Una agricultura local, con ayuda del Estado

La iniciativa “Por la soberanía alimentaria” defiende una agricultura local diversificada y sostenible, tanto desde un punto de vista social como ambiental. Keystone

El trabajo de los agricultores debe servir sobre todo para proporcionar a la población local alimentos producidos de manera sostenible: esta es la visión de los promotores de la iniciativa popular ‘Por la soberanía alimentaria’. Sus adversarios temen una excesiva intervención del Estado en el mercado agrícola y una política arancelaria que perjudique las relaciones comerciales con el exterior.

La iniciativa popular denominada ‘Por la soberanía alimentaria. La agricultura nos incumbe a todos”’, lanzada por el sindicato de agricultores UniterreEnlace externo y por L’autre syndicatEnlace externo, propone un cambio radical en la política agraria de la Confederación. El texto de la iniciativa, que es uno de los más largos en la historia de la democracia directa helvética, formula un programa de diez puntos para lograr una agricultura local diversificada y sostenible, exenta de OGM (organismos genéticamente modificados) y capaz de ofrecer puestos de trabajo con buenas condiciones salariales.

La iniciativa se basa en el concepto de soberanía alimentaria elaborado por Vía CampesinaEnlace externo, el movimiento internacional de los pequeños agricultores del que forman parte las dos organizaciones promotoras. Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la política agrícola y a los cambios estructurales que se han producido en el sector agrícola desde mediados de los años noventa. Sus partidarios critican sobre todo la caída del número de explotaciones agrícolas, la volatilidad de los precios, la presión de la competencia internacional sobre los agricultores, el poder de las grandes empresas agroalimentarias y las repercusiones sobre el ser humano y el medio ambiente.

En caso de que la iniciativa fuera aprobada, se incorporaría a la Constitución Federal un nuevo artículo dedicado a la soberanía alimentaria. En los primeros dos párrafos del texto de la iniciativa se enuncian los objetivos generales de la modificación constitucional. La Confederación asumiría la obligación de fomentar “una agricultura campesina local, rentable y diversificada, que ofrezca alimentos saludables y conformes a las expectativas sociales y ecológicas de la población”. Los alimentos y los forrajes para animales deben ser, en buena medida, de origen local y su producción debe preservar los recursos naturales.

Los párrafos siguientes (3-10) contienen las medidas concretas destinadas a alcanzar estos objetivos. La Confederación debe tomar medidas para favorecer a los trabajadores del sector agrícola, preservar los terrenos cultivables y garantizar a los campesinos el derecho a utilizar, preservar e intercambiar semillas. Se prohíbe expresamente el uso agrícola de organismos modificados genéticamente.

Asimismo, se pide al Estado que garantice la transparencia del mercado interior, que favorezca el establecimiento de precios justos y que fortalezca las infraestructuras regionales de procesado y almacenamiento de alimentos. La iniciativa presta también una atención especial a la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, fundamentalmente a través de una armonización a escala federal.

Para garantizar el logro de estos objetivos la iniciativa prevé una serie de medidas que garanticen una producción conforme a las normas sociales y ambientales suizas, imponiendo aranceles a la importación de productos que no cumplan dichas normas o, simplemente, prohibiendo la importación de tales productos. Por otra parte, la iniciativa propone la eliminación de las ayudas a la exportación.

Finalmente, se encarga a la Confederación la tarea de informar y concienciar sobre las condiciones de producción y transformación de los productos alimentarios nacionales e importados.

En su mensaje del 15 de febrero de 2017Enlace externo, el Gobierno federal invitó al Parlamento a rechazar la iniciativa. El Gobierno considera que esta propuesta pone en peligro el progreso de los últimos 25 años en materia de política agrícola, daña la competitividad y el espíritu de innovación de la industria agroalimentaria helvética y limita innecesariamente el margen de maniobra de Suiza en el ámbito de la política exterior.

Agricultura y alimentación son dos temas que parecen despertar un interés particular en la población suiza.

El 24 de septiembre de 2017 el electorado suizo aprobó, por una amplia mayoría, un nuevo artículo constitucional sobre la seguridad alimentaria. Un año después los ciudadanos y ciudadanas suizos son de nuevo llamados a pronunciarse sobre dos iniciativas –‘Por unos alimentos justosEnlace externo’ y ‘Por la soberanía alimentariaEnlace externo’- que tienen por objeto modificar o ampliar dicho artículo.

El 25 de noviembre se votará también la iniciativa ‘Por unas vacas con cuernosEnlace externo’. Otras dos propuestas –‘Agua potable limpiaEnlace externo’ y ‘Por una Suiza libre de pesticidas sintéticosEnlace externo’- han logrado reunir las firmas necesarias para ser sometidas a votación. Finalmente, el pasado mes de junio se lanzó una iniciativa contra la ganadería intensivaEnlace externo.

