En un Estado democrático, ¿hasta dónde pueden llegar las protestas?

9 de mayo de 2024, miembros del grupo Act Now cortan el tráfico en la autopista A2, en Suiza. Keystone / Urs Flueeler

Carreteras bloqueadas, sentadas o ataques a obras de arte contra la emergencia climática plantean —tanto en Suiza como en otros países— interrogantes sobre los límites de la acción legítima. Los tribunales no han sido indulgentes. ¿Deberían serlo?

En una sala de Zúrich se ha reunido recientemente una docena de personas para planear un delito. La idea es entrar de madrugada en una tienda de bricolaje para “tomar prestadas” algunas herramientas, conducir hasta la plaza Paradeplatz —el corazón de la banca suiza—, romper el suelo con un martillo neumático y plantar un árbol. Y, al final, recibir a la plantilla del cercano banco UBS con folletos sobre la emergencia climática y el papel que juegan las finanzas en todo esto.  

Esta ambiciosa iniciativa no va a suceder. Quienes estaban conspirando formaban parte de un taller de “desobediencia civil no violenta” organizado en septiembre como parte de una conferencia del grupo de reflexión de izquierdas Denknetz. El taller —moderado por un activista de Extinction Rebellion y Debt for Climate— pretendía mostrar qué se debe tener en cuenta a la hora de planificar una operación de este tipo. ¿Quién va a conducir? ¿Cómo calmar a la gente enfadada? ¿Cómo prepararse para la “montaña rusa emocional” que implica infringir la ley?

Y lo más importante, ¿nos vemos capaces de afrontar las consecuencias?, pregunta el moderador.

De hecho, a medida que en los últimos años se ha extendido la desobediencia civil relacionada con el clima, la policía y los tribunales han respondido de la misma manera. La respuesta oficial a las protestas en ocho democracias occidentales —Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia— no solo ha sido dura, sino “desproporcionada”, según un informe que el grupo Climate Rights International (CRI) publicó el mes pasadoEnlace externo. La ONU, en un informe de principios de año, llegó a la misma conclusiónEnlace externo.

Fracaso en los tribunales

Las respuestas estatales pueden adoptar distintas formas, tal y como indica Linda Lakhdhir, directora jurídica de CRI. La policía para disolver protestas y detener a activistas a veces ha usado la fuerza en exceso, sin que ello haya dado lugar a enjuiciamientos graves, dice. En otros lugares, como Alemania, por ejemplo, se ha atacado directamente a grupos de activistas; y en algunas partes del país germano “Last Generation” [Última Generación] ha sido calificada como organización criminal.

Del mismo modo algunos países —explica Lakhdhir— han aprobado nuevas leyes que prevén penas duras para quienes realizan actividades de protesta. Este pasado verano, en el Reino Unido, una persona fue condenada a cinco años por planear bloquear una autopista. El CRI en su informe escribe que, en la historia de los casos climáticos, es una sentencia “sin precedentes”. Lakhdhir reconoce que incluso a ella le ha sorprendido el alcance de la represión documentada en el informe de CRI; sobre todo porque se produce en democracias tradicionalmente consideradas modelos de respeto de los derechos fundamentales.

Derechos humanos frente a derecho penal

Los últimos años han estado plagados de casos de desobediencia civil en Suiza: desde el bloqueo de autopistas hasta un partido de tenis improvisado en una sucursal de Credit Suisse. Y aunque los tribunales suizos no han sido tan severos como los del Reino Unido, el colapso del planeta no ha sido garantía de clemencia. Es más, según un estudio que en 2023 realizaron las universidades de Berna y Lausana, los tribunales —en lugar de considerar la amenaza del cambio climático o la libertad de asociación como factores atenuantes— han tendido a tratar los casos de protesta como cualquier otro asunto penal.  

Clémence Demay, coautora del estudio, afirma que en gran medida se debe a que quienes en Suiza forman parte de la judicatura, en estos casos, desconocen o no se interesan por la dinámica entre el derecho penal y las normas de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en distintas ocasiones —explica Demay— ha expuesto un argumento para justificar la acción no violenta basada en el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Pero la magistratura suiza —a menudo formada para tratar un solo tipo de derecho— “no tiene la costumbre de tener en cuenta el aspecto de los derechos humanos”.  

Y esto puede que no signifique —salvo en contadas ocasiones— penas de prisión para quienes protestan, pero sí multas y antecedentes penales.

El abismo entre los derechos humanos y las condenas penales es todavía mayor en el Reino Unido, tal y como cuenta el catedrático de Sociología de la Universidad británica de Aston Graeme Hayes que lleva una década siguiendo este tipo de casos. Hayes reconoce que con el tiempo se ha producido un “deterioro” en la protección de quienes se manifestan de forma no violenta.

Los jueces, para condenar el activismo, recurren cada vez más al cargo de “alteración del orden público”; algo que no se hacía en el pasado. Los tribunales también han empezado a ampliar la definición de lo que se considera protesta “disruptiva” o “violenta”. En septiembre, se condenó a activistas que habían arrojado sopa sobre un cuadro de Van Gogh a penas de cárcel por “daños criminales”, a pesar de que el cuadro resultó ileso.  

Gracias a estos avances —basados en la legislación introducida en 2022 y 2023— los tribunales pueden eludir la necesidad de considerar una defensa basada en la libertad de expresión o de palabra y, por tanto, permiten imponer penas más duras, dice Hayes, quien añade que es un “cambio enorme” que se encarcele a manifestantes que no utilizan la violencia.

