Denuncian la detención arbitraria de un periodista salvadoreño ante relatoría de la ONU

San Salvador, 9 dic (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció ante la Relatoría Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) la detención arbitraria que sufrió el periodista comunitario Víctor Barahona por más de 11 meses en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

«Esperamos que haya un pronunciamiento pronto, en el cual se ordene a las autoridades hacer una investigación de este caso, que se determinen las responsabilidades sobre quienes han tenido que ver con su detención», dijo este lunes en una conferencia de prensa Claudia Palacios, directiva de la APES.

Apuntó que también esperan un pronunciamiento a nivel internacional que obligue a las autoridades salvadoreñas «a que respeten en libertad de prensa y la libertad de expresión en El Salvador».

Barahona, quien ha trabajado para medios comunitarios de radio y televisión, estuvo detenido durante 11 meses y 12 días acusado de asociaciones ilícitas y es parte de los al menos 8.000 ciudadanos que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha reconocido que fueron detenidos y liberados.

En diferentes entrevistas, el periodista ha denunciado que durante su detención sufrió torturas físicas y psicológicas, y tras conocerse su caso públicamente, la Fiscalía solicitó revertir su libertad condicional. Un tribunal desechó la solicitud, pero le prohibió hablar de su caso al ponerlo en reserva.

«En 2022 fui arrestado arbitrariamente en el marco del régimen de excepción. Estuve detenido 11 meses 12 días en condiciones infrahumanas» y «se me acusó por agrupaciones ilícitas sin pruebas contundentes», relató Barahona, quien aún es procesado.

Recalcó que «he sido el único periodista que ha sido detenido y encarcelado desde que comenzó el régimen decepción», por lo que «hay que decirlo claramente: El Salvador sí encarceló a un periodista».

«En El Salvador no se garantiza el derecho humano a la libertad de expresión, por consiguiente, la libertad de prensa es restringida por el poder establecido y los periodistas no podemos ejercer nuestra profesión de manera libre», lamentó.

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida ha dejado más de 83.000 registros de detenciones, de las que se ha liberado a unas 8.000 personas.

En una reciente visita a Costa Rica, el presidente Bukele reconoció que bajo este régimen, que suspende derechos constitucionales, han sido detenidas personas inocentes.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal. EFE

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