Corte ordena a El Salvador adecuar normativa para embarazos que ponen en riesgo a la mujer

San José, 20 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este viernes a El Salvador adecuar su normativa interna para atender los embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre, al encontrar al Estado responsable de violaciones a los derechos de «Beatriz», una mujer a quien le negaron la interrupción de la gestación a pesar de los elevados riesgos a su salud y que el feto era anencefálico.

«El Estado adoptará las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial en situaciones que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer», dijo el vicepresidente de la CorteIDH, Rodrigo Mudrovitsch, quien leyó la parte resolutiva de la sentencia en un acto de notificación a las partes transmitido por internet.

El juez agregó que el Estado puede cumplir esta orden «a través de adecuar los protocolos existentes, con la emisión de un nuevo protocolo o cualquier medida normativa que garantice seguridad jurídica en la atención de situaciones como las del presente caso».

Beatriz había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea y un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo y posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.

El informe médico también determinó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna, ante lo cual la defensa de la mujer presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de la mujer. La Sala Constitucional dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró «no ha lugar» la demanda.

A las 26 semanas de embarazo se le practicó a Beatriz una cesárea y el feto murió 5 horas después. En El Salvador está prohibido el aborto en todas sus formas.

La Corte consideró que «la falta de protocolos y el ambiente de confusión jurídica que reinaba inhibió la actuación del personal de salud, ya que tenían temor a incurrir en responsabilidad penal, por lo que recurrieron a diferentes entidades estatales para obtener su autorización del tratamiento médico a seguir».

«Esta burocratización y judicialización infructífera del tratamiento médico a dispensar lejos de tener efecto útil, obstaculizó la adecuada y oportuna protección a los derechos a la integridad y a la salud de Beatriz», indica la sentencia.

La CorteIDH también determinó que en este caso no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar el embarazo desde punto de vista médico y que tampoco encontró nexo entre la muerte de Beatriz y la atención médica recibida.

Beatriz falleció en el 2017, cinco años después de su embarazo, en un accidente en moto.

El Estado salvadoreño, «culpable» de violencia obstétrica

La CorteIDH encontró al Estado culpable de violencia obstétrica, por no brindar un tratamiento oportuno y adecuado a Beatriz y por la falta de protocolos para el abordaje del embarazo de alto riesgo.

La sentencia indica que el Estado violentó los derechos a la salud, al acceso a la justicia, el de la integridad personal, la vida privada y a vivir una vida sin violencia, en perjuicio de Beatriz, así como violaciones a la integridad personal de su familia.

La CorteIDH también ordenó al Estado pagar una indemnización a la familia de Beatriz y elaborar un plan de capacitación dirigido al personal de salud, a las personas operadoras de justicia y personal estatal con competencia en la materia. EFE

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