El trabajo de los agricultores debe servir sobre todo para proporcionar a la población local alimentos producidos de manera sostenible: esta es la visión de los promotores de la iniciativa popular ‘Por la soberanía alimentaria’. Sus adversarios temen una excesiva intervención del Estado en el mercado agrícola y una política arancelaria que perjudique las relaciones comerciales con el exterior.
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Historiador de formación y originario del cantón de Grisones; me interesan principalmente las cuestiones políticas y sociales.
La iniciativa popular denominada ‘Por la soberanía alimentaria. La agricultura nos incumbe a todos”’, lanzada por el sindicato de agricultores UniterreEnlace externo y por L’autre syndicatEnlace externo, propone un cambio radical en la política agraria de la Confederación. El texto de la iniciativa, que es uno de los más largos en la historia de la democracia directa helvética, formula un programa de diez puntos para lograr una agricultura local diversificada y sostenible, exenta de OGM (organismos genéticamente modificados) y capaz de ofrecer puestos de trabajo con buenas condiciones salariales.
La iniciativa se basa en el concepto de soberanía alimentaria elaborado por Vía CampesinaEnlace externo, el movimiento internacional de los pequeños agricultores del que forman parte las dos organizaciones promotoras. Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la política agrícola y a los cambios estructurales que se han producido en el sector agrícola desde mediados de los años noventa. Sus partidarios critican sobre todo la caída del número de explotaciones agrícolas, la volatilidad de los precios, la presión de la competencia internacional sobre los agricultores, el poder de las grandes empresas agroalimentarias y las repercusiones sobre el ser humano y el medio ambiente.
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En caso de que la iniciativa fuera aprobada, se incorporaría a la Constitución Federal un nuevo artículo dedicado a la soberanía alimentaria. En los primeros dos párrafos del texto de la iniciativa se enuncian los objetivos generales de la modificación constitucional. La Confederación asumiría la obligación de fomentar “una agricultura campesina local, rentable y diversificada, que ofrezca alimentos saludables y conformes a las expectativas sociales y ecológicas de la población”. Los alimentos y los forrajes para animales deben ser, en buena medida, de origen local y su producción debe preservar los recursos naturales.
Los párrafos siguientes (3-10) contienen las medidas concretas destinadas a alcanzar estos objetivos. La Confederación debe tomar medidas para favorecer a los trabajadores del sector agrícola, preservar los terrenos cultivables y garantizar a los campesinos el derecho a utilizar, preservar e intercambiar semillas. Se prohíbe expresamente el uso agrícola de organismos modificados genéticamente.
Asimismo, se pide al Estado que garantice la transparencia del mercado interior, que favorezca el establecimiento de precios justos y que fortalezca las infraestructuras regionales de procesado y almacenamiento de alimentos. La iniciativa presta también una atención especial a la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, fundamentalmente a través de una armonización a escala federal.
Para garantizar el logro de estos objetivos la iniciativa prevé una serie de medidas que garanticen una producción conforme a las normas sociales y ambientales suizas, imponiendo aranceles a la importación de productos que no cumplan dichas normas o, simplemente, prohibiendo la importación de tales productos. Por otra parte, la iniciativa propone la eliminación de las ayudas a la exportación.
Finalmente, se encarga a la Confederación la tarea de informar y concienciar sobre las condiciones de producción y transformación de los productos alimentarios nacionales e importados.
En su mensaje del 15 de febrero de 2017Enlace externo, el Gobierno federal invitó al Parlamento a rechazar la iniciativa. El Gobierno considera que esta propuesta pone en peligro el progreso de los últimos 25 años en materia de política agrícola, daña la competitividad y el espíritu de innovación de la industria agroalimentaria helvética y limita innecesariamente el margen de maniobra de Suiza en el ámbito de la política exterior.
Agricultura y alimentación son dos temas que parecen despertar un interés particular en la población suiza.
El 24 de septiembre de 2017 el electorado suizo aprobó, por una amplia mayoría, un nuevo artículo constitucional sobre la seguridad alimentaria. Un año después los ciudadanos y ciudadanas suizos son de nuevo llamados a pronunciarse sobre dos iniciativas –‘Por unos alimentos justosEnlace externo’ y ‘Por la soberanía alimentariaEnlace externo’- que tienen por objeto modificar o ampliar dicho artículo.
