CIDH pidió protección para 64 personas por violencia en Nicaragua

Las últimas medidas cautelares informadas este jueves incluyen las emitidas el 2 de julio, cuando la CIDH solicitó proteger a los integrantes de Radio Darío, así como al activista Marco Carmona y otros miembros de la Comisión Permanente de DDHH(CPDH) afp_tickers

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que pidió al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua proteger a 64 personas cuya vida corre riesgo por «la grave crisis» en el país, que deja más de 220 muertos en 75 días de protestas opositoras.

«Desde la visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH ha adoptado nueve resoluciones, solicitando medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 64 personas», dijo la comisión, ente autónomo de la OEA, en un comunicado.

«Entre las y los beneficiarios se encuentran líderes y lideresas estudiantiles, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, y personas que han brindado asistencia a personas heridas», precisó.

Las últimas medidas cautelares informadas este jueves incluyen las emitidas el 2 de julio, cuando la CIDH solicitó proteger a los integrantes de Radio Darío, así como al activista Marco Carmona y otros miembros de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Las primeras medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH el 21 de mayo para garantizar la «integridad» de 13 integrantes del movimiento estudiantil que protesta contra el gobierno de Ortega.

Desde entonces también han sido beneficiarios de este pedido de protección el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y el sacerdote de Managua y rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), José Alberto Idiáquez, ambos miembros de la Mesa de Diálogo Nacional instaurada por las protestas.

Ademas, la CIDH pidió protección para Migueliuth Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona, asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo durante las protestas en la caribeña ciudad de Bluefields, entre otros.

«El Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros», dijo la CIDH.

La CIDH instaló el martes un grupo de expertos de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos desde que estallaron las protestas el 18 de abril.

Los manifestantes acusan a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo de desatar una feroz represión contra los reclamos y de instaurar el nepotismo y una dictadura en Nicaragua.

El gobierno, en tanto, señala a los manifestantes de «delincuentes» y de pretender con sus demandas y protestas dar un golpe de Estado.