¿Qué significan para Suiza las nuevas normas sobre las compensaciones de carbono?

El ministro suizo de Medioambiente y Energía Albert Rösti habla con los periodistas en la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, el 22 de noviembre de 2024. Paula Dupraz-Dobias

Las conversaciones sobre el clima de la COP29 en Bakú, dominadas por profundas divisiones sobre cómo financiar a los países en desarrollo y los esfuerzos para mitigar el calentamiento global, ofrecieron un paso relativamente tranquilo para las normas sobre un controvertido método para reducir las emisiones de carbono. Suiza —que en gran medida depende de las compensaciones de carbono— celebra el acuerdo.         

Desde que se introdujeron en el Acuerdo de París sobre el clima, las iniciativas para compensar las actividades contaminantes con proyectos que eviten las emisiones de carbono se han multiplicado. Para compensar su huella de CO₂ y reclamar objetivos de emisiones netas cero, empresas y países se han lanzado a cerrar acuerdos, a menudo en países en desarrollo. Uno de los países que más ha adoptado la compensación de emisiones es Suiza, que hasta la fecha ha firmado una docena de acuerdos con otros países, mucho antes de que algunos detalles técnicos se dieran a conocer tras finalizar la COP29 de Bakú.    

¿Qué son los créditos o compensaciones de carbono?   

Los créditos de carbono son certificados que representan el derecho a una cantidad de emisiones de carbono que se evitan o eliminan de la atmósfera. Cada crédito equivale a una tonelada de CO₂ eliminada o evitada. 

Estos certificados pueden comprarse y comercializarse entre países y empresas para ayudarles a compensar sus propias emisiones de carbono y cumplir así sus objetivos climáticos. Es decir, a quienes contaminan, estos créditos les proporcionan una herramienta para reducir las emisiones en otros lugares mientras realizan la transición hacia modos de funcionamiento más sostenibles. Los proyectos de compensación —pagados a través de los créditos— incluyen esfuerzos de reforestación, electrificación de autobuses y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, además de capturar y almacenar carbono. 

¿Qué es el artículo 6 del Acuerdo de París y por qué se ha criticado? 

En 2015 en París los países acordaron que los créditos se puedan emitir de dos maneras. Según el artículo 6.2Enlace externo los acuerdos bilaterales pueden permitir a los países compensar sus emisiones en otros lugares e incluirlas en sus planes de acción climática. Suiza —que ha firmado acuerdos con países como Perú, Ghana, Tailandia y Chile— fue uno de los primeros defensores de este modelo.

El artículo 6.4 del Acuerdo de París, por su parte, permite a las entidades y empresas públicas y privadas compensar y comercializar sus emisiones en lo que se conoce como mercados voluntarios de carbono. Algunas de las empresas suizas que han adquirido los créditos son el minorista CoopEnlace externo, el gigante de la alimentación NestléEnlace externo y la tienda en línea Galaxus.

Aunque en los años que han transcurrido desde las negociaciones de París sobre el clima se han alcanzado acuerdos privados y entre países, hasta los acuerdos de Bakú faltaban directrices internacionales sobre cómo aplicar estas opciones. Las acusaciones de greenwashing (ecopostureo) en los programas de compensación de carbono a un importante emisor de créditos de carbono con sede en Suiza han afectado duramente a los mercados de carbono. Ha habido quien se ha quejado de la existencia de un salvaje Oeste normativo y, en el sector, mucha gente estaba deseando que se establecieran normas para restaurar la confianza en el sistema.    

Las ONG y quienes luchan por el clima también han expresado su preocupación por los acuerdos bilaterales. Alliance Sud, una asociación de organizaciones suizas de ayuda humanitaria, recientemente ha descubiertoEnlace externo que un acuerdo bilateral entre Suiza y Ghana había sobrestimado la mitigación de emisiones en casi un 80 %. Según el proyecto, Suiza pagaba a familias de Ghana estufas de leña menos contaminantes.      

Un documento elaborado en junio por un grupo de trabajo convocado por el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendaba a las empresas —tal y como informó el Financial TimesEnlace externo— abstenerse de utilizar créditos de carbono para compensar emisiones.

Novedades en la compensación de emisiones de carbono

De acuerdo con el nuevo sistema de compensación que se ha decidido en Bakú, quienes promuevan proyectos que no impliquen un acuerdo entre dos países, para registrar sus proyectos, se dirigirán al Órgano de Supervisión del artículo 6.4, que es una entidad de las Naciones Unidas. Antes de que se emitan los créditos, el proyecto debe aprobarlo tanto el organismo supervisor como el país en el que se va a ejecutar.   

Los proyectos, además de impactos medioambientales, tienen que demostrar beneficios sociales y económicos, centrándose en las poblaciones vulnerables y la defensa de los derechos humanos.  

El organismo supervisor de la ONU también será responsable de desarrollar nuevas normas para las compensaciones. 

