Diez años después del ataque yihadista de Garissa, las familias aún esperan indemnización

Nairobi, 2 abr (EFE).- Diez años después del ataque yihadista que causó la muerte de 148 personas en la Universidad de Garissa, en el este de Kenia, las familias de las víctimas aún esperan que el Gobierno les pague la indemnización dictada el pasado julio por la justicia ante el segundo peor atentado de la historia del país.

«Si te dijera que me he curado, estaría mintiendo. La muerte de mi hijo destrozó mi vida por completo», declaró este miércoles a medios locales Kalenye Mwandikwa, madre de uno de los estudiantes asesinados ese 2 de abril de 2015, Duncan Mwendwa, que entonces tenía veinte años.

Un silencio casi total por parte de las instituciones marcó el aniversario este miércoles del ataque perpetrado por el grupo yihadista somalí Al Shabab, que constituye el peor atentado sufrido en Kenia desde el ataque de la red Al Qaeda contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998, en el que murieron 213 personas y 5.000 resultaron heridas.

El pasado julio, tres jueces del Tribunal Superior de Milimani, en Nairobi, establecieron que el Gobierno pudo haber evitado la pérdida de vidas, después de que sus servicios de inteligencia no reaccionaran ante las advertencias de posibles actos terroristas.

«Si la Policía se hubiera comportado de manera más profesional, siendo preventiva, eficiente y proactiva, el ataque se habría evitado o, como mínimo, la matanza se había minimizado», señalaron entonces los jueces.

Así, el tribunal ordenó al Ejecutivo pagar indemnizaciones por un valor total de 496 millones de chelines kenianos (unos 3,5 millones de euros) a las familias de las víctimas y los supervivientes.

Mientras la familia de cada fallecido debería recibir 3 millones de chelines (casi 21.500 euros), la corte asignó a cada superviviente entre 1,2 y 10 millones (entre unos 8.600 y unos 71.500 euros), según la gravedad de sus heridas.

«Desde que se dictó la sentencia, el Gobierno no ha respondido a ella. Ni siquiera ha apelado, así que esperamos que respete el fallo», dijo este miércoles Munyoki Isombo, padre de otra estudiante asesinada, Philomena Kasyoka.

En declaraciones recogidas también por medios kenianos, el inspector general de Policía de Kenia, Douglas Kanja, señaló este miércoles que, desde el ataque, Kenia ha adoptado un «enfoque multiagencia» en la lucha antiterrorista que ha permitido construir un «sistema más seguro», mediante el aumento de «las consultas, el intercambio de información y la utilización de los recursos».

El atentado ocurrió el 2 de abril de 2015, cuando un comando terrorista de Al Shabab tomó el control del campus de la Universidad de Garissa, una ciudad próxima a la vecina Somalia, durante dieciséis horas ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, que tardaron al menos doce en llegar.

Al menos 148 personas fueron asesinadas en el ataque, muchos de ellos estudiantes, por ser cristianos, y otras 79 resultaron heridas.

Cuatro terroristas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y dos kenianos fueron condenados en julio de 2019 a penas de 41 años de cárcel -posteriormente rebajadas a 26-, mientras se impuso la cadena perpetua contra el tanzano Rashid Charles Mberesero.

El Ejército de Kenia invadió Somalia en octubre de 2011 tras una serie de secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio.

Poco después -en febrero de 2012-, las tropas kenianas se incorporaron a las fuerzas de la Unión Africana en Somalia, que combaten a los fundamentalistas junto al Ejército somalí.

Desde entonces estos yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales del centro y sur de Somalia, han perpetrado numerosos ataques en Kenia. EFE

lbg/pa/ad