Según él, es una respuesta directa al movimiento climático y a otros movimientos disruptivos, como Black Lives Matter. Y asegura que también se basa en un intento de “reducir el espacio democrático” como forma de sofocar la protesta.

Desobediencia civil, un concepto debatido

Pero ¿qué se entiende por desobediencia civil? Hay poco consenso en torno a qué la legitima, aparte del acuerdo de que debe ser no violenta; y mucho margen para la interpretación desde el ensayo de 1849Enlace externo de Henry Thoreau contra el gobierno autoritario hasta el enfoque de Hannah Arendt sobre la desobediencia civilEnlace externo como forma de acción colectiva.    

¿Estaban practicando la desobediencia civil, por ejemplo, quienes se manifestaban contra las medidas de la COVID-19? Después de todo, a las concentraciones frecuentes durante la pandemia asistían personas decididas a utilizar todos los medios posibles para detener un desarrollo político que consideraban autoritario. Puede ser que algunas personas quisieran, simplemente, evitar la vacunación; otras se oponían a la implantación y las consecuencias de un sistema de certificados Covid.   

Octubre de 2021, concentración en Berna de personas contrarias a las medidas suizas para hacer frente al coronavirus. Peter Schneider / Keystone

La distinción clave, según Demay, radica en si una acción se basa en motivos personales —que nos benefician personalmente o a un grupo identitario— o en motivos más amplios que pretenden cambiar una ley o una situación injusta. Sin embargo, “el límite es muy político, y también lo instrumentalizan distintos grupos”, afirma.

También se manifiesta la tensión en los debates públicos. Las encuestas, los titulares y los comentarios en foros online muestran que no todo el mundo está encantado con la gente aferrada a la carretera para bloquear el camino al trabajo. En Alemania el año pasado un camionero enojado atacó a la gente que cortaba el paso e incluso estuvo cerca de atropellarla. En Francia se ha utilizado el término “ecoterroristas” de manera controvertida —incluso por el ministro del Interior— para referirse a quienes se manifiestan por el clima y se han enfrentado a la policía.

La clase política suiza también siente poca simpatía. Así, mientras la derecha habla de comportamiento “antidemocrático” o “antisocial”, los Verdes de izquierdas han intentado incluso distanciarse de las protestas más disruptivas.

¿No hay ya suficientes derechos?

Mientras tanto la situación en Suiza se ve más complicada por su sistema de democracia directa. Aquí un argumento típico contra la desobediencia civil —incluso por parte la judicatura— es que la ciudadanía puede poner en marcha iniciativas y referendos. ¿Por qué no recoger firmas en vez de atarse a una carretera?

Pero desde el activismo responden que no es tan sencillo. Porque —señalan— las instituciones son demasiado lentas para lo que es una emergencia climática y porque a la hora de votar el pueblo —por no hablar del Parlamento— no siempre se decanta por el clima.

Esta idea del acceso democrático es, para Demay, una “ficción”. Según dice, Suiza ofrece un amplio abanico de posibilidades de participación. Pero los factores económicos y el papel de los grupos de interés hacen que todo el mundo no tenga el mismo acceso. Por ello, “la desobediencia civil debe desempeñar un papel como extensión del derecho a la protesta, que siempre ha sido el derecho más accesible para quienes no pueden participar en la política institucional”. En resumen: “la democracia no es perfecta, pero la desobediencia civil puede ayudar a mejorarla”.

¿Qué es lo siguiente en las manifestaciones contra el cambio climático?

Demay también cree que en Suiza las cosas podrían estar cambiando. No tiene datos del año pasado, pero ha observado varias absoluciones recientes basadas en argumentos de derechos humanos. Los informes judiciales muestran, mientras tanto, que hay jueces menos proclives a debatir sobre el cambio climático, aunque no lo suficiente como para retirar los cargos. Otros casos siguen a la espera de apelación, incluso en el TEDH; allí, dice Demay, los activistas del tenis de Lausana tienen una “oportunidad real de ganar”.  

Noviembre de 2018: activistas juegan al tenis en una sucursal de Credit Suisse en una acción dirigida contra Roger Federer, que había participado en campañas publicitarias del antiguo banco. Keystone / Martial Trezzini

Lakhdhir, del grupo CRI, por su parte, se muestra más prudente. La única tendencia importante que observa en los distintos países es que la situación es “desigual”. En muchos casos, a quienes participan del activismo climático les condena un juez y les absuelve otro o viceversa. Y cita un caso en Alemania en el que un hombre de 65 años fue condenado a casi dos años de cárcel por participar en un corte de carretera, a pesar de que previamente había sido absuelto por una acción similar.

Mientras tanto, el propio activismo está lejos de ser optimista. Además de que en los últimos años el movimiento por el clima ha perdido impulso, mucha gente menciona el “efecto amedrentador”, es decir, el miedo a las consecuencias físicas o psicológicas de una represión dura. Se discute si este es un factor que disuade de ejercer la desobediencia civil; y hay quien considera que podría provocar una reacción todavía más extrema. En Suiza al menos se mantiene la estrategia de la desobediencia civil y, según el grupo Act Now que bloquea las autopistas, no desaparecerá pronto.

Editado por Mark Livingston, Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff