CIDH denuncia «obstrucciones» del gobierno para investigar sobre Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la lectura del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estudiaba el caso, el 24 de abril en Ciudad de México afp_tickers

Un grupo de expertos de la CIDH denunció «obstrucciones» del gobierno y supuestos casos de tortura, además de cuestionar la actuación de fuerzas federales al presentar este domingo su informe final sobre la desaparición de 43 estudiantes en México.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó así un año de trabajo sin que se conozca el destino de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).

La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno, en abierta confrontación con los expertos, a autorizar un tercer mandato.

James Cavallaro, presidente de la CIDH y que recibió este domingo el informe, lamentó la actuación del gobierno.

La misión del GIEI culmina «a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes», dijo Cavallaro quien se quejó de la no asistencia de funcionarios a la presentación.

En 605 páginas, el informe critica las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (fiscalía), el lento sistema penal y denuncian presuntas torturas a 17 de los 123 detenidos.

Los asistentes a la presentación del informe, entre ellos familiares de los desaparecidos y activistas, enumeraron del 1 al 43 y clamaron en un potente coro: «¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!». Al final, acusaron de «asesino» al presidente Enrique Peña Nieto.

Los expertos detallaron «obstrucciones» a su investigación que limitaron «de forma muy importante las posibilidades de avance» y denunciaron una «fuerte campaña mediática» en su contra.

Peña Nieto dijo en Twitter que su gobierno «agradece» al GIEI y que la fiscalía analizará el informe para «enriquecer» su investigación.

– Obstáculos –

La exfiscal guatemalteca Claudia Paz señaló que había una buena coordinación con autoridades, pero «a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o rechazadas».

Eber Betanzos, titular de la subprocuraduría para derechos humanos de la fiscalía, aseguró en un mensaje a periodistas que se colaboró con el GIEI, que resolvieron 85% de sus peticiones, que atenderán sus recomendaciones y que brindarán «a la CIDH toda la información general para el seguimiento» del caso.

Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de autobuses para sus movilizaciones, fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos. En el asalto murieron tres estudiantes y otras tres personas.

La denominada «verdad histórica» de la fiscalía indica que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes que incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.

Pero los expertos insistieron en que no hay evidencia científica de un gran incendio y denunciaron que los peritos que avalarían parcialmente la versión oficial dijeron que «no podían dar esa información porque habían suscrito una cláusula de confidencialidad», según denunció el abogado chileno Francisco Cox.

El psicólogo español Carlos Beristain dudó de la confiabilidad de algunos testimonios ya que se encontraron «indicios significativos de malos tratos y torturas».

Reportes médicos muestran que 17 detenidos fueron golpeados, mientras algunos alegaron que recibieron choques eléctricos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza.

Betanzos defendió la teoría del incendio en Cocula y aseguró que se investigan 31 denuncias de tortura.

– «El Satánico» –

Sin acusar directamente a fuerzas federales, el documento enumera «nuevos datos» sobre la posible presencia de militares y policías federales en la zona de los ataques.

Uno de los mayores reclamos del GIEI es la negativa del gobierno a que se entreviste nuevamente a 17 detenidos y a interrogar directamente a los militares del 27 batallón del Ejército destacado en la zona.

Paz sostuvo que los militares «desde temprana hora» estuvieron al tanto de las movilizaciones estudiantiles y mandaron a elementos a indagar.

El GIEI demanda investigar la supuesta existencia de un militar en ese batallón apodado «El Satánico» y que traficaría armas para Guerreros Unidos.

Explicó además que hay testimonios de «la presencia de la policía federal en el escenario del Palacio de Justicia» de Iguala, donde un autobús fue atacado y los jóvenes golpeados y subidos a patrullas.

El informe cita a sobrevivientes que señalan a policías federales de haberles apuntado con armas, mientras muchachos de un equipo de fútbol -que también fueron atacados- los acusan de no auxiliar a los heridos.

Betanzos sostuvo que la fiscalía interrogó a los militares sin encontrar «evidencia que los incrimine» y aseguró que la presencia de policías federales es una línea de investigación que «se agota hasta sus últimas consecuencias».

El móvil del ataque aún es incierto según los expertos que rechazan alegatos de que los estudiantes buscaban irrumpir en un evento político o que estaban infiltrados por narcotraficantes.

El GIEI insisten en que la físcalía no ha investigado lo suficiente un quinto autobús presuntamente cargado de droga que iría a Estados Unidos, aunque según los fiscales en ese vehículo no se hallaron evidencias.