“Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros”: ¿de qué se trata?

¿El derecho suizo debe prevalecer sobre el derecho internacional? Keystone

El 25 de noviembre el pueblo suizo votará la iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros” (iniciativa por la autodeterminación)’, que tiene por objeto poner a la Constitución Federal por encima del derecho internacional. Se trata en esencia de que la aplicación de las decisiones populares no se vea obstaculizada por tratados internacionales. Para sus adversarios esta iniciativa debilita la tutela de los derechos humanos.

Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma para la democracia directa de swissinfo.ch

La iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjerosEnlace externo’ fue lanzada por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). Su propósito es incorporar a la Constitución un artículo que establezca que la Constitución suiza es la fuente suprema del derecho suizo, y no el derecho internacional.

La idea básica es que las decisiones tomadas por el pueblo suizo estén por encima del derecho internacional, o dicho de otra manera, que la democracia directa no esté sometida a los tratados internacionales. Según los autores del texto, la iniciativa surge como reacción a la interpretación demasiado laxa que Gobierno, Parlamento y Tribunal Federal hacen de los resultados de algunas votaciones populares para evitar que entren en colisión con el derecho internacional.

¿Cuál es la situación actual?

La legislación suiza actual no establece de manera clara ni detallada la jerarquía entre el derecho internacional y la Constitución federal. La doctrina y la jurisprudenciaEnlace externo parten del principio de primacía del derecho internacional, aunque esto no esté explícitamente señalado en la Constitución.

La vaguedad de la Constitución en este aspecto confiere a los tribunales un amplio margen de maniobra. En varias ocasiones, cuando se producía alguna colisión entre el derecho internacional y la Constitución, el Tribunal Federal (la más alta instancia judicial suiza) ha tenido que determinar cuál de ambos derechos debía prevalecer. El artículo 190 de la Constitución suizaEnlace externo se limita a indicar que ambos derechos son igualmente “determinantes” para los tribunales.

Es decir, la propia Constitución no se define a sí misma como determinante. Esto permite que el Parlamento pueda eludir, de manera relativamente fácil, la aplicación de los resultados -no deseados- de algunas iniciativas populares, implementándolos solo a medias. Cabe recordar que una iniciativa popular supone una enmienda de la Constitución y que es el Parlamento el que elabora posteriormente las leyes que desarrollan e implementan esa enmienda. Pero los tribunales lo que aplican son las leyes de implementación –aunque sean descafeinadas- y no el artículo constitucional modificado por la iniciativa popular. Y esto es precisamente lo que irrita a los promotores de la iniciativa.

¿Qué plantea la iniciativa?

Fundamentalmente la iniciativa propone que la Constitución suiza prevalezca sobre el derecho internacional. De esta prevalencia están excluidas las disposiciones vinculantes del derecho internacional, como la prohibición de la tortura o la esclavitud. Pero en caso de conflicto entre la Constitución Federal y el derecho internacional, Suiza deberá modificar o rescindir los tratados de derecho internacional. Y en el futuro solo serán determinantes para los tribunales los tratados internacionales que hayan sido sometidos a referéndum.

¿Cuáles son los argumentos de los promotores de la iniciativa?

Los autores del texto afirman que la democracia directa se encuentra actualmente en peligro y pretenden defenderla o restaurarla con su iniciativa. Según la UDCEnlace externo, el derecho a la autodeterminación de que dispone el pueblo suizo, fundado en la democracia directa y “único en el mundo”, quedó sin vigencia cuando el Tribunal Federal decidió en 2012 hacer prevalecer el derecho internacional sobre la Constitución Federal.

En consecuencia, el Gobierno y el Parlamento no implementaron la decisión de la voluntad popular invocando el acuerdo de libre circulación de personas firmado con la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). Y señalan al mismo tiempo que las autoridades y organismos internacionales amplían continuamente el alcance de los tratados internacionales, sin que el pueblo suizo tenga nada que decir al respecto.

Por eso, los promotores consideran su ‘iniciativa por la autodeterminación’ como un “sí a la democracia directaEnlace externo”. En el futuro las decisiones populares no podrán invalidarse invocando tratados internacionales, como en el caso de la iniciativa contra la inmigración en masa, o la iniciativa de expulsión de los extranjeros delincuentes. Esta iniciativa trata por lo tanto de responder a la cuestión fundamental de si Suiza quiere seguir siendo una democracia directa.

¿Cuáles serían las consecuencias de la iniciativa?

