Denuncian que minera canadiense ignora a comunidades de Guatemala y Argentina

Toronto (Canadá), 12 may (EFE).- Una coalición de activistas denunció este jueves que la empresa minera canadiense Pan American Silver está ignorando las protestas de las comunidades afectadas por dos de sus proyectos mineros en Guatemala y Argentina.

Angus Wong, representante de la organización SumOfUs, opuesta a grandes proyectos mineros en todo el mundo, declaró a Efe que ayer, durante la asamblea anual de accionistas de Pan American Silver celebrada en Vancouver (Canadá), intentó presentar una petición firmada por 85.000 personas pero que se le negó la entrada.

Wong dijo que a pesar de que tenía la documentación necesaria para participar en la asamblea anual como representante de Earthworks, uno de los accionistas de Pan American Silver, no pudo acceder a la reunión con la petición en la que se solicita a la empresa canadiense que respete la voluntad de las comunidades afectadas en Guatemala y Argentina.

Ellen Moore, de la organización Earthworks, se preguntó en un comunicado por qué Pan American Silver se ha negado a escuchar a accionistas que están preocupados por los derechos de los indígenas en Latinoamérica.

Moore añadió: «No está claro si la compañía respetará el derecho de los pueblos indígenas a rechazar la minería en su territorio. Eso hace que la inversión sea peligrosa y los accionistas lo deberían saber».

En diciembre de 2021, grupos de manifestantes quemaron varios edificios públicos en la provincia argentina de Chubut, en el sur del país, tras la aprobación de una ley que permite la megaminería y en concreto el proyecto de plata Navidad que es propiedad de Pan American Silver.

En 2019, Pan American Silver adquirió la Minera San Rafael de Guatemala, hasta entonces en manos de la también canadiense Tahoe Resources, que opera la mina El Escobal.

Ese año, Pan American Silver y Tahoe Resources fueron acusadas de fraude por la ONG Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) por haber realizado declaraciones engañosas, según el grupo de activistas.

En julio de 2017, la Justicia guatemalteca suspendió las operaciones de El Escobal porque no se había realizado una consulta popular sobre el futuro de la mina entre la comunidad xinca, situada en los alrededores de esa explotación, tal como había ordenado la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano. EFE

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