Los solicitantes de asilo deben poder trabajar
Facilitar su acceso al mercado laboral significa ahorrar en asistencia social y contener el trabajo negro.
El impacto de los solicitantes de asilo, en particular los refugiados y las personas admitidas provisionalmente, es escaso sobre el conjunto de la economía suiza, pero significativo en sectores como la restauración y la hostelería.
Es lo que declaró este jueves el vicedirector de la Oficina Federal de Refugiados (ODR), Jörg Frieden, al presentar los resultados de una investigación encargada al Foro Suizo para el Estudio de Migraciones y Población (FSM), con el fin de evaluar las repercusiones de los solicitantes de asilo sobre el mercado laboral y determinar el número de trabajadores clandestinos en Suiza.
Prohibir que los solicitantes de asilo tengan una actividad remunerada costaría entre 400 y 500 millones de francos a los servicios de asistencia social, cifra que equivale a la mitad del presupuesto de la ODR.
Aún así, las normas en vigor, que les niegan el derecho a trabajar al inicio de su estancia en Suiza (entre tres y seis meses), tienen «un impacto muy escaso y no obstaculizan la integración», declaró Frieden.
Escasa competencia
La presencia de solicitantes de asilo en el mercado laboral es «positiva y complementaria», puesto que, al trabajar en los sectores no calificados de la economía, no constituyen una competencia para la población nacional», según Frieden.
Además, una actividad profesional puede evitar tensiones sociales y aumenta las perspectivas de integración, subrayó.
Sólo un tercio de los solicitantes de asilo trabajan, es decir, entre 15.000 y 17.000, y esa proporción se mantiene estable.
Pese a que el proceso de inserción laboral no es fácil, el 83% de los que llevan más de cinco años viviendo en Suiza tienen una actividad remunerada frente a un 12% de los que han cumplido dos años de residencia.
La mayoría de los empleadores contratan sólo a una o dos personas de esas características.
Trabajo negro
Es difícil determinar el número de trabajadores clandestinos que, según el profesor de la Universidad de Neuchatel, Etienne Piguet, uno de los autores del estudio, oscila entre 70.000 y 180.000 personas. Eso significa que «uno de cada diez solicitantes de asilo trabaja sin permiso».
swissinfo y agencias
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