Es difícil señalar qué consecuencias tendría la iniciativa. No obstante, estos serían los puntos más sobresalientes

• Rescisión de acuerdos: Según los adversarios de la iniciativa, habría que revisar cerca de 5 000 tratados internacionales en busca de contradicciones, y en su caso, renegociarlos o rescindirlos. Estarían en riesgo unos 600 acuerdos importantes para la economía. Sin embargo la UDC afirma que no está bajo amenaza ningún acuerdoEnlace externo fundamental para la economía nacional, porque este tipo de tratados no entran en conflicto con la Constitución.
• Derechos humanos: Los adversarios a la iniciativa advierten que será necesario denunciar la Convención Europea sobre Derechos Humanos (CEDH) y, por consiguiente, que los suizos y suizas ya no podrán concurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por su parte, la UDC sostiene que la rescisión del acuerdo con la CEDH no figura entre los objetivos de la iniciativa por la autodeterminación, aunque reconoce que no se opondría a presentar la renuncia. Los adversarios a la iniciativa argumentan que de todos modos las sentencias del tribunal de Estrasburgo perderían toda eficacia en Suiza, ya que la CEDH no ha sido sometida a referéndum desde que fue ratificada en 1974, y por lo tanto, ya no sería determinante para los tribunales suizos. Sin embargo, para la UDC esto no sería materia de preocupación: los “jueces extranjeros” de Estrasburgo no son necesarios porque Suiza garantiza los derechos humanos en su propia Constitución.
• Seguridad jurídica: Los promotores creen que la iniciativa aumentará la seguridad jurídica al especificar que la Constitución Federal es la fuente suprema del derecho. En la actualidad no está claro cómo dirimir un conflicto entre el derecho constitucional suizo y el derecho internacional. Por el contrario, los adversariosEnlace externo consideran que la iniciativa creará inseguridad jurídica a causa de su incoherencia, porque no se indica qué tratados internacionales deberán ser renegociados o rescindidos y quién tendrá la competencia para decidir sobre ello.
• Socio poco fiable: Para los adversarios la iniciativa llevaría a revocar contratos internacionales y tendría consecuencias negativas sobre la fiabilidad de Suiza como socio. Por su parte, la UDC subraya que Suiza rara vez ha violado un tratado: los acuerdos internacionales importantes están siempre sujetos a referéndum y, por lo tanto, seguirían siendo determinantes para los jueces.
• Problemas con la UE:  Los adversarios a la iniciativaEnlace externo temen que tengan que ser denunciados los acuerdos bilaterales con la UE. La UDC no parece precisamente querer mantenerlos a toda costa y ha presentado ya una nueva iniciativaEnlace externo que propone poner fin al acuerdo sobre libre circulación de personas con la UE.
• Consecuencias económicas: la Federación de Empresas suizas economiesuisseEnlace externo sostiene que la iniciativa por la autodeterminación pone en peligro la plaza económica suiza. En cambio, la UDC considera que la democracia directa es garantía de una plaza económica estable y atractiva.

¿Por qué rechaza el Gobierno la iniciativa?

El Consejo FederalEnlace externo recomienda votar en contra porque la iniciativa pone en riesgo los tratados internacionales, genera una gran inseguridad jurídica y supone una amenaza para la plaza económica y comercial de Suiza. Considera que también se debilitaría la protección de los derechos humanos.

¿Qué dice el Parlamento?

Las dos Cámaras Federales han rechazado también la iniciativaEnlace externo: el Consejo Nacional (cámara baja) por 129 votos contra 68 y el Consejo de los Estados (cámara alta) por 38 contra 6. Entre los principales partidos solo la UDC apoya la iniciativa.

Para contactar con la autora: @SibillaBondolfi, en FacebookEnlace externo o en TwitterEnlace externo

Amplia alianza de los adversarios

No solo el Gobierno, el Parlamento y los partidosEnlace externo rechazan por amplia mayoría la iniciativa por la autodeterminación, sino que también en la sociedad civil se ha formado una amplia alianza para luchar contra esta propuesta. Las organizaciones rechazan la iniciativa por diferentes motivos: la organización economiesuisseEnlace externo asegura que la iniciativa constituye un ataque frontal a los intereses económicos; profesores universitariosEnlace externo y otros expertos advierten de la inseguridad jurídica que crearía la iniciativa; las ONGEnlace externo avisan del peligro que corren los derechos humanos; y el movimiento Operation LiberoEnlace externo teme consecuencias negativas en el ámbito de la política exterior.

Por otra parte, en la reunión del Consejo de los Suizos en el Extranjero celebrada en agosto pasado, los representantes de la denominada 5ª Suiza aprobaron por unanimidad solicitar el rechazo de la iniciativa. Los expatriados suizos se ven directamente afectados por las convenciones internacionales y son por tanto partidarios de apoyar las redes internacionales suizas.

Traducción del alemán: José M. Wolff