Corte Suprema paraguaya abre sumario a juezas por presunta trama de corrupción judicial

Asunción, 8 feb (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay ordenó abrir un sumario administrativo a dos juezas presuntamente vinculadas a una supuesta trama de corrupción judicial denunciada tras la divulgación de unos chats hallados en el celular de un diputado fallecido en un operativo el año pasado, al quien al parecer advertían de allanamientos y pedían «favores».

En sesión extraordinaria, cuya resolución se conoció a última hora del viernes, el pleno del alto tribunal decidió «instruir sumario administrativo» a las magistradas Carmen Silva y Ana Graciela Aguirre, juezas penales de Sentencia de la Circunscripción Judicial del departamento de Amambay (norte), «para la averiguación, comprobación y esclarecimiento de los supuestos hechos denunciados».

También ordenó suspender temporalmente en «el ejercicio de sus funciones, sin goce de salario» a Silva, a la espera de las «resultas del sumario administrativo y la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados» (JEM).

La determinación supone un nuevo capítulo del escándalo que salpica a la Justicia del país, después de que se conociera presuntas conversaciones vía WhatsApp entre el fallecido diputado oficialista Eulalio ‘Lalo’ Gomes -quien residía en Amambay-, su colega de partido Orlando Arévalo, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y otra jueza, Sadi López, quien renunció.

En su resolución, la CSJ señala que la medida guarda relación con los chats divulgados el lunes en una comunicación por el juez penal de garantías especializado contra el crimen organizado Osmar Legal, los cuales fueron hallados en el teléfono móvil Gomes -fallecido en un presunto choque con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda-, y con publicaciones periodísticas.

Legal advirtió sobre la existencia de presuntos chats de Gomes con Arévalo -quien renunció el viernes a su cargo como vicepresidente primero del JEM-, así como con Uemura y Cano y la jueza Lopez.

En concreto, la alta corte cita una versión publicada por un medio local este viernes sobre presuntos intercambios de mensajes entre Gomes y Silva, en los que «la magistrada aparentemente operaba con el legislador fallecido para beneficiar al presunto criminal Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão», presunto miembro de la banda brasileña Primer Comando Capital (PCC).

Según el diario Última Hora, uno de los medios que difundió los presuntos chats, Silva contactó a Gomes en septiembre de 2021, cuando aún no era diputado, para comunicarle que no quería enjuiciar a Pereira en Asunción, sino en Pedro Juan Caballero -la capital de Amambay-, ya que el fiscal antimafia Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022, «le va a querer dar 20 años”.

Además, la resolución menciona -siempre citando las versiones de prensa- que Silva habría en sus supuestos chats con Gomes «advertido sobre allanamientos» como parte de una operación contra el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavao, extraditado en diciembre de 2017 a su país.

La publicación periodística -añade el documento del CSJ, sin precisar a cuál se refiere- indica que Aguirre «actuaba como informante de Lalo Gomes y le pedía favores para que interceda en el JEM», en especial en un caso de una sanción contra una de sus colegas.En ese contexto, la resolución del pleno de la CSJ señaló que los hechos mencionados «podrían constituir graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones», por lo que considera «pertinente disponer la instrucción del sumario administrativo».

De igual forma, encomendó a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que se realice una «auditoría de gestión a todos los expedientes en los que tuvieron intervención conjuntamente» Silva y Aguirre, y resuelve solicitar a la Contraloría General de la República que efectúe «el análisis sobre correspondencia de bienes» de ambas magistradas.

A raíz de la divulgación de los chat, la Fiscalía anunció el lunes la apertura de una causa penal por tráfico de influencias y otros delitos y ordenó el miércoles la apertura de «sumario administrativo» contra Uemura y Cano.

También el Consejo de Superintendencia de la CSJ solicitó abrir un sumario administrativo contra la juez López, que se apartó del cargo. EFE

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