Por un lado, el objetivo de fomentar una agricultura campesina variada y sostenible está ya garantizado, según el Gobierno, por la Constitución Federal y, en particular, por el artículo 104aEnlace externo sobre seguridad alimentaria, aprobado por el electorado en septiembre de 2017.
La Confederación dispone también de instrumentos para proteger las tierras de cultivo y los precios agrícolas y para promover la transformación, el almacenamiento y la comercialización de los productos agrícolas en el mercado interior. Por otra parte, las ayudas a la exportación serán eliminadas en 2020, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la Organización Mundial del ComercioEnlace externo (OMC).
Asimismo, el Gobierno considera que la iniciativa representa un giro peligroso en relación con la política de apertura del mercado agrícola que persigue la Confederación en los últimos 25 años. Un aumento de la intervención del Estado en las estructuras y en el mercado acabaría traduciéndose en un incremento de los precios de los productos agrícolas y, por tanto, en una pérdida de competitividad del sector. Incluso tendría repercusiones en la industria del turismo y la restauración.
La prohibición generalizada de los OGM y de otras tecnologías afines sería un riesgo para el potencial innovador de Suiza. Por otra parte, la armonización de las condiciones de trabajo a escala federal representaría una violación de las competencias cantonales en el marco de los contratos de trabajo ordinarios.
Por último, el Gobierno ve riesgo para la economía suiza en la posibilidad, prevista por la iniciativa, de aumentar los aranceles aduaneros, violando así los compromisos internacionales adquiridos. Por un lado, la Confederación se enfrentaría a la tarea, casi irrealizable, de controlar el cumplimiento de las normas sociales y ambientales suizas en el exterior. Por otro, la aplicación unilateral de medidas de protección aduanera podría tener repercusiones muy negativas en las relaciones comerciales suizas.
La iniciativa ‘Por la soberanía alimentaria’ tampoco ha convencido a la mayoría de los miembros del Parlamento Federal. El debate ha sido especialmente acalorado en el Consejo Nacional (cámara baja), donde casi todos los grupos parlamentarios expresaron su comprensión y simpatía por las propuestas de la iniciativa. En especial, los diputados de la Unión Democrática de Centro (UDC / derecha conservadora) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC / centro derecha) aprovecharon el debate para poner en el punto de mira la política agrícola del Gobierno. A partir de 2022 el Consejo Federal tiene la intención de hacer hincapié en el libre intercambio y la reducción de las barreras aduaneras.
Solo los Verdes consideraron que la iniciativa era adecuada para alcanzar el objetivo de proteger una agricultura diversificada y sostenible. “Tenemos que dar una señal inequívoca contra la agricultura industrial y desconectada del territorio, un modelo que la población suiza siempre ha querido evitar”, ha declarado la diputada verde Adèle Thorens Goumaz.
Al igual que el Gobierno, los otros grupos parlamentarios han estimado que para muchas de las propuestas existen ya bases legales, mientras que otras han sido consideradas como excesivas. “La iniciativa es correcta en la intención, muy correcta, pero propone una reglamentación excesiva”, ha indicado por ejemplo el consejero nacional del Partido Burgués-Democrático (PBD, centro derecha) Duri Campell. “La iniciativa ‘Por la soberanía alimentaria’ conduce directamente a una economía planificada”, ha afirmado la diputada liberal radical (PRL /derecha liberal) Regine Sauter.
Desde las filas de la izquierda también se ha reconocido que el alto grado de protección aduanera repercutiría en los consumidores con un aumento del precio de los productos alimentarios. Una propuesta de contraproyecto, presentada por una minoría de diputados de la izquierda y verdes, que contemplaba la renuncia a los elementos más conflictivos de la iniciativa, fue también rechazada.
En la votación final el Consejo Nacional decidió, por 146 votos contra 23 y 24 abstenciones, recomendar el rechazo de la iniciativa. A favor de la misma se posicionaron los Verdes, casi una tercera parte del grupo socialista y dos diputados de la UDC. Algo más de un tercio del grupo socialista se abstuvo.
En el Consejo de los Estados el debate sobre la iniciativa no estuvo tan animado. Solo el diputado verde Robert Cramer rompió una lanza a favor de la iniciativa, recordando que cada día cierran sus puertas dos o tres granjas, por lo que sería necesario una nueva política agrícola. Al final, la cámara alta recomendó, con 27 votos contra 1 y 4 abstenciones, rechazar la iniciativa.
