Chile inicia su segundo proceso constituyente con poco interés ciudadano

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- La segunda parte del proceso constituyente de Chile empezará este lunes 6 de marzo, marcado por una falta de expectativas e interés ciudadano, con el debut de los 24 expertos designados por el Parlamento encargados de elaborar el borrador que servirá de base a los 50 constituyentes que se elegirán en mayo para redactar la propuesta de nueva Constitución.

El Comité de Expertos (12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado) se juntó por primera vez el viernes, en el antiguo Congreso de Santiago para conocerse entre ellos, y manifestó inquietudes respecto de los plazos de tres meses, según ellos «cortos y escasos», de los que disponen para escribir el anteproyecto de Carta Fundamental.

El órgano, que integran varias figuras veteranas de la política chilena, será presidido en primera instancia por el exministro de Justicia del segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Hernán Larraín, ya que el reglamento establece que la persona de mayor edad del grupo deberá cumplir labores de presidente interino hasta elegir a una nueva mesa directiva.

Este lunes a mediodía también se instalará el Comité Técnico de Admisibilidad, es decir, los 14 juristas a cargo de «arbitrar» todo el proceso y, al igual que el Comité de Expertos, elegirán a su presidente y vicepresidente.

«HAY CANSANCIO CON EL PROCESO CONSTITUYENTE»

De acuerdo a la última edición de la encuesta chilena Pulso Ciudadano, publicada en febrero, un 57 % de la población chilena tiene nada, o poca, confianza en el proceso constituyente, lo que se traduce en 2,3 puntos más con relación a la medición de enero pasado. Un 16,7 % tiene mucha confianza, o algo de confianza, y un 26,2 % tiene mediana confianza.

«La ciudadanía está experimentando una suerte de fatiga constitucional, hay un cansancio relacionado con el proceso constituyente, especialmente por los excesos que tuvo el primero», dijo a EFE el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno.

«La gente le tiene cierta distancia, conoce poco respecto del mismo y está enfocada en otras prioridades como la inseguridad, el orden público, la migración y el manejo de la economía», agregó.

Por su parte, la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero destacó, que si bien más del 50 % de los encuestados manifiestan la necesidad de tener una nueva Constitución, «no hay demasiado apego en la participación en el proceso que va a empezar».

En opinión de Moreno, «la gente quiere delegar en los expertos la redacción del nuevo texto constitucional y con eso distanciarse de un rol mayor que en la anterior discusión».

Una vez entregado el anteproyecto, los profesionales elegidos por los parlamentarios, que cuentan con un perfil académico y con experiencia en posiciones de la administración estatal, tendrán derecho a tomar la palabra, pero no a votar.

«INVOCLURAR A LA CIUDADANÍA»

El pasado 11 de enero, la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma constitucional que habilita el segundo proceso constituyente para que Chile tenga una nueva Carta Fundamental el próximo año.

Los integrantes del llamado Consejo Constitucional serán elegidos en las urnas el 7 de mayo y tendrán hasta 5 meses para elaborar la propuesta de texto que luego votará la ciudadanía en un plebiscito el 17 de diciembre.

«El gran desafío del nuevo proceso constituyente es legitimarse e involucrar a la ciudadanía para que tenga un buen resultado en el plebiscito de salida de diciembre», opina Escudero.

A diferencia del proceso anterior, el actual incluye 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional, como la que el pasado 4 de septiembre rechazó más del 62,5 % de los votantes y que fue redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos.

Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE

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