“Jueces extranjeros” – Comprobamos los hechos
La mayoría del Parlamento suizo ha votado en contra de la iniciativa denominada ‘Por la autodeterminación’, que pretende situar la ley suiza por encima del derecho internacional y que se somete a votación popular el 25 de noviembre. Hemos analizado algunos de los argumentos expresados en los debates parlamentarios para comprobar su veracidad.
La iniciativa popular llamada «Ley suiza en vez de jueces extranjeros (Iniciativa por la autodeterminaciónEnlace externo)» de la UDC (derecha conservadora) prevé varias enmiendas a la Constitución Federal.
- Entre otras cosas, la Constitución suiza deberá ser en adelante la fuente suprema del derecho suizo y prevalecer sobre el derecho internacional (a excepción del derecho internacional vinculante, que prohíbe especialmente la tortura, la esclavitud o las guerras de agresión).
- Si se aprobara la iniciativa, Suiza no podría contraer ninguna obligación de derecho internacional contraria a su Constitución.
- Y en caso de contradicción, debería enmendar el tratado internacional o denunciarlo.
- Para los tribunales, solo serían válidos los tratados internacionales sometidos a referéndum en Suiza.
«No estamos sujetos a ninguna ley internacional. Siempre tenemos la oportunidad de denunciar un tratado al que nos hemos adherido. […] Suiza puede hacerlo en cualquier momento y para cualquier tratado. Si lo deseamos, podemos denunciar la Convención Europea de Derechos Humanos mañana. Solo debemos respetar los plazos.”
Pirmin Bischof, Partido Demócrata Cristiano
Contexto: la cuestión central de la iniciativa es que la ley constitucional suiza prevalezca sobre la ley extranjera. Se trata de una reacción contra la jurisprudencia del Tribunal Federal, en la que el derecho internacional prevalece en general sobre el derecho nacional, aun cuando esto no esté recogido en ninguna parte del derecho suizo.
¿Verdadero o falso?
El argumento del senador Bischof de que es posible rescindir un tratado internacional en cualquier momento ha sido al parecer tan convincente que ha sido repetido por varios parlamentarios.
Solo hay un pequeño problema: formulado con la rotundidad de Pirmin Bischof, el argumento es falso. Hay tratados internacionales que no se pueden denunciar.
Es cierto que son relativamente pocos, pero los hayEnlace externo. En particular, los pactos de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturalesEnlace externo, así como sobre derechos civiles y políticosEnlace externo. Estos pactos contienen un catálogo de derechos similar al de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDHEnlace externo).
Tampoco pueden ser denunciados los tratados fronterizos que Suiza ha firmado con sus vecinos. Y aunque no se ve afectado por la iniciativa, el derecho internacional vinculante es también irrevocable.
Por otro lado, la CEDH puede denunciarse, por lo que Bischof tiene razón en este punto. Simplemente, Suiza tendría que respetar un período de seis meses. La mayoría de los tratados «normales» con otros Estados también contienen una cláusula de rescisión.
Veredicto: FALSO (aunque en este caso estemos siendo un poco exigentes)
«Ningún otro Estado en el mundo asume que el derecho internacional prevalezca sobre su propia constitución […]». Hans-Ueli Vogt, UDC
Contexto: La UDC usa la comparación entre Suiza y otros países para apoyar su argumento de que la iniciativa simplemente implementaría lo que ya está funcionando en otros lugares. Los adversarios afirman, sin embargo, que esas comparaciones son miopes y engañosas.
¿Verdadero o falso?
La Oficina Federal de Justicia solicitó un informe para conocer cómo regulan otros Estados la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. ¿A qué conclusión llegaron los expertos? En ninguno de los países analizados se prevé una «primacía del derecho internacional» que se aplique «mecánicamente». En este sentido, Vogt tiene razón.
Con una sola excepción: el derecho de la Unión Europea prevalece sobre el derecho de los Estados miembros. Durante el debate que tuvo lugar en la Cámara de los cantones, el senador liberal-radical (PLR, derecha liberal) Kurt Fluri recordó que «todos los países de la UE deben respetar la legislación de la UE, incluso cuando, siguiendo su legislación nacional, habrían actuado de manera distinta». Y eso es verdadEnlace externo. Pero el derecho de la UE es un caso particular porque la UE es una unión de EstadosEnlace externo, a medio camino entre un Estado y una confederación. Cuanto más se parezca una unión de Estados a un Estado, menor será la soberanía de de los Estados que la componen. Como en Suiza, donde la ley federal prevalece sobre la de los cantones.
«Gracias a la presión de la CEDH se introdujo el derecho de voto de las mujeres, se indemnizó a las víctimas del amianto o se abolió la detención administrativa». Nadine Masshardt, Partido socialista
Contexto: los adversarios de la iniciativa para la autodeterminación destacan siempre la importancia de la CEDH para Suiza, ya que parten de la idea de que habría que salir de la Convención si la iniciativa fuera aprobada en las urnas.
Voto femenino
Suiza ha sido uno de los últimos países de Europa occidental en ratificar la CEDH. El motivo se debió a que en su momento muchos de los artículos de la Constitución Federal no eran conformes a los derechos humanos. Entre otros, el hecho de que solo los hombres disfrutaran del derecho de voto y de elección violaba claramente la prohibición de cualquier tipo de discriminación.
En 1968 el Consejo Federal quiso firmar la CEDH con una reserva sobre el derecho de voto de las mujeresEnlace externo, lo que provocó fuertes protestas por parte de las asociaciones de mujeres. El gobierno cambió entonces de estrategia y lanzó una iniciativa que fue aprobada por los suizos varones en 1971. Después de eliminar otros obstáculos que figuraban en la Constitución Federal, Suiza firmó en 1974 la CEDH.
Víctimas del amianto
En Suiza, el derecho a reclamar una indemnización en caso de lesiones o muerte prescribe a los diez años. Dado que los daños causados a la salud por el amianto no se hacen visibles hasta años o decenas de años después, el plazo, comparativamente corto, para solicitar una compensación se convierte en un problema para las víctimas. Una de estas víctimas acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2014 sentencióEnlace externo que el plazo era inapropiado a la vista de los graves daños causados a las personas. Después de vivos debates, el Parlamento suizo acordó doblar el plazoEnlace externo de prescripción, elevándolo hasta 20 años.
Después de vivos debates, el Parlamento suizo acordó doblar el plazoEnlace externo de prescripción, elevándolo hasta 20 años.
Detención administrativa
Hasta la década de 1980, las autoridades suizas podían mandar a la cárcel no solo a delincuentes y criminalesEnlace externo sino también a personas cuyos modos de vivir no se correspondían con el ideal de la época: madres solteras, marginados, prostitutas, alcohólicos, toxicómanos y otras personas consideradas como “vagos o maleantes”. Las personas afectadas no podían oponerse a esta detención administrativa, pues no existía medio legal para hacerlo.
Solo después de la entrada en vigor de la CEDH pudieron alegar derechos procesales. Hoy nadie puede ser detenido arbitrariamente, salvo, y bajo unas condiciones claras, cuando la persona tiene tendencias suicidas o puede poner en peligro la vida de otros. Además, en estos casos esas personas suelen ser ingresadas en hospitales psiquiátricos y no en cárceles como se hacía anteriormente.
«Si nos fijamos en la evolución de los últimos años, podemos observar que cada vez se presentan más iniciativas contrarias al derecho internacional. Se quejan enérgicamente de la influencia del derecho extranjero y así justifican el lanzamiento de una iniciativa popular». Duri Campell, Partido Burgués Democrático
Contexto: los adversarios de la «iniciativa por la autodeterminación» acusan a la UDC de lanzar regularmente iniciativas contrarias al derecho internacional. Esa es la principal causa por la que surge el problema de colisión con el derecho nacional. Algunos oponentes acusan incluso a la derecha conservadora de provocar conscientemente esas colisiones para obtener rentabilidad políticaEnlace externo.
