El lado obscuro de la minería en Colombia

Minas de La Jagua, escenario de graves conflictos entre la empresa suiza Glencore y los trabajadores. Ask!

En Colombia la actividad minera ha generado riqueza, pero no para todos. Si las multinacionales mantienen su expansión es a costa de un precio muy alto para las comunidades locales: poblaciones desplazadas, ríos y campos contaminados, sindicalistas silenciados.

Violaciones de los derechos humanos que ponen en tela de juicio también a una empresa suiza, misma que niega las acusaciones.

Colombia es el quinto país exportador de carbón en el mundo. De las mineras del norte, esta materia prima es transportada a Europa –sobre todo a Alemania– y utilizada para la producción de energía eléctrica. Las centrales de carbón alemanas proveen en parte a las empresas suizas, que en los últimos años han aumentado sus inversiones en carbón para cubrir las necesidades básicas.

En diversos países europeos la utilización de este combustible fósil se ha topado con la oposición de los ecologistas por la elevada emisión de CO2 que difunde en la atmósfera. Las incógnitas (o los reproches?)vinculadas al carbón no se limitan solamente a las centrales, último eslabón de una cadena productiva, sino que conducen hasta las grandes minas a cielo abierto que han desdibujado el perfil de la cordillera andina.

En países como Colombia, la extracción del carbón ha generado importantes violaciones de los derechos humanos y el deterioro del ecosistema. La denuncia no es nueva: desde hace varios años Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo Suiza Colombia luchan porque las comunidades locales recuperen el beneficio de sus materias primas.

“La situación en el norte de Colombia es particularmente difícil. Durante años esa región ha sido escenario de enfrentamientos entre la guerrilla, las fuerzas paramilitares y el ejército estatal”, explica Alfredo Tovar, sindicalista y obrero de una mina del departamento del César. “Y el precio lo paga sobre todo la población local: familias enteras han tenido que irse o han sido reportadas desaparecidas. Trabajadores, representantes comunales y dirigentes sindicales fueron acallados o asesinados”.

Alfredo Tovar acudió a Suiza para pedir justicia. Reivindica seguros sociales para todos los obreros, normas de seguridad en las minas e indemnización a la población por los daños sufridos. “El impacto medioambiental de la extracción del carbón es enorme: los ríos son contaminados y con ellos también la tierra y el ganado. Esto significa que esos campesinos que vivían de la agricultura y la pesca, ahora no tienen qué comer. Y ello, amén de que de la mina libera una nube negra de polvillo que causa graves problemas respiratorios”.

Multinacional suiza en punto de mira

En Colombia la extracción de las materias primas es, de hecho, monopolio de un puñado de multinacionales, algunas de las cuales tienen su sede en Suiza. Alfredo Tovar trabaja desde hace años en la mina la Jagua, propiedad de Glencore International AG cuya filial colombiana es Prodeco.

Poco conocida por el gran público, la Glencore International AG tiene su sede principal en el cantón de Zug y el año pasado realizó el volumen de negocios más elevado de Suiza (117 millones de francos), superando gigantes como Nestlé o Novartis. En Colombia controla dos minas de carbón a cielo abierto en el departamento del César y tiene un acceso privilegiado al puerto de Santa Marta (Magdalena).

Acompañado por representantes de ONG suizas y en representación del sindicato colombiano Sintramienergetica, Alfredo Tovar llamó a la puerta de Glencore International AG, sin obtener respuesta. La multinacional es acusada de promover una política poco transparente, hostil a los sindicatos y nociva al medio ambiente.

“No podemos negar que Glencore ha creado puestos de trabajo en Colombia, pero eso no le confiere el poder de violar los derechos de los trabajadores, de obstaculizar la libertad sindical, amenazando o despidiendo obreros que se atreven a levantar la cabeza”, denuncia Alfredo Tovar.

En los departamentos del César y de Magdalena se concentra gran parte de la riqueza del país, pero a menudo los pueblos han quedado sin agua potable, electricidad y servicios sanitarios. “La mano de obra llega sobre todo de otras regiones del país y los beneficios se van al extranjero … mientras aquí sólo quedan contaminación y pobreza. Como empleado de Glencor pido una indemnización para la región por los daños causados y pido respeto a los acuerdos sindicales firmados con los trabajadores”.

No solamente minas

La Glencore International AG se mantuvo sorda al llamado de Alfredo Tovar y las ONG suizas. Declinó también hacer declaraciones a swissinfo.ch. y se limitó a respondernos con un comunicado de prensa –firmado por la empresa Prodeco – en el que dice tener un programa de responsabilidad social y medioambiental.

