Berna presenta una alternativa a la ‘Lex USA’
Tras el fracaso de la ley diseñada para resolver el enfrentamiento entre Washington y los bancos suizos que fomentaron la evasión fiscal de sus clientes estadounidenses, el Gobierno anuncia que otorgará autorizaciones “caso por caso” para la transferencia de datos sensibles a Washington.
Con esta decisión, el Gobierno se apega al derecho vigente e intenta simultáneamente recuperar las líneas centrales de la iniciativa de ley urgente, que fue rechazada en junio por el Parlamento (ver recuadro), para amainar las presiones venidas de Washington.
“En el marco del derecho suizo en vigor, el Consejo Federal fijó hoy las disposiciones relativas a la protección de datos, así como los principios de cooperación entre los bancos suizos y las autoridades estadounidenses para resolver el conflicto fiscal existente. Los bancos podrán, con base en el artículo 271 del Código Penal, solicitar autorizaciones individuales (para la entrega de información)”, declara el Ministerio suizo de Finanzas (DFF) en un comunicado.
El Ejecutivo helvético afirma que tras la decisión del Parlamento suizo de desechar la iniciativa, las dos cámaras coincidieron en la necesidad de encontrar rápidamente una solución, pero dejaron claro que era una responsabilidad que correspondía al Gobierno.
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Suiza busca una alternativa a la Lex USA
Los detalles del ‘Plan B’
Según anunció este miércoles el Ministerio de Finanzas, los bancos que están en la mira de la justicia de Estados Unidos tendrán que solicitar la autorización expresa del Gobierno suizo expresa para transferir datos a Washington. Los nombres de los titulares de las cuentas no serán revelados.
Esta información “solo podrá ser transmitida por la vía de una solicitud de asistencia administrativa, en el marco del Acuerdo para Evitar la Doble Imposición vigente con Estados Unidos”, precisa el Ministerio.
Pero confirma que los bancos sí entregarán información sobre los colaboradores que facilitaron la evasión de impuestos entre los contribuyentes de EEUU, entre ellos, banqueros y abogados.
No obstante, el Gobierno fija como prioridad la protección para estos empleados, que deberán ser notificados con antelación de la entrega de sus coordenadas a Estados Unidos. También será responsabilidad de los bancos otorgarles asistencia jurídica, ya que eran empleados suyos cuando asesoraron a clientes para el incumplimiento fiscal.
“El compromiso de asistencia (a los empleados) es una condición indispensable para autorizar a los bancos a liberar información”, refiere el Ministerio de Finanzas.
La Lex USA es una iniciativa diseñada por EEUU para resolver definitivamente la dispuesta fiscal que tiene con alrededor de 14 bancos suizos, que encubrieron y promovieron la evasión de impuestos entre los ciudadanos estadounidenses con cuentas en Suiza.
Desde otoño de 2011 se habló de un “acuerdo global” e inició una negociación bilateral entre el Gobierno suizo y el fisco de EEUU. Pero en septiembre de 2012, intervino el Departamento de Justicia (DoJ) de EEUU aumentando la presión sobre Suiza.
En 2013 quedó claro que no habría un acuerdo concertado. Washington propuso exclusivamente una ley urgente -con vigencia de un año- que exigiría una “amplia cooperación” de los bancos suizos sobre los empleados que manejaron las cuentas ocultas, el comportamiento de los fondos, etc.
A pesar de desconocer los detalles, el Gobierno suizo avaló la solicitud general y la convirtió en una iniciativa sobre la que el Parlamento suizo debía pronunciarse. El Consejo de los Estados (cámara alta) dio luz verde, pero el Consejo Nacional (cámara baja) rechazó la iniciativa en dos ocasiones, con lo que ésta quedó desechada.
Dos semanas después del fracaso de la Lex USA, el Gobierno suizo presenta un Plan B para evitar que la presión de EEUU siga creciendo, particularmente considerando que entre los bancos en la mira se encuentran los gigantes UBS y Credit Suisse, además de entidades como Julius Baer, Pictet, o los Bancos Cantonales de Zúrich y Basilea.
Los bancos, a favor
La ministra suiza de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, explicó posteriormente a la prensa que la principal diferencia entre la Lex USA y la propuesta anunciada hoy radica en el llamado derecho de oposición.
Esto es, en la potestad de la que gozará todo individo para oponerse, por motivos considerados como legítimos en términos legales, a la entrega de información de carácter personal. Una disposición que aumenta la seguridad jurídica de clientes y empleados de los bancos.
Sobre el anuncio, la Asociación Suiza de Banqueros (ASB) expresó su beneplácito ante el hecho de que “el Consejo Federal haya asumido su responsabilidad definiendo las líneas directrices que guiarán la cooperación entre los bancos y EEUU”.
La ASB pidió, no obstante, que los bancos helvéticos que participen en el nuevo programa unilateral de ayuda a EEUU gocen de seguridad jurídica.
La palabra del Tribunal Federal
El próximo viernes será otro día clave para el futuro de la relación de Suiza con Estados Unidos.
El Tribunal Federal –la más alta instancia judicial de Suiza- se pronunciará en sesión pública sobre los recursos que han interpuesto clientes estadounidenses del Credit Suisse que se oponen a que sus coordenadas sean entregadas al fisco americano.
La decisión se aguarda con impaciencia porque la Administración Federal Tributaria y el Tribunal Administrativo Federal ya habían avalado dicha entrega de datos.
El pasado 1 de febrero entró en vigor una reforma legal que permite al Tribunal Federal pronunciarse cuando las cuestiones jurídicas revisten una particular importancia. En este caso, se cuestiona si el procedimiento promovido por EEUU viola los derechos humanos.
Si los jueces del Tribunal Federal consideran que es así, se pondría automáticamente en entredicho la validez de la Convención para Evitar la Doble Imposición entre Suiza y EEUU (firmada en 1996 y revisada en 2009). Actualmente, el acuerdo permite a Berna cooperar con Washington en casos de sospecha de evasión simple y no solo en casos de fraude fiscal, avivando las presiones en la relación política bilateral.
Las rendijas para la evasión de impuestos y las cuentas no declaradas de ciudadanos estadounidenses se cierran día con día.
El pasado 20 de junio, el Senado suizo aprobó la Ley Estadounidense sobre Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) que permitirá al fisco estadounidense acceder a partir de 2014 a toda la información bancaria de aquellas personas “que tienen obligaciones fiscales con EEUU”.
Los titulares de las cuentas serán avisados para que otorguen su consentimiento para la trasmisión de datos. Si se niegan, serán castigados financieramente.
Tras el sí del Senado, corresponde ahora a la cámara baja pronunciarse sobre el tema en septiembre próximo.
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