos o empresas cuya operación ocasiona daños a poblaciones de países emergentes.

No será un perdón generalizado

A partir de 2022, “las empresas podrán deducir las sanciones pronunciadas en el extranjero si cumplen dos condiciones: la acción castigada debe contravenir el orden público suizo y la empresa debe demostrar que realizó todas las acciones razonablemente exigibles para cumplir con la ley del otro país”, resume Fabien LiégeoisEnlace externo, miembro del Centro de Derecho Bancario y Financiero de la Universidad de Ginebra y experto en derecho fiscal de la firma legal CMS.

El Gobierno suizo precisa que no será un beneficio concedido fácilmente. “La empresa debe presentar pruebas creíbles de que hizo todo lo necesario para cumplir con la ley y aun así su conducta fue sancionada. Esto se sustenta en el principio de buena fe considerado por al artículo 3 del Código Civil suizo”, explica Joel Weibel, portavoz de la Administración Federal de ContribucionesEnlace externo (AFC).

Weibel añade que las empresas deberán presentar también documentos como informes de cumplimiento de auditoría, obtención de permisos ante las autoridades competentes, etc. Y tanto la aprobación como la denegación de estas deducciones podrán ser apeladas y revisadas por los tribunales suizos, teniendo siempre al Tribunal Federal como última instancia, según el portavoz de la AFC.

La ley advierte de que no serán deducibles las multas que resulten del pago de sobornos en otro país.

Un ejemplo concreto

La Ley Federal de Tratamiento Fiscal de las Sanciones financieras, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, no tendrá en ningún caso carácter retroactivo, confirma la Administración Federal de Contribuciones.

Un ejemplo concreto en el que se emplearía este derecho:

La empresa suiza “A” inicia un negocio en un país “B”. Toma todas las previsiones para cumplir con la ley y obtiene las licencias para realizar su actividad comercial. El país “B” confirma que todo está en orden. Tres años después, “A” es multada por “B” por la falta de una licencia.

La nueva ley le permitirá deducir esta multa si el corporativo demuestra que tomó las medidas necesarias, recibió las autorizaciones correspondientes y, a pesar de ello, fue penalizado.

La ley deja claro que no son deducibles el pago de comisiones ocultas o cualquier otro gasto que permita la comisión de infracciones.

¿Un premio al incumplimiento?

“La intención del Parlamento no es recompensar el incumplimiento, sino evitar que las empresas sufran las consecuencias fiscales de multas monetarias arbitrarias o motivadas por razones políticas”, dice Joel Weibel.

Pero el Partido Socialista (PS) considera que no hay razón que justifique que la mala conducta de las empresas reciba regalos fiscales, “especialmente si son los contribuyentes quienes deben pagar por ello”, dice Nicolas HaeslerEnlace externo, portavoz del PS.

“Las empresas deben cumplir con las leyes de otros países y asumir su responsabilidad sobre los riesgos que asumen. Si las ganancias permanecen en las empresas, por qué las pérdidas deberían transferirse a los contribuyentes”, cuestiona.

Y añade que Suiza ejerce un doble rasero, ya que las empresas que operan en el país no tienen derecho a deducir multas, pero sí las que operan en el exterior.

“La legislación europea camina hacia una mayor responsabilidad corporativa y Suiza debería hacer lo mismo”, destaca Haesler.

Dominik Gross, experto en Finanzas Internacionales y Política fiscal de la coalición de oenegés Alliance SudEnlace externo, coincide. “Detrás de la decisión de permitir la deducción de multas, se está felicitando a empresas, como los bancos, por tener un comportamiento ilegal. Esto es contrario a lo que nosotros, como sociedad civil suiza, deseamos y por lo que luchamos desde hace años, como ya quedó claro en las urnas”.

Gross subraya también que se introduce una injusticia notable entre los ciudadanos y las empresas, porque los primeros no gozan de este derecho.

Contra la voluntad popular

En noviembre de 2020, la mayoría de los suizos dijeron sí a la iniciativa “empresas responsables”, pero no fue aprobada porque dos tercios de los cantones votaron en contra. Pero la voluntad de la población fue clara: “La gente ya no quiere recompensar a las empresas deshonestas”, dice Nicolas Haesler.

Para el director ejecutivo de la red independiente Tax Justice Network, Alex CobhamEnlace externo, “la nueva ley sorprende porque va en contra del sentimiento público nacional. Y también genera riesgos en materia de reputación internacional para Suiza porque acepta una mala conducta que otros Estados intentan sancionar”.

Cobham lo ilustra con un ejemplo teórico: una empresa podría incurrir en prácticas que provoquen el envenenamiento por plomo de comunidades en países con bajos ingresos. Esta ley podría permitir, incluso, deducir las multas de esa empresa si demuestra que “realizó todos los pasos razonables [para cumplir con la ley de otro país]”.