En lo que respecta al artículo 6.2, el tan esperado “reglamento” de compensaciones entre países deja en manos de los Gobiernos implicados el control y la decisión sobre lo que pueden emitir y autorizar como compensaciones. Las compensaciones emitidas en los acuerdos entre países se conocen como ITMO (por sus siglas en inglés de resultados de mitigación transferidos internacionalmente).   

El texto —altamente técnico— acordado en Bakú establece que los países tienen que publicar información sobre los proyectos cuando aprueben un ITMO para que lo utilicen otros países, así como cualquier incoherencia en la integridad de las compensaciones y sus métodos de verificación. 

Las delegaciones de la COP29 aprobaron un servicio de registro para los países que no puedan permitirse crear sus propios sistemas de emisión y seguimiento de créditos. 

Protesta en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, 20 de noviembre de 2024. Paula Dupraz-Dobias

¿Qué dicen los observadores? 

Los anuncios de Bakú han sido acogidos con satisfacción por el sector privado y las instituciones implicadas en el desarrollo y la emisión de créditos de carbono, ya que, en su opinión, pueden ayudar a restablecer la confianza que en los últimos años se ha perdido en los mercados de carbono. Karolien Casear-Diez, directora senior del artículo 6 en South Pole, uno de los principales desarrolladores de proyectos de compensación de carbono, la semana pasada predijo que los países que participan en acuerdos bilaterales del artículo 6.2 podrían acabar alineándose con las normas del 6.4, que comparativamente están más reguladas y estructuradas.

Menos optimistas se mostraron los activistas del clima y representantes de las ONG, que, antes de anunciar el registro del mercado de carbono, en la primera semana ya habían protestado por la “precipitación” del proceso y señalaron que las discusiones finales sobre el artículo 6 volvieron a celebrarse a puerta cerrada.

Para Kelly Stone, de la ONG Climate Land Ambition and Rights Alliance, las nuevas directrices sobre el artículo 6.4 mostraban cómo “los Gobiernos han externalizado a un puñado de personas sentadas en el Órgano de Supervisión” sus responsabilidades de garantizar los derechos humanos y la integridad medioambiental, mientras que sobre el artículo 6.2, dice que “las normas carecen de transparencia, corren el riesgo de la doble contabilidad (de las compensaciones) y no protegerán los derechos humanos”.  

Erika Lennon, abogada experta en clima del Center for International Environmental Law (CIEL), por su parte, afirma que las normas bilaterales de compensación acordadas son “peores” que los borradores de propuestas anteriores. “Hay una falta de rendición de cuentas en el proceso que hará saltar por los aires cualquier integridad que tenga el Acuerdo de París”, señala.

David Knecht, experto en clima de la ONG suiza Fastenaktion, subraya que, según las nuevas normas, la información sobre los proyectos solo se exige cuando los certificados se autorizan. Y, como eso podría llegar bastante tarde en el proceso, podría permitir que las incoherencias prevalezcan.  

También ve un problema en el coste —sobre todo para los países en desarrollo— de elaborar normas para el comercio de resultados de mitigación transferidos internacionalmente. “Si un país como Suiza ya tiene dificultades para mantener la norma a un alto nivel, imagínense todos los países en desarrollo que ya tienen problemas de capacidad”.  

¿Qué significa para Suiza?

Las nuevas normas consolidarán la capacidad de Suiza y de los países en los que compensa sus emisiones para definir por su cuenta los términos de los acuerdos de compensación del artículo 6.4, justo cuando la Confederación se ve presionada para compensar casi el doble de la cantidad de emisiones de CO₂ que en la actualidad es capaz de compensar.    

El ministro suizo de Medioambiente y Energía, Albert Rösti, el 22 de noviembre, durante su breve visita a Bakú, reconoció a SWI swissinfo.ch la importancia que para Suiza tienen los sistemas de compensación.

“Para Suiza, está claro que necesitaremos el mercado del carbono para descarbonizar nuestra economía durante algún tiempo”. Puso como ejemplo la industria del transporte aéreo, que, hasta que se desarrollen “combustibles sintéticos”, tendrá que depender de los créditos.

El principal negociador suizo sobre el clima, Felix Wertli, está muy satisfecho por el hecho de que, tras casi una década de conversaciones, se han adoptado las normas del artículo 6.2.   

“Es muy importante que hayamos terminado el reglamento de París”, declaró tras su aprobación, que recibió un prolongado aplauso y añadió: “Tenemos un mecanismo viable y eficaz”.

El experto en mercados de carbono Olivier Lejeune, por su parte, afirmó que, con las normas ahora en vigor, se espera que Suiza y otros países desarrollados “aumenten el alcance de los mercados de carbono basados en proyectos para que tengan el “sello” del artículo 6”.

Texto original editado por Veronica DeVore; y adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff