“Suiza es más selectiva en materia de naturalización desde 2018”

Thomas Kern / swissinfo.ch

La nueva ley de nacionalización o naturalización favorece a las personas bien educadas y ricas que proceden de los países vecinos de Suiza. Eso es lo que en esta entrevista afirma la investigadora de derecho de nacionalidad Barbara von Rütte.

SWI swissinfo.ch: ¿Tener una nacionalidad es un derecho humano?

Barbara von Rütte: Es una cuestión controvertida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que sí, pero el Convenio Europeo de Derechos Humanos no señala nada al respecto. Por eso se suele decir que es una cuestión de política; no, un derecho. No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estipula que, una vez alcanzado cierto grado de arraigo, existe el derecho de pertenencia. Creo que se trata de un derecho humano, porque la nacionalidad afecta a aspectos fundamentales de la vida de la persona.

Los obstáculos para obtener un pasaporte suizo se consideran estrictos. Business Insider, entre otros, sitúa a Suiza entre los “países donde es más difícil obtener la ciudadanía”. ¿Estamos ante los mayores obstáculos del mundo?

No, no lo estamos. En algunos países, la nacionalización, en la práctica, no es posible. Pienso en los Estados del Golfo, donde solo una mínima parte de la población tiene la nacionalidad. Pero, como no son democracias, no podemos tenerlo en cuenta.

Podemos preguntarnos si los referendos y las elecciones siguen siendo legítimos cuando solo puede decidir la mitad de la población. En algunos distritos de Zúrich, el 50 % de la población no puede expresarse en las urnas. Las condiciones son similares a las de antes de 1971, cuando las mujeres todavía no tenían derecho a voto.

¿Qué pasaría si la población extranjera se convirtiera en mayoría, como en los países árabes del Golfo? Los requisitos de Suiza para adquirir la nacionalidad —junto con los de Luxemburgo, Liechtenstein y Japón— son los más estrictos entre los países democráticos.

Usted es científica, pero apoya, por ejemplo, una iniciativa popular lanzada recientemente para acelerar la naturalización tras cinco años de residencia en Suiza. ¿Cómo concilia su compromiso político con la ciencia?

Mi enfoque es científico. El hecho de que una cuarta parte de la población suiza no tenga derecho al voto socava la legitimidad de las decisiones políticas a largo plazo. Se puede criticar esto desde un punto de vista teórico.

Se puede replicar que la ciudadanía suiza es un privilegio especial, precisamente por las oportunidades de participación democrática.

Se puede decir lo mismo de otros países. Hay varias teorías sobre si Alemania, que está introduciendo una ley de naturalización progresiva, es menos democrática que Suiza. Sobre todo, porque el pasaporte alemán permite viajar sin visado a tres países más que el pasaporte de la cruz blanca. El argumento de que necesitamos barreras más altas que otros países europeos no me convence.

KEYSTONE

En su opinión, ¿las altas barreras están relacionadas con el hecho de que en muchos cantones de Suiza en la asamblea municipal se pueda votar sobre el derecho de ciudadanía de quienes presentan su candidatura para adquirir la nacionalidad?

No es una cuestión jurídica, pero, efectivamente, considero que esto contribuye a considerar la ciudadanía como un privilegio que permite participar en muchas decisiones e incluso, en muchos cantones, decidir quién obtiene el derecho de ciudadanía. La naturalización es un acto administrativo; no, político. Esta decisión emana del Tribunal Federal en 2003, al igual que el hecho de que una asamblea municipal —que debate antes de votar— se asimila a una autoridad. Nos encontramos ante la idea de que un Estado es como un club que puede decidir si acepta o no a un nuevo miembro. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la exclusión en algún momento se convierte ilegítima. ¿Es aceptable que la gente viva en Suiza durante varias generaciones sin derechos de ciudadanía?

Sería claramente ilegítimo que un Estado decidiera, como norma general, no dar la nacionalidad a personas de piel negra o de confesión judía.  

Eso sería contrario a prohibir la discriminación. Pero nadie lo hace.

Nadie lo hace explícitamente. Pero, en mi opinión, la ciudadanía suiza tiene una serie de mecanismos que pueden hacer que ciertas exclusiones sean discriminatorias. Tomemos el ejemplo de las personas que reciben asistencia social o que la han recibido en los últimos años y que están excluidas de la naturalización. Reciben estas prestaciones un número desproporcionado de mujeres que viven solas. Nos enfrentamos a un problema importante si casi todas las mujeres solas no pueden naturalizarse.