En sustancia, la multinacional se presenta como el motor económico de la región: no sólo ha puesto a disposición “más de 5.000 empleos (directos o indirectos), 84% de los cuales en los departamentos del César y de Magdalena)”, sino que también ha intentado “mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, mediante la creación de escuelas y otras infraestructuras”.

Con respecto a las acusaciones de violación de los derechos sindicales, la sociedad con sede en Zug aduce actuar “en conformidad con las leyes colombianas que garantizan la libertad de asociación, prohíben el trabajo forzado y garantizan condiciones humanas de trabajo”.

Suiza, mediación sin intervención

Ante la gravedad de las acusaciones, las ONG suizas han solicitado de manera reiterada la intervención de las autoridades suizas. “La respuesta es siempre la misma”, nos explica Stephan Suhner de Ask! Grupo de Trabajo Suiza-Colombia. “Suiza sigue de cerca los debates sobre la industria extractiva en los países del Sur, pero mantiene el máximo de reserva para no inmiscuirse en cuestiones de política interna”. El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) se limita a “invitar a las empresas a atenerse a los principios voluntarios en materia de seguridad y derechos humanos”, sin intervenir.

El portavoz del DFAE, Pierre-Alain Eltschinger, precisó a swissinfo.ch que “Suiza sigue de cerca este caso, en particular en lo que se refiere el respeto de los derechos humanos, y está en contacto regular con la empresa suiza concernida, la Glencore, el sindicato y la ONG colombiana”. Además, prosigue Eltschinger, “la embajada suiza en Colombia busca favorecer el diálogo entre las multinacionales y las organizaciones de defensa de los trabajadores”.

Alfredo Tovar volvió a Colombia sin respuestas. Lo esperaba una región golpeada por años de violencia y ultraje, el miedo a las represalias y la incertidumbre del mañana. En Suiza se quedaron los beneficios de una actividad considerada arbitraria y una advertencia que tiene el sabor de la lucha obrera: “¡El agua no es negociable. La vida no es negociable!”

GLENCORE

Activa en el comercio de materias primas y en la producción de petróleo y carbón, la multinacional Glencore International AG tiene su sede principal en el cantón suizo de Zug. Actualmente tiene filiales en unos cuarenta países.

En Colombia posee dos minas de carbón en el departamento del César: Calenturitas y La Jagua. Ambas son gestionadas por la sociedad colombiana Prodeco, propiedad de Glencore. También cuenta con instalaciones portuarias en Santa Marta.

Emplea a unas 2.500 personas, entre las minas y el puerto.

El carbón extraído en Colombia se exporta principalmente a Europa, Estados Unidos y a países caribeños.

En 2009, Glencore realizó una cifra de negocios de 117 millones de francos. Se trata del mejor resultado obtenido en Suiza, incluso delante de gigantes como Nestlé o Novartis.

Glencore posee además el 35% de Xstrata, multinacional con sede en Zug y se situó entre las diez más ricas de Suiza en 2009. En Colombia Xstrata posee un tercio de la mina de El Cerrejón, entre las más grandes minas a cielo abierto del mundo.

Colombia en breve

Antigua colonia española, desde sus orígenes Colombia ha sido escenario de la violenta lucha entre liberales y conservadores, que en dos fases (1899-1902 y 1947-57) desencadenaron una abierta guerra civil, provocando cientos de miles de muertos.

Desde finales de los años cincuenta los dos partidos decidieron gobernar juntos, pero sin poder resolver el problema de fondo del país: el fuerte desequilibrio social entre un pequeño número de grandes terratenientes y una masa de campesinos pobres y ajenos a la vida del Estado.

Esta situación facilitó el nacimiento, en los años sesenta, de algunos movimientos guerrilleros inspirados en el maoísmo o el castrismo (las FARC y el ELN), cuya acción revolucionaria – contrarrestada brutalmente por el ejército – precipitó nuevamente a Colombia en el caos.

Desde los años ochenta se desarrollaron organizaciones criminales dedicadas a la producción y al comercio de la droga, que se unieron en poderosos grupos (llamados cárteles) y se dotaron de auténticos ejércitos privados.

A pesar de la inestabilidad política, en los últimos años Colombia ha visto crecer de manera sostenida su PIB. Actualmente es uno de los países más ricos de América Latina, incluso si la población sólo se beneficia en mínima parte de este bienestar.

Más del 65% de los terrenos cultivados pertenece a aproximadamente el 4% de la población.
Según las estimaciones del ACNUR, en más de 50 años de conflicto armado han muerto unas 200.000 personas y 4 millones de desplazados han huido en busca de abrigo y seguridad en otras regiones.

Los campesinos, los indígenas y las minoría afrocolombiana son las principales víctimas del conflicto.

Traducción, Marcela Águila Rubín