Fomentar la transparencia y la participación en Madrid

El 15M marcó un punto de inflexión, una nueva forma de hacer política. Keystone

En España, la participación ciudadana ha brillado por su ausencia. El ámbito local es de los pocos en los que el Estado permite convocar determinadas consultas ciudadanas. El gobierno de Ahora Madrid ha sabido aprovecharlo poniendo en marcha diferentes iniciativas, entre ellas, un proceso de propuestas ciudadanas para mejorar la ciudad.

En 2011, cuando las protestas populares consiguieron derrocar el régimen de Hosni Mubarak, en Egipto, un grupo de manifestantes se dirigió al edificio donde se custodiaban los archivos del régimen para abrirlos y conocer lo que se guardaba allí.

“La policía estaba matando a la gente por la calle pero esas personas identificaron que era más importante ir a los archivos que asaltar un polvorín para conseguir munición u ocupar la televisión”, explica Pablo SotoEnlace externo, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

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Hace apenas un año, el nuevo equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento y emprendió una de las renovaciones democráticas más profundas que ha vivido la sociedad española desde el fin de la dictadura.

“Desde el 2011 hasta hoy, los eventos políticos que han ocurrido en España tienen como reclamo recuperar la democracia. Conseguirlo es tan sencillo como darle más poder a la sociedad civil y quitársela a otros actores”, explica Soto.

Para hablar de democracia, además de garantizar los derechos sociales, los derechos humanos o la igualdad ante la ley, es preciso que el sistema se asiente sobre dos pilares fundamentales: la transparencia y la participación. “La participación es la forma de ejercer el poder ciudadano y la transparencia es lo que permite entender qué es lo que está sucediendo y quién está detrás de la toma de decisiones”.

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El Ayuntamiento de MadridEnlace externo es uno de los más importantes de España. En sus más de 1 700 dependencias trabajan unos 30 000 funcionarios. Sin embargo, nunca hubo un departamento de transparencia que estableciera un protocolo que obligase a la Administración a poner a disposición de los ciudadanos la información sobre cómo se gestiona el municipio, cómo se conceden o deniegan las incompatibilidades de los funcionarios, con quién se reúnen los concejales o qué lobbies hacen presión para defender sus intereses en la ciudad.

“Además de poner en marcha un proceso de auditoría de la deuda pública y la gestión del anterior gobierno municipal para saber si se han hecho mal las cosas en el pasado, nuestra principal preocupación es que eso no vuelva a suceder en el futuro. Para ello hemos redactado una ordenanza que establece cómo debe gestionar el Ayuntamiento esa obligación de transparencia con los ciudadanos y las consecuencias que tiene no cumplirla”.

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La redacción de la Ordenanza de Transparencia se hizo de forma colaborativa. Los ciudadanos pudieron aportar añadidos o modificaciones antes de que fuera presentada a los diferentes grupos, los cuales incorporaron las enmiendas que consideraron necesarias. Hoy, viernes 24 de junio, la ordenanza será discutida en la comisión correspondiente para que el próximo miércoles 29 de junio sea debatida en el pleno, votada y, si consigue el apoyo suficiente, aprobada. [El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza de Transparencia el 27 de julio]

“La Ordenanza se va a aprobar –confirma convencido Pablo Soto–. La pregunta es cómo, porque hay muchas enmiendas, especialmente en lo que se refiere al Registro de ‘lobbies’, un tema sobre el que el Partido Popular y el PSOE no han dicho todavía lo que van a votar”.

El Registro de ‘lobbies’ comienza a ser una práctica de transparencia habitual en muchas de las instituciones de países de nuestro entorno. De hecho, la Unión Europea ya cuenta con uno que, aunque es voluntario, permite conocer qué empresas, particulares, asociaciones o grupos de presión se acercan a la Comisión, a los comisarios e influyen en la toma de decisiones.