El periodo de residencia exigido para obtener un pasaporte suizo, desde 2018 es de diez años en vez de doce. ¿Significa esto que disminuyen los obstáculos para obtener la nacionalidad?  

Las primeras cifras referentes a la nueva ley de naturalización muestran que se ha vuelto mucho más selectiva. Exagerando, podríamos decir que quienes se benefician son, sobre todo, las personas bien formadas y con altos ingresos de los países vecinos. Las barreras realmente no han disminuido ni para las personas procedentes de terceros países ni para las que han llegado a Suiza como refugiadas.

¿Es clara la tendencia de Suiza de dar la nacionalidad a menos personas de terceros países?

Se observa un marcado retroceso.

¿Cómo explica esta situación?

Se debe al hecho de que ahora se exige un permiso de establecimiento y de que se ha normalizado el umbral de conocimientos lingüísticos. También desempeñan un papel importante las restricciones a la asistencia social antes mencionadas.

En Suiza, el federalismo parece implicar cierta forma de arbitrariedad. Es el caso de la asistencia social, en particular, ya que los municipios disponen de gran autonomía para organizar este servicio y a veces faltan competencias técnicas o de supervisión. Pero ¿cree que el aumento de las normas nacionales en materia de nacionalización conduce a una menor equidad?

Las normas nacionales hacen que los procesos sean más justos y uniformes. Pero cuanto más detallada sea la reglamentación, menos margen de apreciación y arbitrariedad habrá, en un sentido negativo; pero también, en un sentido positivo.

Desde la revisión total de la ley en 2018, existe una norma clara según la cual la naturalización pasa primero por el cantón y el municipio y luego, por la Confederación. Antes, esto variaba de un cantón a otro. Es un avance.

Pero los criterios relativos al nivel lingüístico y la definición de integración son ahora tan detallados que hay menos margen para la discrecionalidad en lo que se refiere a la competencia lingüística, por ejemplo. Una persona que ha trabajado toda su vida en la construcción o en un servicio de limpieza puede mantener una conversación; pero no, necesariamente, escribir un texto complejo en un idioma nacional. Hoy en día, esta persona corre el riesgo de fallar la prueba lingüística. Desde un punto de vista democrático, se plantea una cuestión central: ¿Queremos solo personas altamente cualificadas? Se trata de un debate político que aún no ha tenido lugar.     Desde el punto de vista jurídico, a veces nos acercamos a prácticas discriminatorias. Pienso sobre todo en las personas afectadas por la pobreza, que de facto ya no pueden naturalizarse, o en las personas que llegan de terceros países. Proceden, generalmente, de países del Sur, son de confesión no cristiana y el color de su piel no es blanco. Si la tendencia es clara, es discriminatoria.

Thomas Kern / swissinfo.ch

En Suiza, el éxito de la naturalización puede depender de la región en la que se viva. Se naturaliza en una comuna, en un cantón y en el país: es lo que se conoce como tripartismo. ¿Es Suiza una excepción mundial en este sentido?

Sí, porque en otros ordenamientos jurídicos no existe el derecho de ciudadanía a nivel municipal, cantonal y federal. Es más, todos los niveles pueden establecer sus propias condiciones. En la práctica, en otros Estados federales, como Alemania, hay diferencias según la oficina competente, pero en todas partes las normas formales son las mismas.  

Asistimos a un auge del nacionalismo en el ámbito político. ¿El acceso a la nacionalidad sigue una tendencia internacional similar?

En los últimos años he observado una tendencia a la flexibilización, hasta la nueva ley alemana de naturalización que ahora fija en cinco años el periodo de residencia. Por otro lado, se ha endurecido la retirada de la nacionalidad. En el contexto europeo —también en Suiza— se retira la nacionalidad sobre todo a las personas sospechosas de terrorismo o “foreign fighters”, es decir, a los combatientes de ejércitos extranjeros. Pero Gran Bretaña se ha convertido en un triste precursor. Se retira la ciudadanía incluso si la persona se convierte en apátrida.

Es un acto demoledor. En 1950 se decidió que nunca más debía repetirse la privación de la nacionalidad como la que sufrieron cientos de miles de personas judías en la Alemania nazi. El retorno de esta práctica es un cambio de paradigma que reclama la derecha nacionalista.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo / Carla Wolff

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