Cae espada de Damocles sobre banqueros suizos
Miles de empleados bancarios de origen suizo –cuyos datos personales fueron transmitidos al Departamento de Justicia (DoJ) de EEUU- atraviesan hoy una situación incierta. Y muy pocos de ellos se han atrevido a emprender acciones al respecto, por temor a perder sus empleos.
“Ciertamente, las cosas no son siempre como se leen en los periódicos; especialmente en el sentido de que ningún empleado de la banca suiza puede viajar a Estados Unidos”, dice Balz Stückelberger, Director de la Asociación Patronal de Bancos Suizos (AGV Banken).
“No hay ninguna señal de que EEUU quiera arrestar a todos los banqueros suizos. Y es evidente que tampoco quieren llenar sus prisiones de esta forma”, añade.
“Sin embargo, no podemos descartar que algunas personas deban responder ante la justicia estadounidense. Y es verdad que priva una sensación de inseguridad entre el personal de los bancos que es imposible ignorar”, dice Stückelberger.
Hace dos años, el DoJ estadounidense comenzó a investigar a una decena de bancos suizos a los que encontró sospechosos de colaborar con miles de clientes para evadir al fisco, violando las leyes del país norteamericano.
Y las autoridades estadounidenses han solicitado a los bancos suizos la entrega de todos los datos relacionados con operaciones controvertidas, incluido el nombre de los empleados que atendieron a los clientes que hoy son interpelados por el fisco.
El Gobierno suizo anunció el miércoles (28.08) su aprobación de principio a un acuerdo para resolver la controversia con Estados Unidos sobre la presunta participación de los bancos helvéticos en la evasión fiscal de miles de contribuyentes de EE UU.
En un breve comunicado, el Consejo Federal precisó que ha girado instrucciones al Ministerio de Finanzas para efectuar el trabajo necesario sobre la base de una solución propuesta por Washington, sin especificar los términos de la misma.
“La firma de la declaración conjunta debe permitir a los bancos suizos arreglar, en el marco jurídico vigente, el diferendo que los opone a Estados Unidos y que en el pasado afectó las relaciones entre los dos países”, añadió el comunicado.
La Asociación Suiza de Banqueros acogió con beneplácito el anuncio y señaló que el acuerdo “permitirá a todos los bancos en Suiza un arreglo rápido y definitivo” del problema con Estados Unidos, además de que “crea la
seguridad jurídica necesaria”.
Fuente Reuters
Violación de derechos
En abril del año pasado, el gobierno suizo autorizó a los bancos suizos a proveer al DoJ de “toda la información necesaria para la protección de sus intereses”. Una negativa a cooperar habría significado el fin de las instituciones sujetas a investigación.
“Aun careciendo de presencia física en EEUU, todos los bancos necesitan realizar pagos en dólares. Y para acceder a los mercados internacionales, las instituciones de crédito deben contar con una cuenta de compensación denominada en dólares que esté basada en Londres o en Nueva York. En la actualidad, si un banco termina en la “lista negra” de las autoridades estadounidenses ya no podrá realizar más pagos en dólares. Y esto equivale a cerrar sus puertas”, explica Pierre Louis Manfrini, abogado y profesar en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IDHEAP) de Lausana.
Se presume que solo durante el año pasado, los bancos en la mira de EEUU entregaron las coordenadas de al menos 10.000 empleados -o ex empleados- a la justicia norteamericana.
Inicialmente, muchos de esos banqueros no fueron notificados previamente sobre la transmisión de datos, lo que les impidió oponerse en términos legales. Por ello, el Comisionado Federal para la Protección de Datos de Suiza intervino solicitando a los bancos respetar la legislación vigente en materia de información y transparencia.
En 2011, la Justicia de EE.UU anunció que tenía bajo investigación a por lo menos 10 bancos suizos sospechosos de ayudar a millares de clientes a escabullirse de sus obligaciones con el fisco norteamericano.
El Departamento de Justicia exigió información relativa a todas las transacciones de los bancos, incluyendo los nombres de los empleados que otorgaban todo tipo servicios y asesoría a la clientela de EEUU.
En 2012, el gobierno suizo autorizó a los bancos a colaborar con el sistema de justicia de EEUU vía la entrega de datos, lo que incluía –como se dijo- la transmisión de nombres de los empleados involucrados. Pero en más de una ocasión estos datos se dieron sin que los empleados concernidos lo supieran.
En 2013, el Departamento de Justicia solicitó información adicional. El gobierno suizo propuso al Parlamento helvético regular la entrega de información a través de una ley diseñada expresamente para ello (Lex USA). Los principales lineamientos de la misma habían sido diseñados previamente por Washington y comunicados a Berna.
En junio, el Parlamentó suizo rechazó la Lex USA por considerarla contraria al principio de soberanía vigente en Suiza.