“En España se tiene mucho miedo a la palabra ‘lobby’ cuando, en realidad, ‘lobby’ es la interacción entre la sociedad y el poder”, explica Victoria Anderica Caffarena, directora del Proyecto de Transparencia en Ayuntamiento de Madrid. “Hay teorías que incluso consideran que el lobby es una herramienta de participación. A mí eso me cuesta aceptarlo como tal, porque en mi opinión la participación tiene que tener unos requisitos de igualdad, pero lo que sí es cierto es que no tiene por qué haber problema en que un grupo o asociación comparta su percepción sobre un tema con las instituciones públicas”.

Si una asociación de taxistas tiene ideas sobre cómo debe ser el carril bus no debería haber problema en que se lo comunicase a las autoridades. De la misma manera podría hacerlo una asociación de ciclistas sobre el carril bici o los empresarios del gremio de ascensores, si lo que se quiere abordar es la seguridad del camarín o los plazos de las revisiones de seguridad. El problema está cuando esos grupos contactan con la Administración sin publicidad y con oscurantismo.

“Si entendemos que es totalmente legítimo que cualquier entidad que tenga interés en un tema o sector se pueda acercar a la institución pública para hacer valer sus intereses, entonces regulemos la forma en que esos lobbies se reúnen con la Administración y, para hacerlo aún más efectivo, publiquemos las agendas de los concejales. De esta forma, podremos entender quiénes son realmente los que están dando su opinión y están interviniendo en el proceso de toma de decisiones”, explica Victoria Anderica.

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En ocasiones, comenta Pablo Soto como anécdota, ha habido proyectos de ley cuyos documentos contenían en los metadatos referencias a despachos de abogados que representaban a empresas directamente afectadas por la regulación en cuestión. Un registro de lobbies ayudaría a eliminar ese tipo de anomalías.

“Uno de nuestros miedos ante este registro es que las asociaciones de la sociedad civil consideren que es una ofensa ser considerados lobbies y la exigencia de inscribirse. Por nuestra parte, lo que queremos transmitir es que ese registro lo que permite es organizar a esas asociaciones o grupos por materias y poder recurrir a ellos cuando el Ayuntamiento quiera emprender una determinada actividad”, anota Anderica. “Cuando comenzamos el proceso de remodelación de la Plaza de España, el Ayuntamiento convocó a todos los grupos que consideraba que podían verse afectados o que tuvieran interés en la obra para consultarles. Aunque se hizo con la mejor voluntad, alguien se pudo quedar fuera. Este registro evitaría esos errores y facilitaría procesos como la notificación de las fases de alegaciones”.

Los detractores de este tipo de medidas suelen afirmar que los registros de lobbies ralentizan los procesos de reunión con la administración y que las políticas de transparencia generan un volumen de información tan grande, que es imposible de administrar por parte del ciudadano, el cual queda sumido en un estado de desinformación semejante al que se quería evitar.

Pablo Soto rebate este argumento. “La experiencia de otros países demuestra que el registro de lobbies activa las relaciones con la Administración, las hace más transparentes, genera situaciones de igualdad y las dota de seguridad jurídica, lo que es un atractivo para los inversores. En cuanto al volumen de información, por un lado está la estrategia de datos abiertos, donde se publican todos los datos del Ayuntamiento en formato reutilizable para que la sociedad civil o la prensa haga ese trabajo de extraer la información que tenga relevancia pública. Por otro, el portal de transparencia, en el que se da información comprensible, accesible y didáctica, que sirva para entender en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento”.

“Suele suceder que las webs institucionales están llenas de datos pero no transmiten un relato, lo que dificulta su comprensión por parte del ciudadano”, interviene Victoria Anderica. “Hace unos días leía un artículo sobre transparencia, en el que el autor decía que en estos casos hay que seguir el ejemplo de Ikea y no olvidarnos de construir el segundo piso. No basta con saber que hay cajas apiladas en la planta baja, sino que queremos saber cómo queda montado lo que hay dentro de ellas. Lo mismo sucede con la transparencia. No me interesa saber sólo quién es el contratista sino cuál es la vida de un contrato. Cuándo empieza, por cuánto se da, si se ha gastado más o menos… Ese es el relato que tenemos que construir, el que explique el funcionamiento de la institución”.

