Protección de los derechos, en el último rincón

Un miembro del equipo itinerante de protección de los derechos ciudadanos. Gama

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú (CVR) trajo a luz detalles oscuros de dos décadas de violencia e hizo recomendaciones para que esa trágica historia no se olvide ni se repita.

La Defensoría del Pueblo lleva adelante, con apoyo financiero de COSUDE, el proyecto “Equipos Itinerantes de Protección de los Derechos Ciudadanos”.

Como su nombre lo dice, el equipo va de un lugar a otro. Esta vez, su destino es Langui, comunidad campesina ubicada a cuatro horas del Cusco. A las 10 de la mañana dictarán los cursos “violencia familiar” y “derecho a la salud”.

Gracias a las recomendaciones de la CVR, nuestro trabajo se focaliza en salud, educación, seguridad ciudadana y justicia, dice Rina Sánchez. El multidisciplinario equipo que acompaña a la abogada lo forma una trabajadora social, un obstetra y una practicante de derecho.

Los cursos no pueden empezar de inmediato, hay un problema. “Si distribuyo un grano de arroz sin permiso (de las autoridades) me mandan a la cárcel”, argumenta la maestra de educación inicial. Ella tuvo licencia, no hubo reemplazante y 17 niños se quedaron sin apoyo alimentario durante un mes.

La polenta y la leche en polvo están a punto de malograrse. La Defensoría hace de intermediaria, pedirá al programa de ayuda alimentaria del gobierno pasar por alto las trabas burocráticas. El diálogo continúa y las madres acusan a la maestra de impuntualidad y racismo. “Tengo que venir desde el Cusco a trabajar para estos indios”, habría dicho.

Conocer y defender sus derechos

Los campesinos entran a la sala, tímidos y parcos. Por primera vez escuchan de la Defensoría del Pueblo. Hablando en castellano, el equipo pone énfasis en los derechos, sin olvidar las obligaciones. Los campesinos no reaccionan sino hasta que Sánchez les explica nuevamente todo en quechua, dejan de bostezar, fijan la mirada en el interlocutor y formulan preguntas.

Después de las charlas forman grupos. Una campesina rompe en llanto cuando relata su caso.
Juntos analizan las causas, consecuencias y posibles soluciones a sus problemas. “La palabra del empleado público vale más que la nuestra”, “la maestra no quiere dialogar”, “las autoridades son autoritarias”, “nuestros ronderos capturan a los abigeos y cuando la policía los deja libres nos amenazan y se burlan”, “no hay justicia, estamos desamparados”.

Sentimientos polarizados

Algunos campesinos proyectan fatalismo e impotencia ante su situación. Otros quieren hacer justicia con sus propias manos. “Sus sentimientos van de la humillación a la agresión”, refiere Sánchez. El resentimiento marca a todos. “Ellos condenan la violencia que desató Sendero Luminoso, pero no pueden entender la violencia que vino del Estado, de las Fuerzas Armadas. Se sintieron agredidos por quien debió protegerlos”, analiza la comisionada de derechos humanos.

El obstetra Salizar remarca que todos tienen derecho a la salud. “No nos atienden si no pagamos un sol (40 Rappen)”, replican los campesinos. “El primer certificado de nacimiento y los medicamentos son gratuitos. Además ustedes tiene derecho a saber qué enfermedad sufren y por qué reciben tal medicamento, así lo dice la ley”, insiste.

Después de unas horas, los campesinos van internalizando que la solución de sus problemas depende en gran medida del diálogo y de la participación ciudadana, de sus propuestas, del intercambio de experiencias con las autoridades, del cumplimiento de los compromisos asumidos. La Defensoría les inspira confianza.

Violencia en cadena

El equipo decide ir a la feria comunal. Una decisión acertada, pues los campesinos no abandonarían sus puestos para escuchar una charla, por interesante que ésta fuera. El equipo se anuncia con altavoces e instala su carpa. Sus integrantes, vestidos de azul, no pasan inadvertidos. En un país afecto a los simbolismos, el uniforme confiere la Defensoría autoridad y respeto.

En la feria hay más consultas que quejas. El problema más frecuente es la propiedad de las tierras. “Nuestra competencia es orientar en los procesos judiciales”, explica Sánchez. La segunda consulta es qué hacer ante el abandono familiar, cuando el padre se niega a pagar la alimentación. “Informamos a qué instancia acudir y vigilamos que ésta no vulnere los derechos de los niños”, dice.

Cuando cae la tarde, han corrido ríos de cerveza y aguardiente. Los campesinos no pueden mantenerse en pie sin la ayuda de sus mujeres o sus hijos. Dos policías fuertemente armados van de un grupo a otro para beber alcohol. Sánchez les increpa su conducta. Ellos aceptan su error y se disculpan. “Pero no me difunda por favor”, suplica uno. Instantes después, siguen embriagándose. Sánchez decide denunciarlos ante las autoridades.

La segregación y los abusos sufridos durante generaciones, los traumas que dejó la violencia de las dos décadas pasadas en los peruanos más vulnerables se refleja en alcoholismo, abandono, maltrato de la propia familia. El equipo itinerante conoce esta realidad y sabe que le espera una gran tarea cuyos resultados se verán sólo a largo plazo. No por eso, su trabajo puede esperar. Se despide de Langui hasta dentro de dos meses.

swissinfo, Rosa Amelia Fierro, Lima

Datos clave

La mayoría de las 70 mil víctimas del conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y 2000 fueron campesinos, con bajos niveles de instrucción, quechuahablantes, habitantes de zonas donde no existía la institucionalidad ni el estado de derecho.

Contexto

La Defensoría del Pueblo tiene su origen en Suecia, en el siglo XVIII. En el Perú, el antecedente más antiguo de esta institución se encuentra en la Constitución de 1979.