Suiza rechaza la sentencia sobre el clima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En abril, la atención mundial se dirigió a Estrasburgo cuando la Asociación Suiza de Mayores por el Clima presentó con éxito una demanda contra el Estado suizo, por no protegerles lo suficiente contra el cambio climático. Keystone / Jean-Christophe Bott

Cinco meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) criticara a Suiza por su acción climática, el Gobierno de Berna responde con firmeza. Sostiene que las políticas suizas son adecuadas.

Cuando el TEDH dictaminó a principios de este año que Suiza había violado los derechos de sus ciudadanas y de sus ciudadanos al no adoptar medidas climáticas adecuadas, las reacciones no se hicieron esperar y la noticia dio vuelta al mundo.

Entonces, los grupos ecologistas celebraron lo que consideraron un veredicto pionero, mientras que el derechista Partido Popular, conocido también como Unión Democrática de Centro (UDC) abogó por abandonar completamente el Consejo de Europa (al que está afiliado el TEDH), y el Parlamento rechazó lo que consideró «activismo judicial» del Tribunal de Estrasburgo.

Por su parte, el Gobierno suizo -objetivo último de la sentencia- se mantuvo al margen, evaluando sus opciones: ¿tomar medidas para aplicar la sentencia (vinculante), seguir la línea de confrontación del Parlamento o encontrar un compromiso?

El miércoles optó por atrincherarse. En un comunicado en el que aclaraba su posición, discrepaba educada pero firmemente de la sentencia: aunque «reconoció» la importancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, criticó la «interpretación amplia» que el Tribunal había hecho del mismo, tanto al extenderlo al ámbito de la protección del clima, como al ampliar el derecho de recurso a las asociaciones (en este caso, la Asociación Suiza de Mayores por el Clima, que presentó el caso inicial en Estrasburgo).

Queda por ver si logrará convencer a los otros 45 Estados miembros de la organización. Sébastien Duyck, del Centro de Derecho Internacional del Medio Ambiente, con sede en Ginebra, estima que cabe esperar una fuerte reacción cuando Suiza exponga su caso ante el Comité de Ministros en otoño (tiene que presentar un informe detallado sobre cómo está aplicando el veredicto antes del 9 de octubre).

Según Duyck, la postura suiza supone un «rechazo preocupante» de la sentencia del TEDH y un ataque sorprendentemente amplio a la legitimidad del Tribunal. Por ello, espera que otros Estados recuerden a Suiza sus obligaciones. «La credibilidad del marco de derechos humanos en Europa se basa en el hecho de que, cuando se toma una decisión, los gobiernos trabajan de buena fe para aplicarla», afirma el abogado. «Si los gobiernos empiezan básicamente a rechazar sus conclusiones, esto socavará todo el sistema».

Sin embargo, añade Duyck, dada la naturaleza política -más que jurídica o basada en pruebas- de la postura del Gobierno, es poco probable que tenga un impacto directo en la jurisprudencia climática como tal, ya sea en el TEDH o en otros casos internacionales pendientes, como en la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, la Institución Suiza de Derechos Humanos (ISDHEnlace externo), órgano nacional de control, escribió el miércoles que la respuesta «ambigua e insuficiente» del gobierno «no satisfará con toda probabilidad al Comité de Ministros del Consejo de Europa». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticó a Suiza por una cuestión concreta: la falta de un presupuesto de carbono para el seguimiento de las emisiones. Pero en la respuesta de Suiza no se menciona este punto. Por tanto, es probable que la cuestión vuelva a plantearse en el Consejo de Europa en el futuro, y que vuelva a avivar los sentimientos contrarios al TEDH en Suiza.

«Al comprometerse mínimamente a aplicar la sentencia, el Gobierno podría reforzar indirectamente la posición de quienes piden que Suiza se distancie del TEDH, o incluso que lo abandone», escribió.

‘Zona de confort’

Las reacciones de las fuerzas contrarias al TEDH no se hicieron esperar el miércoles. Beat Rieder, político del Partido de El Centro, que participó activamente en la redacción de la posición del Parlamento a principios de año, declaró al periódico Neue Zürcher Zeitung que el Gobierno había «dejado claro que Suiza es un país soberano, donde el Parlamento, el pueblo y los cantones hacen las leyes, no los jueces del TEDH».

Sin embargo, la mayor parte de las respuestas iniciales procedieron de grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos, que emitieron un aluvión de declaraciones críticas.

Sin embargo, las críticas de estos grupos no invalidan el hecho de que la postura del Gobierno vaya a tener una acogida bastante positiva en Suiza, afirma Isabelle Stadelmann-Steffen, catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna. En primer lugar, es un reflejo de la mayoría conservadora tanto en el Parlamento como en el Gobierno. En segundo lugar, la idea de que Suiza va por buen camino para cumplir sus objetivos climáticos, y que no hace falta cambiar nada más, es sencillamente lo que mucha gente quiere oír.

Sin embargo, Stadelmann añade que, dado que los estudios sobre el clima muestran que Suiza -y la mayoría de los demás países- no van por buen camino para cumplir sus objetivos, es probable que se necesiten más reformas. En este sentido, considera que la declaración del Gobierno es una oportunidad perdida: en lugar de utilizar la sentencia del TEDH para predicar con el ejemplo y convencer a la población de que hay que hacer más esfuerzos medioambientales, el Gobierno suizo se replegó en una «zona de confort» con el rechazo. «Esto podría obstaculizar la aplicación de reformas climáticas rápidas en el futuro», afirma.

Edición de Virginie Mangin y adaptación al español de Patricia Islas