Denuncian al presidente tunecino por abusos contra el poder judicial

Túnez, 9 feb (EFE).- La Asociación Tunecina de Jóvenes Magistrados (ATJM) anunció hoy que denunciará al presidente de la República, Kais Said, por «abusos» contra el poder judicial después de que decretase la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), tras acusarlo de corrupción y sectarismopolítico.

La ATJM explicó que presentará una querella ante la Unión Internacional de Magistrados (IUM), con sede en la ciudad austriaca de Salzburgo, con pruebas que demuestran dichos «abusos» y que ponen en peligro la independencia de la justicia tunecina. Asimismo defendió la formación de una comisión para examinar la legalidad del decreto presidencial, todavía pendiente de publicación.

Por otro lado, en un encuentro celebrado hoy en la capital de Túnez con los embajadores de los países del G7- formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- y la Delegación de la Unión Europea (UE) en este país, la ATJM culpó al ministro tunecino de Exteriores, Othman Jerandi, de difundir informaciones «erróneas» con el fin de «demonizar» a los magistrados.

Amnistía Internacional (AI) mostró ayer, martes, su preocupación por el desmantelamiento de la mayoría de controles institucionales en el país, en el que el CSM se había mantenido «como el último bastión de la imparcialidad judicial», por lo que instó al mandatario a rectificar su decisión.

La Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) anunció ayer una huelga de dos días en todos los tribunales del territorio en protesta contra esta violación «indignante» que el mandatario justifica como un medio para «sanear el país de la corrupción».

Dos semanas antes, Said decretó la supresión de los «privilegios» de sus 45 miembros, que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos.

Creado en 2016, el Consejo Superior es un organismo constitucional independiente encargado de nombrar a los jueces además de velar por la independencia del poder judicial.

Desde que el 25 de julio de 2021 el presidente tunecino proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social».

Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como «golpe de Estado», mientras otros consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011. EFE

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