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Algunas de las herramientas de la web de transparencia y participación se han desarrollado con la colaboración directa de los usuarios, quienes fueron convocados por los responsables de área para saber qué es lo que realmente demandaban como ciudadanos. “Si es el propio gobierno el que decide a cuántos clics de distancia está cierta información, se corre el riesgo de que la información más comprometida esté más oculta”, explica Pablo Soto, quien reitera la importancia de la transparencia y participación para conseguir un verdadero sistema democrático.

“Una democracia participativa parlamentaria como la que existe en España es necesaria, pero no suficiente para que haya un régimen democrático. Debe ir acompañada por la participación ciudadana en situación de igualdad en la toma de decisiones. No es algo que diga yo –puntualiza Soto–, sino las Naciones Unidas”.

En España, la participación ciudadana ha brillado por su ausencia. De hecho, son varias las normas de ámbito estatal que prohíben expresamente este tipo de mecanismos. Cuando los reconocen, como en el caso de la Iniciativa Legislativa Popular, el proceso es tan complejo y queda siempre sujeto al albur de los representantes políticos, que nunca en toda la democracia se ha logrado que una iniciativa popular canalizada a través de esa vía tuviera éxito.

“Aunque el marco legal no ayuda a este tipo de procesos de participación, contamos con un consenso social amplísimo”, afirma Pablo Soto. “No conozco ningún estudio ni en España ni en el mundo que diga que la gente quiere tener menos capacidad de decidir. El 15M, por ejemplo, es una expresión de que la gente demanda una democracia real”.

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El ámbito local es de los pocos en los que el Estado permite convocar determinadas consultas ciudadanas. El gobierno de Ahora Madrid ha sabido aprovecharlo poniendo en marcha diferentes iniciativas, entre ellas, un proceso de propuestas ciudadanas para mejorar la ciudad.

“El derecho de propuesta ciudadana es un derecho individual o colectivo cuyo ejercicio permite proponer soluciones para Madrid. Si las propuestas consiguen un apoyo de un 2% del censo de mayores de 16 años, que vienen a ser unas 54 000 firmas [el Pleno lo rebajó al 1% en julio de 2016], el equipo de Gobierno se compromete a que se haga una votación a la que estaría llamada toda la ciudadanía. Si el resultado fuera favorable, la propuesta iría al pleno municipal con la garantía de que el Gobierno municipal votaría a favor de su aprobación”.

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El proceso es, en el fondo, muy similar a la clásica recogida de firmas en hojas, solo que a través de una web. El interesado cuelga su propuesta en el portal del Ayuntamiento, la gente la ve y, si lo desea, la apoya. En la actualidad ninguna de las propuestas realizadas ha obtenido las firmas suficientes, pero una de ellas, la que propone un billete unificado que sirva para metro y autobús, ya cuenta con más de 30 000 apoyos.

“En contra de lo que los detractores de estas medidas sostienen, la gente no propone cosas absurdas. No proponen que se eliminen los impuestos, que todos los días sean fiesta, ni que se persiga a las minorías o a los inmigrantes. Al revés, decisiones como el endeudamiento de los municipios, la colocación de cuchillas en las vallas o la expulsión de refugiados suelen responder a decisiones individuales de los gobernantes y no a decisiones colectivas de la sociedad civil”, explica Pablo Soto.

Convencidos de la cordura de los ciudadanos, cuando el equipo de Gobierno tuvo que establecer los límites a los tipos de propuestas, resolvieron que no hubiera ninguno. “La única restricción es que la propuesta no atente contra el Código Penal. Ni siquiera hemos limitado las propuestas que no cumplan con las competencias de la Administración municipal. Si eso sucediera y la iniciativa acabase siendo aprobada, los representantes del Ayuntamiento harían todo lo posible por negociar con los organismos competentes e intentar que finalmente fueran ellos los que la llevaran a cabo”.

