¿Hace Suiza todo lo que puede para congelar los activos rusos?

Las sanciones suizas son constantemente examinadas, tanto en Suiza como en otros países. © Keystone / Martial Trezzini

Suiza está recibiendo cada vez más presiones para que intensifique sus esfuerzos por localizar y congelar los activos de los rusos sancionados. ¿Puede hacer más? SWI swissinfo.ch analiza los principales puntos de conflicto.

¿6 300 millones de francos es suficiente?

El centro de riqueza offshore más importante del mundo y centro mundial de comercio de materias primas ha congelado hasta ahora 6 300 millones de francos suizos (6 300 millones de dólares) y ha identificado 11 propiedades pertenecientes a oligarcas rusos. Pero algunos críticos, tanto en este país como en el extranjero, esperan que estas cifras aumenten.

La Swiss Bankers Association (SBA) (Asociación de Banqueros Suizos) estima que los bancos poseen hasta 200 000 millones de francos pertenecientes a todos los clientes rusos, la mayoría de los cuales no están sujetos a sanciones. Este hecho, afirma, explica que sólo se hayan congelado 6 300 millones de francos.

A nivel nacional, los partidos políticos de izquierda señalan que Suiza debería hacer más para congelar los activos. Los socialistas, por ejemplo, exigieron sin éxito la formación de un grupo de trabajo federal  para rastrear los fondos de los oligarcas.

Los embajadores de Ucrania y Estados Unidos en Berna han pedido a Suiza que descubra los activos que se esconden detrás de empresas ficticias u ocultos por gestores que actúan como apoderados de los verdaderos propietarios.

La crítica más mordaz provino de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos, un organismo cuasi gubernamental integrado por políticos y  que tiene cierta influencia en la política exterior de Estados Unidos. Esta Comisión ofreció una audiencia pública el 5 de mayo en la que acusó a Suiza de ser un refugio seguro para los fondos del régimen de Putin.

Tanto las autoridades suizas como responsables de la plaza financiera han defendido con firmeza su proceder en la aplicación de las sanciones de la Unión Europea. «Suiza, comparada con otros países, no tiene ningún motivo para avergonzarse de la forma en que aplica las sanciones», dijo el portavoz del gobierno suizo André Simonazzi en respuesta a las acusaciones de la Comisión de Helsinki.

¿Estaba Suiza preparada?

En un principio, Suiza se mostró reacia a imponer sanciones financieras a personas y entidades rusas después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania el 24 de febrero. El gobierno argumentó que esta medida podría violar la posición histórica de neutralidad política de Suiza.

Esta postura fue recibida con protestas públicas, reproches de algunos partidos políticos, titulares perjudiciales en los medios de comunicación y presiones de Estados Unidos y la UE. Cuatro días después de la invasión, Suiza anunció un giro de 180 grados y comenzó a imponer las sanciones completas de la UE el 4 de marzo.

Los partidos críticos, como el partido socialista, aseguran que esto demuestra que Suiza estaba mal preparada para localizar rápidamente los activos rusos. Algunos cantones se han quejado también de que la exigencia de informar sobre las villas y otros activos pertenecientes a los oligarcas rusos estuvo mal coordinada por la Secretaría de Estado de Economía (Seco), el departamento gubernamental responsable de aplicar las sanciones.

La ONG anticorrupción Public Eye señala que Suiza cuenta desde el cambio de milenio con un historial de aplicación de sanciones de la UE. Pero el alcance, la escala y la rapidez de las sanciones impuestas a Rusia desde la invasión de Ucrania no tienen precedentes.

La plaza financiera ha aplicado sanciones contra los rusos desde la anexión de Crimea en 2014. Al oligarca más destacado residente en Suiza, Viktor Vekselberg, se le congelaron 1 500 millones de francos en 2018 mientras su banco suizo cerraba su cuenta personal.

¿Dónde se esconde el dinero?

Los bancos han tenido varios años para irse habituando a las sanciones contra los rusos, pero también lo han hecho los oligarcas relacionados con el Kremlin.

Esto les ha dado tiempo suficiente para reorganizar sus finanzas con la ayuda de asesores y abogados. Los Papeles de Panamá y otras revelaciones filtradas desde algunos bufetes de abogados arrojan luz sobre el uso de empresas ficticias, fondos fiduciarios y directores apoderados que firman los trámites sin ser propietarios de los activos. Algunos oligarcas han cedido la propiedad de sus activos a familiares o amigos cercanos.

Por ejemplo, Alisher Usmanov, sancionado por la UE y Suiza, ya había transferido su fortuna a fideicomisos que donaban el patrimonio a miembros de su familia, según ha declarado a los medios de comunicación.

«Estas estructuras impiden a los bancos y a las autoridades determinar los verdaderos propietarios efectivos de los activos. Son un peligro real para el éxito del régimen de sanciones contra Rusia», afirmó el experto suizo en anticorrupción Mark Pieth ante la Comisión de Helsinki.

Según la ley suiza contra el blanqueo de capitales, los bancos deben informar a las autoridades sobre los clientes y las transacciones sospechosas. Los abogados y otros asesores no tienen esa obligación si se limitan a crear fideicomisos y otros esquemas en lugar de manejar activos.

