Colombia: aceite de palma bio, bajo sospecha
En Colombia, la lucha por el derecho a la tierra es una de las principales causas del conflicto. En Las Pavas, los campesinos han luchado durante años por obtener el reconocimiento de sus propiedades. Un caso que inquieta a ONG suizas y ensombrece las certificaciones de Bio Suisse.
En Buenos Aires, en el norte de Colombia, se respira un aire de expectativa. “La comunidad de campesinos ASOCAB organiza su retorno al predio agrícola de Las Pavas, del que fue expulsada hace dos años por cuenta del consorcio El Labrador. Esta empresa comprende Aportes San Isidro y Tequendama, propiedad de Daabon Organic, una multinacional con certificación biológica que también exporta a Suiza. Esa tierra ahora es cultivada con palma africana para la producción de biocarburantes, mientras que los campesinos se las arreglan con los paquetes urgentes distribuidos por la comunidad internacional”.
Regula Gattiker ha pasado los últimos diez días en esta población colombiana en calidad de observadora para la paz, de la ONG Peace Watch Suiza. “En este momento nuestra presencia es esencial”, nos dice esta joven helvética. “Desde el día en que se corrió la voz de que los campesinos querían volver a Las Pavas, a mediados de febrero, los líderes comunitarios han sido presionados. Por eso la gente tiene miedo, pero al mismo tiempo, siente la urgencia de actuar, para reivindicar su derecho sobre la tierra”.
El caso de las comunidades agrícolas ASOCAB es emblemático. “A finales de los años noventa, un centenar de familias regresaron a la finca Las Pavas, donde sus antepasados vivieron por varias generaciones. Esa tierra había sido ocupada y luego abandonada por un narcotraficante presunto pariente de Pablo Escobar, barón de la droga. Empezaron a cultivar cacao, maíz, calabaza y otros productos agrícolas, y presentaron al Estado una solicitud de reconocimiento de sus derechos de propiedad”, explica Stephan Suhner, representante de la coordinación de las ONG suizas que se ocupan de Colombia. “Sus reivindicaciones fueron vanas. Unos meses después llegaron los paramilitares, y con uso de amenazas y violencia, los desplazaron para poder vender la tierra al consorcio El Labrador, ligado a la Daabon Organic”.
A pesar de que las propias autoridades han reconocido la ilegalidad de la expulsión, desde julio de 2009 estas familias viven en un estado de emergencia humanitaria, empeorada aún más por las recientes inundaciones que destruyeron los campos e inundaron las viviendas. Así, a mediados de febrero anunciaron su intención de volver a Las Pavas, a pesar de las amenazas recibidas y la carencia de un documento legal. El proceso de reivindicación de su derecho a la tierra es apoyado, entre otros, por el Programa de Desarrollo y Paz (financiado en parte por la Unión Europea), y por Suippcol, el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, que integra a una docena de ONG, entre las cuales Peace Watch y SWISSAID.
Un contexto de violencia
Según estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en más de 50 años de conflicto, en Colombia han muerto 200.000 personas y 4 millones han huido en busca de refugio y seguridad en otras regiones.
El nuevo gobierno encabezado por Juan Manuel Santos ha hecho del tema una prioridad política y nacional. En septiembre de 2010, presentó un proyecto de ley sobre la restitución de tierras a las víctimas de la violencia.
“Esto significa que el Estado deberá resarcir a cerca de 100.000 familias por año, 8.500 al mes, 350 por día durante los próximos 10 años”, recordó el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, durante una visita a Ginebra con ocasión de la XVI sesión del Consejo de Derechos Humanos. Estas cifras incluyen a la comunidad de Las Pavas.
Controversia sobre la propiedad
La historia de estos campesinos dio la vuelta al mundo el año pasado, cuando la ONG Christian Aid y el grupo británico The Body Shop – que importa aceite de palma de Daabon Organic – encargaron a una comisión independiente investigar el caso. Los expertos pusieron en evidencia la complejidad de la situación y la imposibilidad de determinar con certeza la responsabilidad de las partes y el derecho a la propiedad.
Los intereses son muchos en el caso de Las Pavas y al Estado también se le adjudica parte de la responsabilidad. Durante el proceso de atribución de la tierra, un documento quedó sin firma y luego todo el procedimiento fue declarado nulo, pese a los reclamos de los abogados de ASOCAB. Por otra parte, y de acuerdo con el informe independiente, las autoridades competentes (INCODER) gestionaron el caso de manera contradictoria, favoreciendo por un lado los intereses de la multinacional y alimentando, por el otro, la esperanza de las familias campesinas
Ante la imposibilidad de aclarar dudas, el grupo Body Shop decidió en septiembre de 2010 poner fin a cualquier relación de negocios con Daabon Organic.
