Vaud debate el suicidio asistido en residencias de mayores
Todas las residencias de ancianos financiadas por el cantón de Vaud podrían verse obligadas a admitir la práctica controvertida del suicidio asistido.
Exit, la organización de asistencia al suicidio que ya acompaña a pacientes incurables en algunas clínicas, ha lanzado una iniciativa popular para iniciar un debate sobre el tema; una primicia en Suiza.
La legislación suiza tolera el suicidio asistido si el paciente ejecuta el acto sin la ayuda de otras personas que pueden tener algún interés en su muerte. En Suiza existen cinco organizaciones de suicidio asistido que cada año acompañan a 350 personas.
En 2007, Exit practicó 245 suicidios asistidos de ciudadanos suizos o extranjeros con residencia en el país alpino. Exit asiste sólo a personas con residencia en Suiza y los suele acompañar en sus domicilios.
Sin embargo, varios hospitales de Lausana y Ginebra, así como otras clínicas permitieron el suicidio asistido en sus locales. De los 66 suicidios asistidos en la Suiza francófona, que se ejecutaron el año pasado, cinco tuvieron lugar en residencias de ancianos.
Jérôme Sobel, presidente de la sección de la Suiza francesa de Exit, comenta a swissinfo que esos cinco casos se desenvolvieron «en circunstancias normales», añadiendo que algunas residencias no permiten o dificultan la práctica. El objetivo de la iniciativa es el de presionar a esas clínicas para garantizar que se respeten los derechos de los pacientes desahuciados.
«Nos hemos encontrado con grandes dificultades en varias ocasiones», explica. «Cada vez que vamos a una residencia de ancianos nos tenemos que enfrentar con el director.»
La iniciativa de Exit pretende que las residencias de ancianos reciban subsidios estatales para permitir que sus residentes obtengan asistencia al suicidio si lo piden, de acuerdo al artículo 115 del Código Penal Suizo y el artículo 34 del Código Penal del cantón de Vaud.
«Si un asilo nos detiene, está contraviniendo la ley», señala Sobel.
Exagerado
Para la Asociación de Establecimientos Sociomédicos de Vaud (AVDEMS), la iniciativa va demasiado lejos. En un comunicado en su web declara que la asistencia al suicidio debe realizarse respetando la voluntad personal del residente, pero que la clínica también debe tener la autoridad para decidir si lo quiere permitir o no.
Si una residencia no admite el suicidio asistido, el residente debe ser informado adecuadamente antes de su ingreso o se debe intentar encontrar una solución viable para todos, sostiene.
Pierre-Yves Maillard, jefe del Departamento Cantonal de Salud, reconoce que la iniciativa no es la mejor vía para abordar el tema. Para él, la mejor alternativa sería un enfoque situacional en el que una comisión considerara cada caso por separado.
«Esta práctica no debería ser facilitada demasiado porque existe el riesgo al error», declaró al diario 24heures, de Lausana.
«Experiencias traumáticas»
Philippe Guntert, director de la Fundación Clemence de Lausana, manifiesta a swissinfo: «Como institución, hemos tomado la decisión que aceptamos el suicidio asistido, porque no veo qué derecho tenemos para rechazar la admisión de un enfermo. Al llegar a este punto, yo optaría por la postura de aceptar el derecho a la vida o a la muerte de una persona», puntualiza.
«Sin embargo, no creo que la ley es la solución adecuada. El único mérito [de la iniciativa] es que ha logrado que se hable públicamente sobre el asunto.»
No obstante, Jerôme Azau, director de la Fundación de la Residencia Mont-Calme de Lausana, opina que la idea de una iniciativa popular en la que se decidirá sobre este tema supone una «vergüenza». «Existen problemas mucho más importantes que la asistencia al suicidio, que afectan además a una gran parte de la población.»
Y añade: «Transmite el mensaje a los jóvenes que pueden cometer suicidio si son mayores. Esto es inaceptable.»
Azau recuerda una experiencia «traumática» de la asistencia al suicidio que tuvo lugar hace varios meses en la residencia de Mont-Calme. «Salió mal la cosa», refiere. «Fue una experiencia muy difícil para los demás residentes que tuvieron contacto con esa persona y que hablaron con ella todos los días.»
El psiquiatra Ferenc Rakoczy expuso a 24heures que la sociedad subestima el impacto del suicidio a largo plazo. «Afecta desde luego a la familia, pero también al personal. Puede originar debilidad psicológica y trastornos por estrés postraumático, como han evidenciado varios estudios», concluye.
swissinfo, Simon Bradley
(Traducción del inglés: Antonio Suárez Varela)
En Suiza existen cinco organizaciones de suicidio asistido que cada año asisten a 350 personas.
Exit tiene 50.000 miembros y administró 245 suicidios asistidos de ciudadanos suizos o extranjeros con residencia en Suiza en 2007.
Dignitas cuenta con 5.000 miembros y acompañó a 195 ciudadanos suizos y extranjeros en 2006.
Dignitas es el único grupo que ofrece sus servicios a ciudadanos no residentes en Suiza. Otras organizaciones, como Exit —la más grande—, sólo asisten a residentes suizos en sus hogares.
En Suiza, el suicidio asistido y la eutanasia pasiva son legales. La eutanasia activa, sin embargo, es ilegal.
En Alemania e Italia, el suicidio asistido es ilegal.
En Francia, la eutanasia pasiva dirigida por médicos o parientes será legal en el futuro. La eutanasia activa seguirá siendo proscrita.
Los Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia activa si la persona ha expresado claramente su deseo de morir.
Gran Bretaña posee las disposiciones legales más severas en materia de suicidio asistido en Europa. Por eso hay muchos británicos que vienen a Suiza.
La eutanasia activa directa permite la adopción de medidas específicas que conducen a la muerte del paciente, como puede ser la inyección de fármacos. Normalmente se trata de una sobredosis de calmantes o somníferos.
La eutanasia activa indirecta consiste en el ingreso de paliativos que pueden provocar la defunción del paciente.
La eutanasia pasiva se realiza mediante la retirada del tratamiento médico con la intención deliberada de causar la muerte del paciente.
De suicidio asistido se trata, si un médico provee al paciente con las medios que necesita para acabar con su vida; sin embargo, el médico no administra su muerte.
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