Demanda contra Nestlé en Suiza por caso en Colombia

Nestlé desde Vevey lamenta el contexto de inseguridad en Colombia, pero no se considera responsable de la suerte de algunos de sus ex empleados. Reuters

La multinacional helvética y varios de sus dirigentes, entre ellos, Peter Brabeck, son objeto de una demanda penal por negligencia presentada ante el Ministerio Público de Zug, por la muerte en 2005 de un ex empleado de Cicolac, su filial en Colombia.

Nestlé rechaza categóricamente las alegaciones en su contra y señala que organizará una defensa vigorosa, pero los juristas alemanes que verificaron y sostienen las pruebas del caso consideran que el expediente bien puede sentar precedente e influenciar la jurisprudencia en el futuro.

Los abogados suizos Marcel Bosonnet y Florian Wick -que representan al Centro de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR, en sus siglas en inglés) con sede en Berlín, Alemania y al sindicato colombiano Sinaltrainal, entre otros-, presentaron la demanda penal contra Nestlé este 5 de marzo en Zug.

Y tras ese paso, el asunto ha despertado la atención de los medios helvéticos como no había ocurrido antes, pese a que el ir y venir de sindicalistas colombianos en suelo helvético no ha cesado en la última década para denunciar el contexto de terror y violaciones en los que se hallan inmersos en un país donde el paramilitarismo acalla con cuchillo en mano.

Justo así murió Luciano Romero, ex trabajador de Cicolac, filial de Nestlé en Colombia un 10 de septiembre de 2005 en Valledupar, al noroeste del país, tras innumerables amenazas y un destino que comparte con diez ex empleados de esa fábrica asesinados entre 1986 y 2009 en un país donde la impunidad impera y la desaparición de 2500 representantes sindicales en los últimos 25 años ocupa a muy pocos.

Pero el caso Romero despertó el interés del ECCHR, una organización de juristas alemanes dedicados a seleccionar procesos piloto ejemplares en la materia. Tras analizar el expediente y verificar las pruebas existentes, presenta esta denuncia en Suiza en la que apunta con el dedo a la sede central de Nestlé en Vevey.

“El caso se sostiene”

“Elegimos casos que consideramos ejemplares en la problemática de derechos humanos y que tengan el potencial de impacto para sentar precedente a fin de influenciar la jurisprudencia futura. Este caso se sostiene en Derecho y demuestra una problemática muy típica que no únicamente trata de la persecución de sindicalistas, sino que implica a una casa matriz –Nestlé-, que se vuelve cómplice de violaciones a los derechos humanos”, considera la abogada alemana especializada en el sector empresarial de ECCHR, Claudia Müller-Hoff.

La defensora advierte que ha solicitado el apoyo de abogados suizos para mejorar la calidad de la denuncia, misma que se sustenta -explica- en pruebas, testimonios y en dos artículos del Código Penal Suizo, el 117, sobre homicidio por negligencia; y el 102, sobre la responsabilidad de una empresa.

“El Art. 102 existe en Suiza desde hace nueve años y no se ha empleado aún, lo que resulta un desafío para los juristas pues puede sentar las bases para poder penalizar a empresas como personas jurídicas, como personas morales”.

Nestlé se prepara

Para la jurista alemana está claro que la sede central de Nestlé actuó con indiferencia en el caso Romero, pues sus directivos conocían los riesgos en materia de derechos humanos en la región donde se encuentra su filial colombiana. “Nestlé en sus principios corporativos ha sostenido que sus políticas son centralizadas y entonces se deduce que esto también concierne a su responsabilidad para asegurarlas en este el ámbito de derecho sindical y otros temas”.

La denuncia penal se dirige a cinco altos funcionarios de Nestlé activos en 2005 en Colombia; el mexicano Carlos Represas, el suizo-italiano Jean-Marc Duvoisin, el jurista del consorcio, el suizo Hans Peter Frick, así como el otrora patrón de Nestlé, el austriaco Peter Brabeck y el ex presidente del consorcio, el suizo Rainer Gut.

