Piden en Suiza apoyo a los DD HH en Oaxaca

Marcos Leyva y Rosalinda Dionicio, de Oaxaca. swissinfo.ch

La presencia creciente de las trasnacionales extranjeras en el sudeste mexicano produce una acelerada ruptura del tejido social en las comunidades indígenas. Dos personalidades asociativas de Oaxaca solicitaron el apoyo suizo en la defensa de los derechos humanos en esa entidad, durante una gira europea organizada por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

“Vivimos un aumento preocupante de la militarización en nuestra zona y nuestras comunidades con la respectiva pérdida de derechos elementales, como el de circulación o asociación”, afirma Rosalinda Dionicio Sánchez a swissinfo.ch.

Esta situación está estrechamente ligada a los muy diversos megaproyectos que se instalan no solo en Oaxaca sino en diversas zonas del país, subraya la coordinadora de la Organización de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). La joven dirigente, que acaba de concluir su Licenciatura en Derecho, lidera la resistencia contra la Mina San José, de la empresa Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Como resultado de esta lucha Rosalinda Dionicio sufrió un atentado en 2012 del cual salvó milagrosamente su vida, aunque le produjo lesiones cuyas secuelas de motricidad todavía son visibles. En dicha agresión fue asesinado otro dirigente de la CPUVO, Bernardo Vásquez Sánchez, mientras que un hermano suyo resultó gravemente herido.

Megaproyectos amenazantes

“Si ya sufríamos la presencia de mineras, hidroeléctricas, parques eólicos, gasoductos y súper carreteras, lo que preocupa actualmente a las comunidades es el proyecto de crear en nuestro Estado una de las zonas económicas especiales programadas en el país, facilitando aún más la llegada masiva de las transnacionales a Oaxaca”. Especie de gran zona franca, imperio total de dichas empresas, con leyes, reglas, derechos impositivos y poder de decisión casi total, aclara.

Un factor agravante de este proceso en marcha “es la total falta de consulta previa a nuestras comunidades o, en casos excepcionales, alguna consulta formal manipulada. Nuestros pueblos ya se han pronunciado claramente contra ese tipo de proyectos y contra la presencia de las trasnacionales”, enfatiza la joven dirigente.

No menos preocupante, agrega, es la política de algunas de esas empresas que intentan dividir a la gente, ofreciéndoles prebendas a algunos, y por la tanto promueven “rupturas casi irreparables de nuestro tejido social ancestral”.

En el caso de la Mina San José, por ejemplo, “nunca se informó a la población, nunca se consultó, fue un proceso impositivo, multiplicando el discurso oficial que les asigna el control efectivo de nuestros territorios. Las consecuencias las pagamos nosotros, con la pérdida de nuestros derechos esenciales, la presencia militar creciente en nuestras comunidades, la destrucción ambiental y las consecuencias nefastas de esos megaproyectos para la salud y la vida de nuestra gente incluyendo devastación y contaminación”, enfatiza.

¿No corren las comunidades en resistencia el riesgo de ser tildadas de conservadoras, opuestas al progreso y al desarrollo económico en una de las regiones más empobrecidas de México?, preguntamos. La respuesta es inmediata: “jamás hubo experiencias de que esos megaproyectos promovidos por las trasnacionales aportaran reales mejoras al conjunto de la población”. Por el contrario, puntualiza Rosalinda Dionicio, confrontan al modelo propio de desarrollo comunitario basado fundamentalmente en la soberanía alimentaria, en la agricultura y en la producción de los alimentos esenciales como maíz y frijol.

Llamado a Suiza

Y de la experiencia local al objetivo de la presencia en Suiza no hay más que un paso lógico en la formulación de la joven dirigente. “Queremos informar a las autoridades y a la sociedad civil suiza lo que estamos viviendo. Compartir nuestras preocupaciones. Y advertirles en nombre de la autodeterminación de los pueblos, la importancia que, en Suiza, en Europa, en el Norte, se establezcan controles humanos y ambientales a la política de sus empresas que llegan a nuestros países”.

Afirmación también compartida por Marcos Leyva Madrid, director y fundador de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), organización no gubernamental que acompaña a las comunidades oaxaqueñas y prioriza la información, la formación, y la defensa de los derechos humanos.

Es esencial que la sociedad suiza y europea hagan aplicar los mecanismos y reglamentos que ya existen “para controlar a sus empresas y para seguir de cerca a sus propios Gobiernos, ejerciendo el legítimo derecho de control”.

Factor también esencial de la gira europea de los dos dirigentes sociales, que comienza en Suiza y continuará por Irlanda, Gran Bretaña, Holanda, es “rescatar y profundizar un concepto que a veces ha perdido fuerza pero que sigue siendo esencial: la solidaridad”. Y en ese sentido, reivindica la importancia de la movilización ciudadana helvética en torno a la Iniciativa a favor de Multinacionales Responsables que deberá ser votada próximamente.

Somos conscientes – subraya el director de EDUCA- que muchas de las políticas que las trasnacionales aplican en la lejana Oaxaca, tendrán a corto, mediano o largo plazo, repercusiones – por ejemplo, de tipo ambientales- también en Suiza y Europa. Se trata de una economía internacional que tiene repercusiones globales en un mundo profundamente interrelacionado e interdependiente, subraya.

Y de ahí la trascendencia, según Leyva, de los encuentros privilegiados que los dos representantes oaxaqueños han tenido con funcionarios de la cancillería helvética en Berna, así como con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con aquellas personas que siguen el tema de las multinacionales y los derechos humanos en las Naciones Unidas, en Ginebra.

Vivimos una situación muy grave en México, puntualiza Leyva a nivel de conclusión, recordando la trágica cifra reconocida por la ONU de más de 30 mil desaparecidos registrados en los últimos años.

“Comprobamos una degradación acelerada de los derechos humanos. Si hace una década poníamos el acento en los derechos económicos y sociales, como consecuencias de la política de seguridad militarizada que han venido implementado los gobiernos, debemos priorizar nuevamente la defensa de los derechos a la vida, a la expresión, a la asociación y en la protección de las defensoras y defensores de DDHH”, concluye.