Suiza ha avanzado en la igualdad de género, específicamente en los derechos LGBTQI+, de acuerdo con Amnistía Internacional. Sin embargo, la organización de derechos humanos criticó los casos de uso excesivo de la fuerza en los centros de asilo suizos y las penas de prisión para manifestantes.
El Informe 2021/22 de Amnistía InternacionalEnlace externo sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, publicado este martes, presenta un panorama mixto del historial de derechos humanos de Suiza durante el último año. El país recibió elogios por la votación a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como por la adopción de medidas para fortalecer las disposiciones del código penal sobre violaciones.
“Somos testigos de una movilización sin precedentes por una ley que debería proteger mejor a las personas contra la violencia sexual”, subrayó Alexandra Karle, directora de Amnistía Suiza, en un comunicado.
La organización de derechos humanos también aplaudió la decisión adoptada en septiembre pasado por el Parlamento para crear una institución nacional de derechos humanos (INDH) después de 20 años de campaña de la sociedad civil. Este es un «hito» para los derechos humanos en Suiza, enfatizó Karle.
Refugiados y solicitantes de asilo
Sin embargo, el país fue criticado varias veces por el trato a los refugiados y solicitantes de asilo. La propia investigación de Amnistía Internacional desveló abusos cometidos por personal de seguridad privada contra personas alojadas en centros federales de asilo e identificó fallos sistémicos en el funcionamiento de los centros. Las investigaciones encargadas por el gobierno también encontraron un uso desproporcionado de la fuerza en al menos tres de los siete casos investigados.
El informe de Amnistía cita también la votación en referéndum a favor de la prohibición del velo integral el año pasado, a pesar de las preocupaciones de que discriminaba a una sola comunidad religiosa y violaba los derechos de las mujeres y la libertad de religión.
El país también fue criticado por las sentencias de prisión impuestas a más de 40 activistas ambientales luego del desalojo de un campamento de protesta la primavera pasada cerca de Eclépens, en el oeste de Suiza.
Alrededor de 150 activistas se apostaron en la cantera de Mormont en el oeste de Suiza en octubre de 2020 para protestar por la decisión de expandir el sitio. La policía disolvió la manifestación seis meses después y evacuó a los ocupantes del sitio, propiedad de la cementera Lafarge-Holcim.
Las sentencias de prisión “restringieron indebidamente sus derechos a la libertad de expresión, conciencia y reunión pacífica”, indicó el informe de Amnistía.
El informe anual 2021/2022 de Amnistía Internacional cubre 154 países, incluida Suiza. Cada país es objeto de su propio capítulo.
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