¿Verdadero o falso?
Es un hecho que para el Consejo Federal y una parte del Parlamento las iniciativas populares contrarias al derecho internacional se están convirtiendo cada vez más en un problema. En 2013, el Consejo Federal presentó a consulta algunas propuestas de soluciónEnlace externo. Y la comisión de instituciones políticas del Consejo de los Estados ha analizado si, debido a las dificultades en la implementaciónEnlace externo de las iniciativas populares, no sería necesaria una reforma.
Algunas, aunque no todas, de las iniciativas populares consideradas problemáticas fueron lanzadas o apoyadas por la UDC. Por ejemplo, la iniciativa contra la inmigración en masa puede ser contraria al acuerdo sobre la libre circulación de personas con la UE; la prohibición de erigir minaretes puede no ser compatible con la libertad religiosa y el derecho a la no discriminación); el mecanismo de expulsión automática para los autores de ciertos delitos, según lo previsto por la Iniciativa de Deportación, es incompatible con el derecho internacional.
El fenómeno, sin embargo, no tiene nada de nuevo: ‘foraus’, el ‘think tank’ suizo de política exterior, Enlace externo señala en un documento de discusión que ya desde finales del siglo XIX se han registrado una y otra vez en Suiza iniciativas populares que chocaban con los derechos fundamentales u obligaciones del derecho internacional. Foraus cita como ejemplos, entre otros, la reintroducción de la pena de muerte en 1879, la prohibición de la matanza ritual de animales de 1892, la detención preventiva de socialistas en 1919, la prohibición de las sociedades masónicas de 1934 o la iniciativa contra el exceso de población extranjera de 1974. Pero ‘foraus’ observa también que en los últimos años se viene registrando un número creciente de iniciativas problemáticasEnlace externo que son aprobadas por el pueblo en las urnas.
El hecho de que la ley suiza choque cada vez más con las obligaciones internacionales no se debe solo a iniciativas de la UDC, sino que tiene también otras causas: según Oliver Diggelmann, profesor de derecho internacional de la Universidad de Zúrich, la creciente importancia del derecho internacional en nuestro mundo globalizado, aumenta las posibilidades de una colisión con la ley nacional.
Además, la UDC no es el único partido cuyas iniciativas entran en conflicto con el derecho internacional. Por ejemplo, la iniciativa en 2009 de la Juventud Socialista llamada «1:12 – Por salarios justos», que exigía que el salario más alto pagado por una empresa no fuera más de doce veces el salario más bajo pagado por la misma empresa. Si la iniciativa hubiera sido aprobada se habrían violado algunos derechos, como la igualdad ante la ley y las garantías a la propiedad y la libertad económica.
Diggelmann opina también que con el tiempo se ha llegado a una «interpretación cada vez más exigente de los derechos humanos individuales», especialmente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que aumenta la posibilidad de colisiones. Cita como ejemplo el derecho a la vida privada y familiarEnlace externo, que es importante en el caso de expulsiones. La conclusión es que, en opinión de los jueces internacionales, cada vez más disposiciones nacionales violan los derechos humanos.
Pero, ¿cómo se puede determinar con claridad si existe una infracción mientras no haya una sentencia judicial? La ley no es una ciencia exacta. Probablemente, muchos juristas habrían considerado problemática la prohibición del burka porque podría atentar contra la libertad religiosa, y sin embargo, el Tribunal europeo de Derechos Humanos lo ha declarado admisible.
Por esta razón, no podemos pronunciarnos de manera concluyente sobre la afirmación de si estamos ante un aumento de las iniciativas contrarias al derecho internacional.
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Verificación de hechos por SWI swissinfo.ch
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