En lo que ha habido que respetar las competencias es en lo referente a cómo invertir el presupuesto municipal porque, en ese caso concreto, sí que se está decidiendo cómo invertir una cantidad determinada de dinero. Concretamente, 60 000 000 de euros.

“Propuse 100 millones como cifra redonda, pero en la negociación con el PSOE se quedó en 60 millones. No resultó complicado aceptar la bajada porque nuestra preocupación no es tanto la cifra como que la experiencia salga bien. Si la gente ve que esto funciona, en el futuro pueden ser cien o mil millones de euros. París, por ejemplo, ya ha gestionado más de 500 millones de euros de esta forma, aunque en diferentes ejercicios”.

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A través de la web Decide MadridEnlace externo se recibieron más de 5 000 propuestas sobre cómo invertir ese presupuesto. Cientos de funcionarios del Ayuntamiento de todas las áreas y todos los distritos analizaron si las propuestas eran factibles y si se ajustaban a la legalidad municipal.

“Después de eliminar las que no eran posibles de llevar a cabo, la cifra se redujo a 600 propuestas. La gente comenzó a votar y ahora, aquellas que tienen más posibilidades de salir aprobadas están siendo tasadas por los funcionarios municipales para saber cuánto costarían, porque llevar a cabo las 600 ya supondría un desembolso de más de mil millones de euros”.

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Las votaciones se pueden realizar a través de internet después de cumplimentar un sencillo proceso de registro que contrasta los datos del ciudadano con los del padrón y le reenvía un código de seguridad. Las personas que no estén familiarizadas con las nuevas tecnologías pueden participar acudiendo a los puntos de votación presenciales situados en las juntas de distrito o en una caravana que recorre las calles y plazas de la ciudad.

“Estamos en la fase final de los presupuestos. El 30 de junio finaliza el plazo para votarEnlace externo. Por el momento ya lo han hecho más de 20 000 personas, que es una buena cifra para ser la primera vez. Este tipo de procesos pueden considerarse un éxito si participa un 2% del padrón porque estas consultas no se pueden comparar con unas elecciones generales, por ejemplo. Son procesos democráticos diferentes. Lo que hay que valorar aquí es que este año miles de ciudadanos van a poder decidir los presupuestos, mientras que el año anterior esa decisión fue tomada por menos de 100 personas entre concejales, asesores y funcionarios del Ayuntamiento”.

Los funcionarios han sido una pieza clave en todo este proceso de renovación, transparencia y participación. A diferencia de otros equipos de gobierno, Ahora Madrid ha intentado contar con ellos para desarrollar estas herramientas sin tener que recurrir a la externalización de los servicios. Este es el caso de la página de Decide MadridEnlace externo, desarrollada desde el Ayuntamiento con software libre con la intención de ser coherente, tanto con la optimización de los recursos públicos, como con la idea de transparencia.

“Desde la sociedad civil, la gente que integramos el gobierno ya utilizábamos el software libre –explica Soto–. Para redactar el programa electoral le pedimos el software a Zaragoza y ahora hemos sido nosotros los que hemos cedido nuestra plataforma de participación a otras ciudades”.

Oviedo, A Coruña, Barcelona ya utilizan esta herramienta informática cedida por Madrid. Otras 50 ciudades la implementarán en breve.

“Esta forma de trabajo colaborativo permite que, cuando esas ciudades mejoran las herramientas, nosotros también podemos aplicar esas modificaciones en las nuestras –afirma Pablo Soto–. Además, el software abierto permite que la gente pueda ver incluso el algoritmo que se va a utilizar a la hora de realizar el escrutinio de las votaciones de los presupuestos participativos. Si no fuera software libre, los ciudadanos no podrían comprobarlo por sí mismos y tendrían que confiar en nosotros o en una empresa adjudicataria”.

(Este artículo se publicó originalmente en yorokobuEnlace externo)