Nestlé reitera a través de su portavoz Philippe Aeschlimman su rechazo categórico a las alegaciones de los demandantes del ECCHR. “Queremos organizar una defensa rigurosa. La unión sindical Sinaltrainal ha acusado a Nestlé de complicidad por asesinato de líderes sindicales en Colombia en varias ocasiones anteriormente, pero nunca con la evidencia para respaldar esos señalamientos. Sus acciones legales contra la compañía llevados ante cortes en Colombia y Estados Unidos y ante la OIT no han tenido éxito”.

Por otra parte, Nestlé recuerda que Romero Molina fue asesinado tres años después de terminar su relación laboral con Cicolac. La versión de Sinaltrainal tiene otro tono:

“Romero, despedido tras ser señalado por la dirección local de Cicolac como guerrillero, fue asesinado tres años después por paramilitares. Existe un testimonio de un ex comandante de estas fuerzas irregulares en el que afirma que esa empresa, entre otras, efectuó pagos a su unidad para acallarlo”, recuerda Carlos Olaya de Sinaltrainal.

Determinar responsabilidades

Oloya ha viajado a Suiza junto con la jurista Claudia Müller para participar en conferencias públicas en Zúrich y Berna sobre el caso Romero, con el respaldo de las organizaciones helvéticas MultiWatch,  la unión sindical Unia y la de Juristas Democráticos de Suiza.

Se trata del más reciente intento de estas organizaciones por llamar la atención sobre la responsabilidad de las multinacionales en sus actividades en países como Colombia, donde violencia y amenazas son aún hoy norma en el mundo del sindicalismo.

Para estas entidades helvéticas, tocar la puerta ante los tribunales de su propio país es un paso adelante, independientemente del  futuro proceder del Ministerio Público de Zug, donde Nestlé tiene su registro.

“Es la primera vez que en Suiza una multinacional es objeto de una demanda penal por hechos que no se sucedieron en este país. El caso tiene un carácter ejemplar, sobre sus resultados, habrá que esperar”, comenta Urs Sekinger, de MultiWatch y codirector de Solifonds, y quien conoce bien las preocupaciones de los líderes laborales colombianos desde 2002, cuando intentó abrir una puerta al diálogo entre ellos y Nestlé en Vevey, sin éxito.

“A no ser que el proceso termine en una etapa muy preliminar, es un gran paso para superar la impunidad reinante en Colombia”, contextualiza Bruno Rütsche, del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.

“En Suiza se inició la tarea de denuncia en 2002 ante las amenazas de paramilitares y otros actores desconocidos contra el sindicato Sinaltrainal, pero se nos ha cuestionado mucho al señalar a una empresa respetada como Nestlé, así que el hecho de que un grupo de juristas muy cualificado haya llevado esta demanda ante tribunales en Suiza constata que realmente hay material para hacer una denuncia penal, además de la importancia esencial de sensibilizar sobre los riesgos que puede generar la incursión de consorcios como el de Nestlé en contextos muy complicados, como el del país sudamericano”

La situación no cambia

Las amenazas de muerte contra los trabajadores de Nestlé forman parte de una violenta ofensiva de grupos armados irregulares, que el propio consorcio Nestlé reconoce.

La demanda penal presentada en Suiza abre el debate jurídico sobre la responsabilidad de las multinacionales en su quehacer en contextos donde no impera el Estado de derecho.

Más del 90% de los 3000 casos de asesinatos de sindicalistas en Colombia quedan impunes.

De ese 10% donde ha tenido lugar un proceso, se condena a los autores directos, sin profundizar en averiguaciones sobre quienes se encuentran al fondo del delito.  

La violencia contra los miembros de Sinaltrainal representa uno de los casos más graves de la historia sindical colombiana.