El 3 de julio, para resolver el vacío, la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, presentó un “Plan B” que permitiría a los bancos transmitir datos a EEUU –sobre empleados de la banca suiza vinculados a actos de evasión- sin que esto sea considerado como violatorio del artículo 271 del Código Penal (que rige la cooperación con otros países).
Asistencia financiera y jurídica
Tras largas negociaciones, el pasado 29 de mayo, la Asociación Suiza de Empleados Bancarios (ASEB), la Asociación de Bancos Suizos (AGV Banken) y la Asociación de Banqueros Suizos (SwissBanking) firmaron un acuerdo destinado a asegurar una mejor protección para los empleados bancarios contra las consecuencias legales que podría desencadenar la transmisión de sus datos personales a EEUU.
Los empleadores se comprometieron –vía este acuerdo- a notificar por adelantado a sus empleados sobre cualquier tipo de documento que los ataña y que sea requerido por EEUU, al tiempo que se les garantiza asistencia financiera y legal en caso necesario; y también se les protege contra despidos y cualquier otro tipo de discriminación laboral.
“En lo sucesivo, los empleadores deben respetar las citadas reglas de información y transparencia. El problema es que los empleados no están utilizando su derecho a oponerse a la transmisión de sus datos por miedo a perder su empleo”, observa Denise Chervet, secretaria general de la ASEB.
De hecho, hasta ahora no más de una veintena de colaboradores se han rehusado a transmitir sus datos personales, y prácticamente la totalidad de ellos son ex empleados o jubilados de los bancos.
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El «costo humano» de la cooperación con EEUU
Viajes riesgosos
El convenio, no obstante, deja indefensos a los colaboradores de la banca ante eventuales persecuciones penales en EEUU. Lo anterior debido a que, pese a la intensidad de las negociaciones previas, Berna no consiguió un acuerdo global con Washington para regularizar el pasado. Conclusión, las autoridades de EEUU aún tienen la intención de perseguir a aquellos a quienes investigan.
Balz Stückelberger admite, sin embargo, que “las personas no son el objetivo primordial de EEUU, que lo que busca es información bancaria sobre las operaciones efectuadas con los estadounidenses. Los datos solicitados buscan ante todo arrojar luz sobre estas actividades. Pese a ello, el problema debe ser tomado en serio y aún subsisten riesgos para los empleados”.
Riesgos que confirma Pierre Louis Manfrinio. “Entre los nombres transmitidos a EEUU, están también los de secretarios o auxiliares, cuya misión fue exclusivamente enviar un correo en nombre de sus jefes.
Ciertamente, la justicia estadounidense no tiene interés en arrestar a uno de estos secretarios, pero si esta persona viaja a EEUU, se arriesga a una serie de complicaciones. Yo, personalmente, recomiendo quedarse en casa a quienes figuran en estas listas”.
A finales de mayo de 2013, la Asociación Suiza de Empleados Bancarios (ASEB), la Asociación de bancos suizos (AGV Banken) y la Asociación Suiza de Banqueros (SwissBanking) firmaron un acuerdo que garantiza la protección de los empleados bancarios con respecto a consecuencias potenciales derivadas de la transmisión de datos a la justicia de EEUU.
Este acuerdo ha sido considerado por el gobierno suizo como una guía a seguir cuando exista transmisión de datos a Washington. Según su contenido, las instituciones financieras que colaboren con la justicia estadounidense deberán “garantizar una máxima protección a sus empleados”.
Concretamente, debe notificarles que sus datos personales serán transmitidos a Washington antes de que esto suceda. Deberá otorgarles también asistencia legal, y protegerlos de discriminación o despidos injustificados.
Sin sustento legal
La inseguridad experimentada por los colaboradores de los bancos no ha cedido desde que el Parlamento suizo rechazó la llamada Lex USA en junio pasado. A través de dicho acuerdo, el gobierno suizo intentaba asentar una serie de condiciones legales encaminadas a reglamentar la transmisión de datos y a resolver su conflicto con EEUU. Ante su fracaso, la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, presentó un “Plan B” en julio que permitió la transmisión de datos, pero sin un marco legal general: cada banco tendría que solicitar autorización al gobierno.
Solución que no convence a Pierre Louis Manfrini. “El gobierno solicitó al Parlamento adoptar una ley para autorizar la transmisión de coordenadas a EEUU. El Parlamento la rechazó y ahora, el gobierno quiere de todas maneras autorizar la citada transmisión. Para mí, existe un serio problema de orden legal”.
Un escepticismo que es compartido por Denise Chervet. “Tras el rechazo de la Lex USA, la situación sigue siendo problemática no solo para los empleados, ya confrontados de hecho a continuas reestructuraciones, sino también para toda la plaza financiera. Ésta requiere de la seguridad que la ha caracterizado y que es una de sus principales fortalezas. Los problemas con EEUU deben ser resueltos lo más pronto posible para que la plaza financiera recobre esa seguridad”, apuntó.
Y aún queda pendiente conocer cómo reaccionará EEUU ante el “Plan B”.
Traducción, Andrea Ornelas
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