Inquirida por swissinfo.ch, la sección alemana de la Daabon Organic ha declarado que dejó de operar en Las Pavas un mes después del fracaso de las negociaciones con la comunidad campesina. Una versión cuestionada por ASOCAB y las ONG suizas. “Daabon Organic probablemente sigue formando parte del consorcio, pero de manera encubierta”, explica Stephan Suhner. “No solamente su nombre aparece todavía en los documentos oficiales, sino que la empresa también ha sido acusada de presionar a los miembros de la comunidad, con amenazas e intentos de corrupción”.
Preocupadas por la seguridad de los agricultores, las ONG suizas han pedido al Ministerio helvético de Exteriores, que financia en parte el programa de SUIPPCOL, que intervenga ante las autoridades colombianas para garantizar una mayor seguridad a la población y acelerar el proceso de adjudicación del predio de Las Pavas .
Producto bio bajo acusación
En Suiza, no solamente las ONG están atentas. Las vicisitudes de la gente de Las Pavas ha dejado una sombra también sobre las actividades de Bio Suisse que desde hace varios años certifica con el propio sello bio las actividades de la Daabon Organic. Una elección que las ONG suizas han puesto en tela de juicio de manera reiterada exigiendo una posición más clara de la asociación.
“La situación en Las Pavas es muy compleja y Bio Suisse intenta esclarecer la situación antes de tomar una decisión radical. No deseamos perjudicar a nadie y para eso necesitamos tiempo para analizar lo que está sucediendo, especialmente a la luz de las acusaciones de las ONG suizas”, explica la portavoz Sabine Lubow.
En Suiza, el aceite de palma importado de Daabon Organic se utiliza para la producción de diversos alimentos biológicos: la margarina, los productos elaborados con masa de hojaldre o utilizados para los sándwiches, las papillas para bebés, adobos y algunos pasteles de chocolate. “Podemos garantizar que este aceite no proviene del predio de Las Pavas y se produce en plena conformidad con los criterios establecidos por Bio Suisse”, dice Sabine Lubow.
Otros importadores suizos, como Nutriswiss, sostienen también que los diversos informes sobre el caso de Las Pavas, no muestran una clara responsabilidad por parte de Daabon Organic. Por esa razón, explica el responsable de Comunicación de la firma, Georg Herrigen, Nutriswiss continúa trabajando con esa multinacional.
Un punto de vista totalmente diferente al de GmbH SoilCare, otro importador suizo de aceite de palma asociado con Bio Suisse. El portavoz Rolf Wattingen subraya que, “dadas las prácticas comerciales y el impacto sociológico nefasto en Colombia, la SoilCare GmbH realiza esfuerzos para encontrar una alternativa más adecuada en otro país”. Una opción que prefieren también las ONG suizas, según las cuales – en caso de duda – Bio Suisse y los importadores helvéticos deben tener el valor de tomar una decisión más radical, con respeto para los consumidores y la población involucrada en esos países en desarrollo.
Las 123 familias que reivindican el derecho al retorno y la propiedad del predio Las Pavas, en el departamento de Bolívar (norte de Colombia) trabajaron esas tierras durante varias generaciones.
En los años sesenta, grandes latifundista los obligaron a salir y en 1983 las tierras pasaron a manos de Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar de Pablo Escobar, el barón de la droga.
En 1997, Escobar dejó la propiedad y las 123 familias de campesinos volvieron y cultivaron maíz, arroz, plátanos y otros pequeños productos agrícolas. Un año más tarde se formó la asociación ASOCAB
En 2003 un grupo de paramilitares obligó a huir a la comunidad. A partir del año siguiente, y de manera paulatina, las familias volvieron a Las Pavas para cultivar sus alimentos.
En junio de 2006 presentaron una solicitud al Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de su derecho a la propiedad, dado que la tierra había estado abandonada por más de tres años.
En el mismo periodo, sin embargo, reapareció Jesús Emilio Escobar. Desalojó a la comunidad, destruyó sus cosechas y vendió la tierra al consorcio El Labrador, que incluye San Isidro y Aportes No Tequendama (Daabon Organic).
Los campesinos, sin embargo, no se dieron por vencidos y continuaron con el cultivo de parte de la tierra, mientras que las multinacionales empezaron a sembrar palma aceitera.
En julio de 2009 los campesinos fueron desalojados por la policía. Una acción considerada ilegal por el Ministerio de Agricultura, ya que se produjo durante el proceso de asignación de títulos de propiedad a los campesinos.
(Con la collaboración de Marcela Águila Rubín)
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