Los bancos suizos también quieren que se endurezcan las leyes en este sentido. «La ampliación de las obligaciones de diligencia debida a asesores como abogados, asesores fiscales y fiduciarios reforzaría aún más el sistema suizo de lucha contra el blanqueo de capitales y debería considerarse su incorporación a la legislación suiza en el futuro», aseguró el director general de la SBA, Jörg Gasser.

Sin embargo, el año pasado el Parlamento suizo rechazó una propuesta para cerrar esta laguna legal. Se argumentó con éxito que eso violaría el privilegio abogado-cliente y que el propio informe de los bufetes de abogados es suficiente salvaguarda contra el blanqueo de dinero.

Las autoridades suizas también han rechazado la vieja reivindicación de activistas como Transparencia Internacional Suiza de mantener un registro público de beneficiarios reales de las empresas.

¿Es Suiza víctima de su reputación del pasado?

El gobierno suizo ha negado insistentemente ser blando con los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania. El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, telefoneó a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, para protestar por la audiencia de la Comisión de Helsinki a principios de mayo.

Por su parte, la Seco afirma que está en contacto regular con las autoridades internacionales, incluido el grupo de trabajo ‘Freeze and Seize’ de la Comisión de la UE. «La Comisión de la UE ha declarado expresamente que acoge con gran satisfacción la contribución de Suiza», declaró un portavoz de Seco a SWI swissinfo.ch. El gobierno suizo también está evaluando la coordinación con el grupo de trabajo del G7 «Élites, apoderados y oligarcas rusos» (REPO).

Pero Suiza aún tiene que convencer a algunos de los que dudan de que pueda desprenderse de su dudosa reputación pasada. En 2020, Daniel Thelesklaf dimitió como director de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, calificando su cargo de «insostenible».

«Cuando se trata del blanqueo de dinero, Suiza sólo aplica las normas mínimas obligatorias debido a la presión del extranjero», afirmó entonces. «La lucha eficaz contra el blanqueo de dinero sólo tiene una importancia secundaria».

En la misma época, el exfiscal general suizo, Michael Lauber, fue objeto de duras críticas por su excesiva complicidad con sus homólogos rusos. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue uno de los más críticos. En 2020, la Oficina del Fiscal General (OAG) anunció que cerraba la investigación sobre la presunta corrupción rusa relacionada con la muerte de un testigo clave, Sergei Magnitsky.

Lauber se vio finalmente obligado a dimitir en 2020 por la chapuza de la investigación de la FIFA, pero su historial en Rusia sigue dejando un sabor agrio. La OAG solo se comprometería a imponer sanciones si hay una denuncia penal por blanqueo de dinero o por incumplimiento de sanciones. El sucesor de Lauber, Stefan Blättler, sigue reconociendo que debe hacer frente a la débil confianza de los ciudadanos en la fiscalía federal. «Mi responsabilidad es restaurar nuestra excelente reputación», declaró recientemente a SWI swissinfo.ch.

¿Por qué Suiza está en contra de una prohibición general de las importaciones de materias primas procedentes de Rusia?

Suiza es un importante centro del comercio de productos básicos en todo el mundo, lo que incluye el petróleo ruso.

El gobierno ucraniano sigue pidiendo a los países occidentales que dejen de importar petróleo y gas rusos, argumentando que este comercio contribuye a financiar la maquinaria bélica de Putin.

Las autoridades suizas pueden señalar, con razón, que la UE se ha mostrado reacia a imponer sanciones a los productos rusos. Esto se debe a que muchos países europeos dependen del petróleo y el gas rusos para satisfacer sus necesidades energéticas.

No obstante, en abril la UE anunció sanciones que prohibirían las importaciones de carbón ruso a partir del 10 de agosto. La prohibición incluye también otras materias primas, como madera, caucho, cemento y fertilizantes. Pero los Estados miembros de la UE aún no se han puesto de acuerdo sobre las propuestas para eliminar el petróleo y el gas rusos.

El Ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, advierte contra las prohibiciones generales a las materias primas producidas en Rusia. «Estoy en contra de tomar medidas que provoquen nuevos problemas en otros lugares y agraven aún más la crisis mundial», dijo en una entrevista a los medios. «No se trata sólo de petróleo y gas, sino también de alimentos».

Países como Jordania, Túnez y Egipto compran entre el 50% y el 90% de sus necesidades de grano a Ucrania o Rusia.

Suiza decidirá si restringe las compras a las empresas controladas por el Estado ruso en función de cada caso. Public Eye rechaza este planteamiento y ha pedido en repetidas ocasiones que se cree una autoridad de supervisión independiente para vigilar el sector.

La ONG afirma que este organismo debería garantizar que las materias primas procedentes de países sancionados no se comercialicen a través de Suiza, averiguar quiénes son los propietarios y controlan cada empresa e insistir en que los comerciantes lleven a cabo la debida diligencia para eliminar a los clientes no deseados.

Traducido del inglés por José M. Wolff