Bolivia, ¿referéndum necesario o instrumentalizado?

Evo Morales aspira a presentarse a la reelección en 2019. Para ello necesita reformar la Constitución y ha convocado a los bolivianos a un referéndum. Keystone

Unos 6 millones de bolivianos están llamados a decidir el 21 de febrero si aprueban la enmienda constitucional que permitiría al presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García Linera, presentarse por segunda vez consecutiva a esos cargos.

La consultaEnlace externo propuesta por la Asamblea Legislativa –de mayoría gubernamental–, constituye, a pesar de las divergencias sobre las razones de su convocatoria, un paso más en el empleo de los mecanismos de democracia directa.

Tipos de referéndum en Bolivia

La convocatoria a referéndum se realiza por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20% del electorado.

Referéndum constitucional para aprobar o rechazar una nueva Constitución, como ocurrió en 2009.

Referéndum para la aprobación de estatutos autonómicos

Referendo para la aprobación de cartas orgánicas en municipalidades.

Referendos para cambiar legislaciones departamentales, municipales e indígenas.

En línea con la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la elaboración de leyes y la toma de decisiones, Bolivia es una de las democracias representativas latinoamericanas que desde hace más de dos décadas han incorporado algún modelo de consulta o iniciativa popular en sus Constituciones.

La llegada al Gobierno en 2006 del primer presidente indígena del país, Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo (MAS), concreta esa premisa en la nueva Constitución del Estado PlurinacionalEnlace externo, que desde 2009 confiere mayor presencia a los movimientos sociales y pueblos originarios.

Con mucha o escasa eficacia, el referéndum es el mecanismo más empleado hasta ahora. En esta ocasión despierta el rechazo de quienes se oponen a periodos presidenciales muy largos y elogios de los que creen necesario ampliar los mandatos de los buenos gobernantes.

¿Necesario o instrumentalizado?

“La gente no irá a ampliar el mandato del presidente Evo hasta el año 2025, sino a decidir si le autoriza o no a ser candidato en los comicios de 2019”, sostiene el exministro de Gobierno (2015) y analista político Hugo Moldiz, convencido de que no hay razón para cambiar el conductor de un proyecto si el país va bien.

Para el economista y exparlamentario Carlos Borth, en cambio, “es una reforma constitucional viciada para volver a postular a sus candidatos”, porque ya hubo una segunda reelección de Evo Morales, recuerda, “si tomamos en cuenta su primer periodo presidencial de 2006 a 2009, el siguiente de 2009 a 2014 (bajo la nueva Constitución) y el actual de 2014 a 2019”.

Moldiz insiste en que la reelección consecutiva de un gobernante tiene equilibrio democrático con el referéndum revocatorio de mandatoEnlace externo que castiga el desempeño ineficaz de las autoridades.

“Podría dar lugar a una especie de democracia dictatorial”, sostiene el ciudadano Roberto San Martín, partidario del ‘no’, mientras que Rogelio Huanca confiesa que votará a favor, “porque los actuales mandatarios han demostrado capacidad para mantener la estabilidad económica, política y social”.

Utilidad de los mecanismos de democracia directa

La correcta aplicación de la consulta, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum pueden ser un verdadero complemento de la democracia representativa si no interfieren factores adversos a su naturaleza.

El referéndum no es tan ajeno a Bolivia. Un gobierno militar lo emplea en 1931 para anular la reelección del presidente de entonces, Hernando Siles.

En 1986, la Central Obrera Boliviana realiza una consulta no oficial que rechaza por abrumadora mayoría la durísima política de ajuste estructural.

A partir de 2004 se recurre al referéndum para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la ley de hidrocarburos; de las autonomías ‘rebeldes’ (cuyos resultados fueron anulados en 2008) y la primera revocatoria de mandatoEnlace externo (2008).

Los referéndums autonómicos de cinco departamentos, en 2015, arrojaron resultados negativos para la propuesta del Gobierno.

La consulta convocada en esta ocasión para proceder a una reforma constitucional parcial (art. 168) se enmarca en la Carta Magna redactada por una Asamblea Constituyente y aprobada en referéndum en el año 2009.

“Una democracia directa requiere de la población y del gobierno, interés político con instinto patriótico y nivel de intelectualidad capaz de aplicar un criterio comunitario para conducir el desarrollo de un país”, opina Markus Ruegg, ciudadano suizo afincado en Bolivia desde hace tres décadas. A su juicio, el país andino podría avanzar en este sentido mejorando su sistema educativo y sus estructuras de comunicación social.

Varios estudios europeos y latinoamericanos que analizan el desarrollo de la democracia directa coinciden en que la inclusión de estos métodos de consulta directa en América Latina implica aspectos positivos, a pesar de los tropiezos que deben sortear hasta su empleo eficaz.

“Si bien es positiva la incorporación de esos instrumentos para mejorar la calidad democrática, aún no han mejorado la calidad de vida”, afirma Carlos Borth. Los mecanismos de democracia directa están incluidos en la Constitución, pero falta una cultura política en el empleo de los mismos. Hasta ahora, muchos ciudadanos acuden a las urnas sin tener una idea exacta sobre lo que va a apoyar o rechazar.

“En Suiza, la población se siente parte activa del proceso de toma de decisiones del Gobierno. En Bolivia, en cambio, la participación popular termina con la elección del partido gobernante. Solo puede influir a través de sus representantes”, precisa Ruegg.

Varios países de América Latina –Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, entre ellos– han incorporado mecanismos de democracia directa con resultados diversos.

Los referéndums revocatorios al desparecido presidente Hugo Chávez de Venezuela (2004) y a Evo Morales en 2008, o la reforma constitucional en Venezuela que autoriza la reelección presidencial indefinida, se decidieron en las urnas. En Bolivia, se decidirá el 21 de febrero.

La cuestión queda siempre en establecer si el llamado a las urnas surge desde abajo o desde arriba.