En caso de regresar a España, Anna Gabriel sería arrestada, en cumplimiento de la orden girada este miércoles por un juez español. Sin embargo, las autoridades españolas se abstuvieron de solicitar a Suiza una orden de extradición.
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RTS/Le Temps/SDA-ATS/AFP/ilj/dos
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Arrest warrant issued for Catalonia separatist in Switzerland
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El juez Pablo Llarena emitió la orden de arresto nacional después de que la otrora legisladora de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) no asistiera a comparecer este miércoles ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo declinó emitir una solicitud de extradición.
Sobre el particular, Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Justicia (FOJ), señaló que “de acuerdo con la base legal para la cooperación entre Suiza y el España (…), Suiza no concede, como la mayoría de los demás Estados, extradición ni ninguna otra forma de asistencia judicial recíproca por delitos políticos”.
“Si hay una demanda, hay que examinarla a fondo. A priori, según lo que dicen los medios, parece ser un delito político, por lo que no hay extradición”, agregó.
La justicia española pretendía interrogar a Gabriel en relación con sus actividades en la organización del referéndum del pasado 1º de octubre. Las autoridades catalanas convocaron a la ciudadanía a las urnas para que votara sobre la independencia de esa comunidad autónoma del resto de España.
La consulta, no contemplada en la Constitución española, fue desautorizada por Madrid.
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