«Pretender juzgar a Putin es una fantasía»
¿Puede ser acusado Vladimir Putin ante la justicia por los crímenes de guerra cometidos por los soldados rusos en Ucrania? El abogado ginebrino Philippe Currat no esconde su escepticismo.
El abogado Philippe Currat es el autor de la tesis «Los crímenes contra la humanidad en el marco de la Corte Penal Interna-cional”. En 2005, fue mandatado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza para desempeñarse como consejero jurídico principal del Procurador del Tribunal Especial para Sierra Leona.
Representó al Colegio de Abogados Penal Internacional en las Asambleas de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), en particular en 2010, en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma. Fungió como secretario general de dicho Colegio entre 2012 y 2017. Forma parte de la lista de expertos admitidos a comparecer ante la Corte Penal Internacional.
swissinfo.ch: ¿Se aplica efectivamente la inmunidad cuando se involucra a jefes de Estado?
Philippe Currat: En el marco del que estamos hablando creo entender que se refiere a un posible juicio contra Vladimir Putin. Intuyo que por ser el jefe de Estado, es el objetivo de la acusación. Como tiene poder de decisión, se le considera responsable de todo. Dicho esto, pienso que es un poco un fantasioso. Hay otros pasos que podrían alcanzarse con mayor eficacia. Pero comencemos con esta idea.
El estatuto de la CPI no prevé inmunidad alguna en los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los Estados que ratificaron el Estatuto de Roma, aceptan renunciar a esta inmunidad de derecho consuetudinario para sus máximas autoridades. Como es una excepción, se aplica de manera restrictiva solo a aquellos Estados que aceptan la posibilidad de renunciar a esa inmunidad. Y cada Estado, solo puede aceptar esa renuncia para sus propias autoridades.
La CPI solo puede enjuiciar a los jefes de Estado o de Gobierno, así como a los ministros de Asuntos Exteriores de los países que forman parte del Estatuto de Roma. Es motivo de controversia interpretar si las inmunidades benefician también al jefe de un Estado que no forma parte, cuando el Consejo de Seguridad transfiere una determinada situación a la CPI. El único caso que se dio fue el de Sudán, con una acusación contra el entonces presidente Omar el-Bashir.
¿Dado que el Consejo de Seguridad se centró en la situación en Sudán, sin mencionar a las personas que debían ser procesadas?
En efecto. En la resolución del Consejo de Seguridad, no se indica una persona determinada, sino todos los actos cometidos en Darfur. El Consejo de Seguridad no menciona personas en particular y no dice nada con respecto a las inmunidades. ¿Se puede considerar que dichas inmunidades se aplican o no? Esta pregunta quedará para siempre abierta en lo que se refiere a la problemática de Dafur, dado que Omar el-Bashir perdió el poder antes de ser juzgado.
Desde el momento en que una persona ya no es jefe de Estado, jefe de Gobierno o ministro de Relaciones Exteriores, puede ser perseguida, incluso por actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la única opción para poder enjuiciar hoy a Vladimir Putin o, por ejemplo, a Sergei Lavrov [su ministro de Asuntos Exteriores], se da si cesan de ejercer sus funciones.
¿Significa que hay muy pocas posibilidades de enjuiciar a Putin en un futuro próximo?
Durante muchos años nos dijeron en el caso de Slobodan Milosevic [expresidente serbio y yugoslavo]: «imposible, no lo tendréis jamás». Pero un día perdió el poder y fue arrestado y transferido al Tribunal Penal Internacional para la otrora Yugoslavia y fue juzgado. Por lo tanto, es posible.
Hay que adoptar un punto de vista de penalista, de investigador en lo penal y no una visión política del tipo “quiero juzgar a Putin”. Porque en caso de concentrarse en Putin, después, ¿qué se hace? ¿Se le acusa por su responsabilidad penal, no política o moral? Él mismo nunca estuvo en el terreno ni disparó contra civiles, ni violó a mujer alguna…
Adolf Hitler nunca hizo funcionar una cámara de gas, con sus propias manos. Pero no hay dudas que fue la persona clave de la Shoá. ¿Es posible que, al final, los máximos dirigentes queden fuera del alcance de la justicia?
