Cuba llega al segundo aniversario del 11J con cientos de presos y sin cambios económicos

La Habana, 11 jul (EFE).- Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores en décadas, cumplen dos años este martes, con cientos de condenados pese a los llamados del Vaticano y otros países, y un contexto político-económico no muy distinto al que provocó aquel estallido social.

En las calles de Cuba no queda rastro de aquellas manifestaciones que congregaron, en medio de una grave crisis económica y en plena emergencia pandémica, a varios miles de personas por todo el país de forma eminentemente espontánea y mayoritariamente pacífica.

Las protestas galvanizaron temporalmente a críticos, opositores y activistas, politizaron a parte de los sectores más pobres y desideologizados del país (en muchos casos afrocubanos) e hicieron que el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) cerraran filas en lo político y lanzaran alguna reforma económica.

También desataron una ola de represión. En las manifestaciones se arrestó a más de 1.000 personas, de las que varios centenares han sido condenadas hasta la fecha, algunas a penas de hasta 30 años de prisión por el delito de sedición.

El Gobierno cubano tachó de «contrarrevolucionarios» a los manifestantes y aseguró que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema comunista imperante en la isla desde 1959.

«La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios», dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una controvertida intervención televisada.

La organización Justicia 11J ha documentado en estos últimos 2 años la detención de 1.860 manifestantes (el 84 % por las protestas de hace 2 años), de las que 782 continúan en prisión y 911 han sido sancionadas. Otras 91 han marchado al exilio.

No hay datos oficiales recientes. A principios de 2022, la Fiscalía General de la República informó que 790 personas habían sido procesadas por hechos relacionados con el 11J, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Estas cifras han provocado reacciones en parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos o la Unión Europea, y entre ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han exigido la liberación de los presos.

La intermediación más articulada hasta la fecha ha sido la del Vaticano, aunque por el momento no ha dado frutos.

En febrero el cardenal Beniamino Stella, enviado especial del papa, visitó Cuba y aseguró en público que Francisco «desea» la «libertad» de los presos. Díaz-Canel se reunió con él y prometió buscar «solución» a «las expectativas de ambas partes».

Cuatro meses más tarde, Francisco recibió en el Vaticano a Díaz-Canel en una audiencia privada, sin que trascendieran detalles del encuentro.

Instando también a Cuba a liberar a estos presos, entre otras demandas, el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia, inició hace dos semanas en Villa Clara (centro) una huelga de hambre y sed que aún mantiene, con un evidente deterioro físico.

Este martes están además previstas protestas en distintas ciudades del mundo, especialmente en Florida (EE.UU.) y en España, también en Alemania, Italia, Uruguay y Chile, entre otros países.

CAUSAS

Mientras tanto, el contexto político-económico en el que surgió aquel estallido social apenas ha experimentado cambios. Las elevadas condenas del 11J han generado un efecto disuasorio, coinciden en señalar analistas cubanos e internacionales.

La economía, el principal motivo de queja hace dos años, sigue atravesando una grave crisis con factores tanto coyunturales como estructurales y los expertos no entrevén una mejoría sustancial a corto o medio plazo. El Producto Interno Bruto (PIB) sigue sin recuperar niveles precovid.

La escasez de alimentos, medicinas y combustible sigue siendo la norma, la inflación mantiene su cabalgada (la interanual del mercado formal se situó en mayo en el 45,48 %; la del informal se estima cinco o seis veces superior) y la dolarización avanza conforme se deprecia el peso en el mercado informal (el dólar se paga a 210 pesos actualmente).

Con estas tendencias, que llevan presentes más de dos años, la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría -especialmente quienes no perciben remesas en dólares- es enorme.

Algo ha mejorado. Los apagones se han reducido de forma progresiva en todo el país en los últimos meses -y especialmente en las últimas semanas- porque el Gobierno ha priorizado el sistema energético para aumentar la capacidad de generación.

Además, la vuelta de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de carácter privado -prohibidas en 1968 y permitidas un mes después de las protestas- está empezando a dar frutos, en forma de una mayor oferta, si bien muy concentrada en La Habana y en los segmentos de mercado más elevados.

A nivel político tampoco se perciben cambios. Díaz-Canel ha iniciado su segundo mandato (2023-2027) sin apenas caras nuevas en los consejos de Estado y de ministros.

Tampoco se prevén cambios en las líneas políticas. En el cronograma del parlamento cubano, no está previsto en los próximos 5 años la aprobación de una ley que regule los derechos de expresión y manifestación, pese a que ambos están recogidos en la Constitución de 2019. EFE

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