Cuba de nuevo en el foco por la situación de los derechos humanos: examen, visita y juicio

Juan Palop

La Habana, 12 nov (EFE).- La situación de los derechos humanos en Cuba vuelve a estar en el foco estos días con su inminente revisión en el marco de la ONU, la visita a La Habana de un especialista de la Unión Europea (UE) y el juicio por desobediencia a una relevante intelectual crítica.

Estos tres momentos van a tener lugar en la segunda quincena de noviembre, poco más de un mes después de que Cuba fuese reelegida para el consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, órgano multilateral clave en esta materia. Su elección ha sido tan aplaudida por La Habana como criticada por distintas ONG.

«Cuba vive una crisis de derechos humanos. A la represión sistemática a críticos y disidentes se le suma una severa crisis económica que impacta en los derechos económicos y sociales», explica a EFE Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.

A su juicio, la revisión ante el CDH y la visita del representante especial de la UE para los derechos humanos suponen «una oportunidad para visibilizar esta crisis y pedir mejoras concretas, tales como la liberación de presos políticos».

La agenda arranca el 15 de noviembre con el Examen Periódico Universal (EPU) de la isla, la revisión de la situación de los derechos humanos que todos los países llevan a cabo cada cuatro años y medio en el CDH y en la que los Estados reciben recomendaciones de sus iguales.

En ese análisis será clave el examen de la represión de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores de Cuba en décadas. Desde entonces, según la ONG Justicia 11J, 1.878 personas han sido detenidas por motivos políticos y cerca de 700 condenadas a penas de cárcel de hasta 30 años. Decenas de activistas y opositores han abandonado el país.

La ONG Amnistía Internacional ha enviado un informe al CDH en el que alerta sobre «el encarcelamiento masivo» de manifestantes, la situación de al menos 13 presos de conciencia «emblemáticos» (una «pequeña fracción» de los que merecen ese calificativo) y las restricciones en internet.

Ha advertido asimismo que, desde el último examen, «Cuba ha ampliado su sofisticada maquinaria de control sobre la libertad de expresión y reunión» y recurrido a la «cultura del miedo» mediante la criminalización de las protestas.

La ONG DemoAmlat ha recomendado a Cuba de cara al EPU la eliminación de toda las leyes que limitan el ejercicio de los derechos humanos, permitir las elecciones y los partidos políticos, y garantizar las libertades de prensa, reunión y manifestación.

EFE solicitó al Gobierno cubano su punto de vista, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

El oficialismo habitualmente destaca a este respecto la gratuidad de la educación y la sanidad, los recientes procesos electorales, y la aprobación hace un año del Código de las Familias, que permitió a homosexuales el matrimonio y la adopción.

El representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, subrayó recientemente en la red X que «Cuba honra sus compromisos y obligaciones» en virtud de los 44 instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito (de los 61 reconocidos por la ONU).

«Cuba sigue reforzando su marco legal e institucional para la promoción y la protección de los derechos humanos», afirmó Quintanilla, y destacó los «progresos» en ámbitos como el de las organizaciones de la sociedad civil.

Apenas una semana después tendrá lugar la visita a Cuba del representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, anunciada como uno de los logros del viaje del pasado abril a la isla del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

El viaje, previsto en principio para los días 23 y 24 de noviembre, aún no cuenta con agenda pública cerrada, aunque se prevé que Gilmore mantenga encuentros con representantes de los ministerios de Justicia e Interior del Gobierno cubano y miembros de la sociedad civil, para formarse una composición de lugar de la situación de los derechos humanos en la isla.

Desobediencia

Un semana más tarde tendrá lugar en Matanzas (oeste de Cuba) el juicio contra la intelectual izquierdista Alina Bárbara López Hernández, que se enfrenta a hasta un año de cárcel acusada de un presunto delito de desobediencia por no asistir a una citación de la Seguridad del Estado y negarse a pagar la consiguiente multa.

«Más que preocupada, llego expectante por ver cómo van a arreglar el problema que ellos mismos han creado. Yo no he violado nada de la ley», asegura a EFE esta historiadora marxista, filósofa, ensayista y editora que dice estar dispuesta a «afrontar riesgos» por «coherencia y dignidad».

El juicio (con una sola sesión y sentencia el mismo día) estaba previsto para el 16 de noviembre, entre el EPU y la visita de Gilmore. Sin embargo, este viernes pasado se anunció su retraso hasta el 28 de noviembre, alegando un problema de agenda de la jueza. López considera esto «ejemplo de tanta torpeza política».

La intelectual denuncia asimismo «muchas contradicciones» en los argumentos de la fiscalía. «Desde el 11 de julio de 2021 se está actuando sin medir consecuencias», advierte López, que también apunta la dimensión «educativa» que va a tener su juicio al evidenciar el «tipo de Estado» que opera en la isla.

Más de mil personas, muchas de ellas en Cuba, han firmado una carta de respaldo a la intelectual. Además, varios diplomáticos se han puesto en contacto con ella en los últimos días, algunos de forma directa pese a las medidas cautelares que pesan sobre López. «Siento mucho apoyo», asegura.

La ONG Prisoners Defenders, que califica el juicio de «sumario» y «sin garantías», asegura que el proceso tiene «motivaciones políticas» y busca «reprimir el ejercicio de los derechos o libertades» en Cuba. EFE

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