Traducción del italiano: José M. Wolff
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Suiza gana uno de cada dos francos en el extranjero. De ahí su claro compromiso internacional por eliminar las barreras comerciales. Sin embargo, protege su sector agrícola con subvenciones y derechos de aduana a la importación de productos. Hasta ahora ha conseguido aplicar con habilidad las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evitar una posible demanda.
Suiza es uno de los países que más apoyan su agricultura, una política que es fuente de controversia en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley Federal para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas Transformados, conocida como ‘ley chocolatera’ –que reglamenta las subvenciones a la industria alimentaria exportadora– es un buen ejemplo de ello.
Suiza debe adecuar dicha ley al Acuerdo de Agricultura de la OMC, que prohíbe todo tipo de subsidios a las exportaciones para el año 2020. Actualmente, la Confederación Helvética subvenciona con 100 millones de francos a los exportadores de productos agrícolas transformados para asegurar que sean competitivos en el extranjero. Dichos fondos permiten compensar la diferencia que hay entre los precios de la leche y los cereales suizos, y los que prevalecen en el mercado internacional.
Oficialmente, el Gobierno helvético dice que está dispuesto a ceñirse a las nuevas reglas de la OMC, sabiendo que esto supone eliminar las subvenciones que hoy concede. Pero tiene claro que si estas ayudas desaparecen, más de un exportador de productos agrícolas transformados abandonará Suiza para establecerse en otro país. Por ello y para evitar un éxodo sin vulnerar las reglas del libre comercio, el ministro suizo de Economía Johann Schneider-Ammann ha propuesto una solución.
El reto del Gobierno es respetar el Acuerdo Agrícola de la OMC, pero apoyando al mismo tiempo a los agricultores y exportadores helvéticos. ¿Cómo? Suiza ha decidido exentar del pago de derechos aduaneros a las empresas que importan leche y cereales que serán transformados en Suiza para luego exportarlos. Y para ayudar a los campesinos, reemplazará las subvenciones por 100 millones de francos actuales a los exportadores por subsidios directos a los agricultores por 70 millones de francos, equivalentes a 3 centavos por litro de leche y kilo de cereal.
Y el Gobierno piensa ir más lejos aún porque ya hizo un llamamiento a las industrias concernidas a tomar medidas de “derecho privado”, como las llama, para financiar la brecha que existe entre los precios suizos y los internacionales con objeto de que los exportadores adquieran materias primas suizas a precios competitivos, en vez de buscarlas en el exterior.
¿Respetando las exigencias de la OMC?
Markus Ritter, presidente de la Unión de Agricultores Suizos, agricultor orgánico y diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), apoya la iniciativa del gobierno, pero exige que los campesinos reciban fondos por valor de 100 millones de francos y no de 70 millones.
Sin embargo, hay actores económicos que critican férreamente la propuesta del Ejecutivo por considerarla una nueva forma de ‘subvención encubierta’ a la agricultura. El diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ (NZZ) denunció recientemente en sus páginas la “impostura suiza”. Una percepción que comparte Christian Häberli, investigador del Instituto de Comercio Mundial de la Universidad de Berna, y árbitro de la OMC en casos de controversias. Este especialista considera que la solución helvética viola las reglas de la OMC. Pero Markus Ritter le contradice: “No creo que se contravenga a la OMC. Más bien creo que el profesor Häberli no ha entendido la solución propuesta”.
Esencialmente, Ritter y Häberli están en desacuerdo sobre la naturaleza “privada” del mecanismo ideado por el Gobierno para apuntalar la industria lechera. Dicho de otra forma: ¿No se está obligado a los agricultores a ceder 3 centavos de subvenciones a los exportadores?, como opinan algunos expertos.
Markus Ritter lo niega: “La rama [exportadora de productos transformados] no recibirá dinero de los campesinos. Para cubrir agujeros, los compradores de leche se financiarán con sus propios ingresos, un fondo que les permitirá seguir vendiendo sus productos de exportación a precios competitivos. Pero la rama exportadora no tendrá subvención del Estado y tampoco será obligatorio participar en una solución de derecho privado. Es decir, la financiación de este sector será cubierto con recursos privados y voluntarios.