Hitler se suicidó y de esta forma escapó a toda acción de la justicia. Esta es la cuestión de fondo que subyace detrás de los dirigentes, sobre los que recaen formas de responsabilidad penal distintas de las de los autores directos. Habrá que probar una serie de elementos para implicarles y, llegado el caso, condenarles.
Pero es tan cuestionable juzgar solo a los ejecutores dejando fuera de alcance a los altos dirigentes, como juzgar solo a los dirigentes sin preocuparse de los ejecutores. Lo esencial será determinar los hechos. Por ejemplo, con respecto al misil que cayó sobre una escuela, una maternidad, un hospital, que mató a civiles, que causó daños que podemos documentar, deberemos determinar de dónde procedía.
A partir de ahí, se puede definir quién lo lanzó y, una vez identificada la unidad responsable, se podrá identificar la cadena de mando (por encima de ella) y ver hasta dónde podemos remontarnos para clarificar la posible responsabilidad penal del superior jerárquico.
Esto dependerá, también, de las pruebas que se puedan recoger. Los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y de genocidio constituyen infracciones extremadamente complejas. De hecho, provocan un gran número de víctimas, pero a menudo se olvida que son el resultado de numerosas acciones cometidas por muchos individuos. Y de allí la complejidad de establecer la responsabilidad penal individual de cada potencial autor en relación a cada acto, a cada víctima.
¿Justamente, qué pasa en relación con los genocidios?
Para que haya genocidio es necesario que existan las pruebas sobre la intención de destruir, como tal, total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Si no se prueba ese contexto, no hay genocidio, más allá de cuánta gente muera. Desde el comienzo de la invasión, Ucrania reclama la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes rusos y a los responsables de la guerra. ¿Es posible?
Ya en 2014, Ucrania remitió el caso a la Corte Penal Internacional, reconociendo su jurisdicción, y solo muy recientemente solicitó la creación de un nuevo órgano. Personalmente, no estoy a favor de la creación de tal organismo. Con la instalación de la CPI, se pretendía cambiar el enfoque para evitar seguir creando jurisdicciones ad hoc para un conflicto concreto a posteriori, ya que esto socava la legitimidad del organismo. Crear una nueva jurisdicción no es solo una cuestión política, sino también financiera, porque cada vez que se crea un órgano específico hay que dotarlo de sede, personal, presupuesto y medios necesarios para llevar a cabo sus investigaciones y juicios. Y todo esto resulta enormemente caro. Más allá del efecto resultante del anuncio, no estoy seguro de que los Estados estén dispuestos a financiar una institución de este tipo, cuando existe una, la CPI, que es permanente y universal, que ya ha iniciado sus investigaciones.
Además, no veo cómo, desde la perspectiva jurídica, se podría crear una nueva instancia con el fin de juzgar los actos cometidos en Ucrania, por parte de soldados y agentes rusos, sin el acuerdo de Rusia. Es una cuestión de soberanía.
Una propuesta de este tipo me parece una falsa buena idea que aumentará las dificultades porque ya tenemos la jurisdicción primaria de los tribunales nacionales ucranianos, que son muy activos. Tenemos también la jurisdicción universal de cualquier otro país, la jurisdicción internacional del Tribunal Penal Internacional, un cierto número de otros organismos de investigación creados por terceros países en colaboración con las autoridades ucranianas, así como organismos europeos como Eurojust, que también intervienen. Si sumamos un nuevo actor adicional, la confusión podría ser total.
Moscú considera que Suiza, al aplicar las sanciones contra Rusia, perdió su neutralidad. ¿Su opinión al respecto?
La neutralidad suiza subsiste. Tiene una orientación humanitaria y pacífica y se pone al servicio del mantenimiento de la paz. No puede entenderse como una renuncia al respeto del derecho internacional y al restablecimiento de la paz y la seguridad ante un caso tan claro de agresión. No tomar partido entre el agresor y la víctima, significa favorecer al agresor. Sumarse a las sanciones contra Rusia adoptadas por los organismos europeos y, a escala internacional, por las Naciones Unidas, no significa que se abandone la neutralidad. Constituye una expresión en favor de la paz y el derecho. Decir que Suiza ya no es un interlocutor neutral e imparcial constituye una postura política, pero no es la realidad.
*La entrevista fue realizada en francés.
Editado por Balz Rigendinger
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