Por un lado, el objetivo de fomentar una agricultura campesina variada y sostenible está ya garantizado, según el Gobierno, por la Constitución Federal y, en particular, por el artículo 104aEnlace externo sobre seguridad alimentaria, aprobado por el electorado en septiembre de 2017.

La Confederación dispone también de instrumentos para proteger las tierras de cultivo y los precios agrícolas y para promover la transformación, el almacenamiento y la comercialización de los productos agrícolas en el mercado interior. Por otra parte, las ayudas a la exportación serán eliminadas en 2020, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la Organización Mundial del ComercioEnlace externo (OMC).

Asimismo, el Gobierno considera que la iniciativa representa un giro peligroso en relación con la política de apertura del mercado agrícola que persigue la Confederación en los últimos 25 años. Un aumento de la intervención del Estado en las estructuras y en el mercado acabaría traduciéndose en un incremento de los precios de los productos agrícolas y, por tanto, en una pérdida de competitividad del sector. Incluso tendría repercusiones en la industria del turismo y la restauración.

La prohibición generalizada de los OGM y de otras tecnologías afines sería un riesgo para el potencial innovador de Suiza. Por otra parte, la armonización de las condiciones de trabajo a escala federal representaría una violación de las competencias cantonales en el marco de los contratos de trabajo ordinarios.

Por último, el Gobierno ve riesgo para la economía suiza en la posibilidad, prevista por la iniciativa, de aumentar los aranceles aduaneros, violando así los compromisos internacionales adquiridos. Por un lado, la Confederación se enfrentaría a la tarea, casi irrealizable, de controlar el cumplimiento de las normas sociales y ambientales suizas en el exterior. Por otro, la aplicación unilateral de medidas de protección aduanera podría tener repercusiones muy negativas en las relaciones comerciales suizas.

La iniciativa ‘Por la soberanía alimentaria’ tampoco ha convencido a la mayoría de los miembros del Parlamento Federal. El debate ha sido especialmente acalorado en el Consejo Nacional (cámara baja), donde casi todos los grupos parlamentarios expresaron su comprensión y simpatía por las propuestas de la iniciativa. En especial, los diputados de la Unión Democrática de Centro (UDC / derecha conservadora) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC / centro derecha) aprovecharon el debate para poner en el punto de mira la política agrícola del Gobierno. A partir de 2022 el Consejo Federal tiene la intención de hacer hincapié en el libre intercambio y la reducción de las barreras aduaneras.

Solo los Verdes consideraron que la iniciativa era adecuada para alcanzar el objetivo de proteger una agricultura diversificada y sostenible. “Tenemos que dar una señal inequívoca contra la agricultura industrial y desconectada del territorio, un modelo que la población suiza siempre ha querido evitar”, ha declarado la diputada verde Adèle Thorens Goumaz.

Al igual que el Gobierno, los otros grupos parlamentarios han estimado que para muchas de las propuestas existen ya bases legales, mientras que otras han sido consideradas como excesivas. “La iniciativa es correcta en la intención, muy correcta, pero propone una reglamentación excesiva”, ha indicado por ejemplo el consejero nacional del Partido Burgués-Democrático (PBD, centro derecha) Duri Campell. “La iniciativa ‘Por la soberanía alimentaria’ conduce directamente a una economía planificada”, ha afirmado la diputada liberal radical (PRL /derecha liberal) Regine Sauter.

Desde las filas de la izquierda también se ha reconocido que el alto grado de protección aduanera repercutiría en los consumidores con un aumento del precio de los productos alimentarios. Una propuesta de contraproyecto, presentada por una minoría de diputados de la izquierda y verdes, que contemplaba la renuncia a los elementos más conflictivos de la iniciativa, fue también rechazada.

En la votación final el Consejo Nacional decidió, por 146 votos contra 23 y 24 abstenciones, recomendar el rechazo de la iniciativa. A favor de la misma se posicionaron los Verdes, casi una tercera parte del grupo socialista y dos diputados de la UDC. Algo más de un tercio del grupo socialista se abstuvo.

En el Consejo de los Estados el debate sobre la iniciativa no estuvo tan animado. Solo el diputado verde Robert Cramer rompió una lanza a favor de la iniciativa, recordando que cada día cierran sus puertas dos o tres granjas, por lo que sería necesario una nueva política agrícola. Al final, la cámara alta recomendó, con 27 votos contra 1 y 4 abstenciones, rechazar la iniciativa.

Traducción del italiano: José M. Wolff