Contradicción
La ‘Interprofession du Lait (IP Lait)’, que aglutina a los productores, transformadores y comercializadores de leche en Suiza, publicó un comunicado en el que precisa que prevé la creación de dos fondos que serán financiados con contribuciones de los socios por un monto máximo equivalente a las aportaciones del Estado para apoyar a los agricultores.
Interrogado sobre las afirmaciones de Ritter y la contradicción que existe [ya que muchos campesinos son miembros de IP Lait y se verían obligados a aportar fondos], Stephan Kohler, de IP Lait, aclara que no existirá ningún vínculo automático entre el apoyo gubernamental y los fondos previstos por IP Lait.
Y añade: “Los agricultores serán libres de decidir si aportan o no dinero a estos fondos”. Sin embargo, los críticos de la medida aseguran que en la práctica no hay tal elección. El 80% de los productores de leche son miembros de asociaciones profesionales en donde también participa la industria transformadora de lácteos, así que se verán obligados a cumplir con los acuerdos que firmen estas asociaciones.
Para Christian Häberli, el reemplazo de la ‘ley chocolatera’ contraviene claramente a los principios de la OMC, según la cual “a partir de 2021, toda forma de subvención a la exportación respaldada por un gobierno queda prohibida, sin importar si los recursos provienen, o no, de los contribuyentes”.
Sin demanda, no hay persecución
Aún es una incógnita cómo reaccionará la OMC a la propuesta helvética. Pero es probable que Suiza no tenga mucho que perder, porque “sin demanda, ningún juez se ocupará de este asunto ante la OMC”, dice Häberli.
“Suiza podría pues seguir apoyando a los exportadores como en los tiempos de la ley chocolatera”, añade Häberli y refiere que esto ya sucede en la industria de la mantequilla. Este sector siempre ha intentado comercializar sus excedentes. Actualmente, el principal grupo productor de mantequilla en Suiza es Cremo, con sede en Villars-sur-Glâne (Friburgo). Y la compañía vende sus sobrantes gracias a la vigencia de un mecanismo parecido al que ahora propone el gobierno para rescatar a la industria lechera.
“El problema”, según el árbitro de la OMC, es que las víctimas de este tipo de políticas compensatorias no son solo los consumidores o los contribuyentes suizos, sino también los productores de leche de los países en desarrollo.
“Como la Unión Europea rechaza cualquier tipo de competencia desleal [dumping], Suiza ha buscado mercados en Turquía y Egipto, en donde los habitantes de las principales ciudades pueden disfrutar de mantequilla barata, mientras en el campo, los productores locales de mantequilla sufren al no poder competir con esos precios. Este es solo un ejemplo de las graves contradicciones que hay entre la política agrícola suiza y las políticas de países en desarrollo”, explica Häberli.
El presidente de la Unión de Campesinos Suizos, Markus Ritter, contraataca argumentando que en Suiza son los propios productores de mantequilla los que financian el fondo que abarata este producto en el extranjero. “Durante años hemos sido nosotros, los agricultores, los que hemos transferido recursos voluntariamente al fondo que apoya la exportación de mantequilla. Y no hay país en el mundo donde esté prohibido vender algo a bajo precio si es financiado de manera privada”.¿Adhesión obligatoria?
Felix Schläpfer, profesor de la Escuela Superior Especializada Kalaidos y miembro del consejo directivo de Vision Landwirtschaft –laboratorio de ideas que siempre ha sido crítico respecto a la política agrícola suiza– no es partidario de la solución presentada por Suiza. Considera que la ley chocolatera simplemente debe desaparecer. “Ya es tiempo de que los estadounidenses, los chinos y los rusos compren los productos suizos a su precio real. No son los contribuyentes suizos quienes deben subvencionar el consumo de bienes en el extranjero”.
El economista se dice sorprendido de que el Gobierno participe en una solución que, a su juicio, es “una medida de corporativismo autoritario”. Critica también la cercanía del Ejecutivo con las asociaciones agrícolas que suelen obligar a los campesinos a adherirse a sus filas. Y, en consecuencia, los presionarán para aportar recursos al fondo que busca proteger el sector lechero y las exportaciones de productos lácteos transformados.
Esta solución perjudica a Suiza en varios niveles porque golpea a los contribuyentes, pero también la imagen de la su agricultura y el medioambiente.
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