Fiscalía de la CPI señala la violación como crimen de guerra en Darfur

La Haya, 24 may (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) describió este lunes como crímenes de guerra y de lesa humanidad las violaciones sexuales cometidas entre 2003 y 2004 en Darfur por grupos paramilitares apoyados por el Gobierno del entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir.

“Las milicias “yanyauid” emplearon la violación como un arma para aterrorizar y humillar a mujeres y niñas” dijo la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, durante la vista de confirmación de cargos del comandante Ali Muhammad Abd-al-Rahman, el primer sospechoso sudanés procesado en La Haya.

Bensouda explicó que los jueces escucharán durante el juicio los testimonios de víctimas directas y leyó en voz alta uno de ellos, recogido por los investigadores de la Fiscalía y que tiene como protagonista una mujer capturada por milicias “yanyauid” en Bindisi, en agosto de 2003.

“Me agarraron de la mano y me tiraron al suelo. Uno de ellos tenía un cuchillo, lo usó para cortarme la falda y ató mi pierna derecha a un árbol con un cordón de plástico”, dijo Bensouda citando a la víctima.

“Puso esa parte del cuerpo en mi vagina, grité y otro miliciano vino con una espada, me la puso en la boca y dijo que me cortaría si gritaba”, leyó la fiscal jefa de la CPI.

El comandante “yanyauid” sentado en el banquillo de los acusados, con chaqueta gris y una corbata a rayas, permaneció sentado e impasible durante la declaración.

Bensouda explicó que “perseguir a quienes cometan delitos sexuales y de género y utilicen la violación como arma” es una “cuestión de prioridad estratégica” para ella.

Un documento hecho público por la Fiscalía da cuenta de otros testigos que presenciaron los ataques de milicias “yanyauid” contra la población civil de cuatro pueblos de la región.

Es la primera vez que un tribunal internacional da voz a las víctimas de Darfur, al oeste de Sudán, donde varios grupos insurgentes se levantaron en armas en 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

El alzamiento tuvo como consecuencia una cruenta guerra con fuerzas leales al Gobierno del entonces presidente, Omar al Bashir, que fue derrocado en 2019. El conflicto causó la muerte de más de 300.000 personas y más de 2,5 millones de desplazados, según la ONU, y fue remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2005.

Las milicias “yanyauid”, aliadas del Gobierno de Jartum durante la guerra, son hoy parte de la estructura de las fuerzas de seguridad a pesar de que fueron acusadas por la ONU y otros organismos de participar en crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur.

El comandante Abd-al-Rahman era conocido con el nombre de guerra de Ali Kushayb y se entregó voluntariamente en la República Centroafricana en junio de 2020, un año después de la caída del Gobierno de Al Bashir.

Abd-al-Rahman se enfrenta a la acusación de 31 crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos dirigir ataques contra la población civil, asesinato, violación, traslado forzoso de población.

El acusado debe declarar próximamente si se declara culpable o no culpable, aunque dijo en una vista celebrada poco después de su detención que las acusaciones son falsas.

La CPI ha emitido órdenes de arresto internacionales contra otros tres líderes que están actualmente bajo custodia de las autoridades sudanesas: el expresidente Omar al Bashir, el exministro de Asuntos Humanitarios Ahmed Haroun, y el exministro de Defensa Abdulraheem Mohammed Hussein.

Sudán no ha entregado de momento a ninguno de los tres, aunque ha condenado a Al Bashir a dos años de cárcel por corrupción y lo juzgará próximamente por causas relacionadas con la muerte de manifestantes opositores en mayo de 2019. EFE

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