“Cuando una empresa puede deducir una multa que le ha sido impuesta en el extranjero, ¡es la colectividad suiza quien paga el precio!”, recalca Fabien Liégeois, de la Universidad de Ginebra. “Y no hay razón para que una consideración de orden moral termine donde lo hacen las fronteras”, añade.

“Suiza obtiene provecho del éxito de sus grandes empresas en el mundo, pero me cuesta entender que se inscriba en la ley una diferencia entre las multas pronunciadas en Suiza y en el extranjero. Aunque no debe ignorarse tampoco que existen luchas económicas entre Estados de las que las empresas pueden ser víctimas colaterales”, matiza.

Escasa experiencia internacional

¿Hay más países que ofrecen este beneficio? Existe una escasa experiencia internacional sobre la deducción de multas empresariales pronunciadas en el exterior.

“En 2017 se realizó una comparación entre los países del G7, los BRICS [Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica] y Austria y en estas naciones no es posible deducir multas”, afirma Joel Weibel de la AFC. “En otros países, la situación es vaga. Pero el principio de la no deducibilidad de multas se cumple en la mayoría de las legislaciones”.

Según Fabien Liégeois, en Alemania sí estaban permitidas este tipo de deducciones en el pasado, pero solo cuando los castigos contradecían el orden público germano. Francia no lo permite y “Estados Unidos, que posee un derecho complejo, tampoco es más flexible que Francia respecto a la deducción de sanciones pronunciadas por otro Estado”.

Pascal Saint-AmansEnlace externo, director del Centro de Política Fiscal y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), confirma que “casi ningún país de la OCDE permite la deducibilidad de multas y sanciones recibidas en el extranjero, aunque sí llegó a suceder en el pasado. Sin embargo, las leyes han cambiado significativamente, en particular desde que la OCDE adoptó recomendaciones sobre la deducibilidad fiscal de los sobornos a funcionarios extranjeros (1996), exhortando a sus miembros a evitar esta práctica”.

La OCDE saluda la claridad

La OCDE saluda la nueva ley de Suiza porque aporta claridad al espectro fiscal helvético. Añade que las empresas pueden ser apoyadas en lo relacionado con sus operaciones internacionales, pero deben abstenerse de realizar en el extranjero actividades que tienen negadas en sus países. Al prohibir claramente la deducción de sobornos, Suiza elimina cualquier ambigüedad en materia de deducciones corporativas.

La OCDE lucha activamente contra todas las formas de delitos financieros y reconoce que Suiza ha dado un paso al frente al aceptar el intercambio automático de información fiscal entre gobiernos en 2018.

De cara a la nueva ley, solo será vital “restringir significativamente las deducciones permitidas y que haya una guía clara para evitar interpretaciones erróneas”, dice Pascal Saint-Amans.

Transparencia fiscal suiza

La OCDE considera que Suiza ha dado pasos importantes en materia de transparencia fiscal al aceptar el intercambio automático de información. Entre 2018 y 2020, Suiza ha transmitido información a 73 países y jurisdicciones.

Actualmente, son casi 100 jurisdicciones fiscales que intercambian información de 84 millones de cuentas bancarias, que gestionan activos por 10 billones de euros.

El “secreto fiscal” es considerado nocivo prácticamente en todo el mundo porque encubría, frecuentemente, prácticas de evasión fiscal.

Los jueces impedirán los abusos

Los escépticos temen que de la nueva ley beneficie, por ejemplo, a los grandes bancos. Serge Steiner, portavoz de la Asociación Suiza de Banqueros (ASBEnlace externo), es cauto en su respuesta: las nuevas reglas son para todo tipo de empresas, no solo para las instituciones financieras, “la deducibilidad está claramente limitada a casos especiales, y esos casos específicos aún deberán ser evaluados individualmente cuando ocurran”, refiere.

¿Podría deducirse en el futuro una multa como la que recibió el banco UBS en Francia (4 500 millones de euros) en 2019 por participar en una trama de evasión fiscal a gran escala?

En teoría, no. Esa multa castigaba el delito de lavado de dinero agravado con fraude fiscal cometido por el UBS entre 2004 y 2012. Una falta que también es penada en Suiza. Y desde el 2016, los bancos helvéticos tienen la obligación de detectar los delitos fiscales que podrían cometer sus clientes dentro y fuera de Suiza, para notificarlos a las autoridades.

Pese a ello, para una correcta aplicación de la nueva ley, Fabien Liégeois destaca que será clave la labor de los jueces.

La deducción de multas extranjeras solo será posible si estas contravienen el orden público suizo y si la empresa en cuestión demuestra que cumplió las reglas y actuó de buena fe.

“La noción de orden público es muy restrictiva y solo atiende a situaciones excepcionales. La noción de buena fe es menos restrictiva y existe desde tiempos de los romanos. Pero la indeterminación de la regla no debería ser algo que nos inquiete si consideramos que la labor de los jueces es justamente evaluar cada situación concreta en busca de la equidad, esta es la esencia de su trabajo”, concluye el experto.