Corrupción verde: un delito global combatido desde Basilea

Trabajadores descargan un camión lleno de madera comprada en circunstancias sospechosas en Burkina Faso. Patrick Tombola/laif/Keystone

La crisis medioambiental ha colocado en la agenda global el tema de la corrupción verde (corrupción o delitos financieros que causan daños en el medio ambiente y en la biodiversidad). Durante mucho tiempo, la corrupción ha debilitado los esfuerzos conservacionistas. Uno de los primeros en hacer sonar la alarma fue el Instituto sobre Gobernanza de Basilea.

La organización sin ánimo de lucro con sede en Basilea se encuentra hoy en el epicentro de los esfuerzos globales para combatir la corrupción y los delitos financieros que hacen posible los delitos ambientales y que los convierten en un negocio lucrativo. Estos esfuerzos están ganando cada vez más terreno. Varias sesiones de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés), celebrada en diciembre de 2022 en Washington D.C., pusieron por primera vez el foco en la corrupción verde. Durante la conferencia, que atrajo a un numeroso público y que duró una semana, el Instituto de Basilea, junto con Transparencia Internacional (TI), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y TRAFFIC, inauguró un foro de profesionalesEnlace externo para impulsar la colaboración entre las personas y las organizaciones comprometidas con los esfuerzos conservacionistas y la lucha contra la corrupción.

SWI swissinfo.ch se entrevistó con Juhani Grossman, jefe desde 2020 del Programa Corrupción VerdeEnlace externo del Instituto de Basilea. Grossman monitorea los esfuerzos para analizar y abordar la corrupción y los delitos financieros vinculados al comercio ilegal con animales silvestres, productos forestales y madereros y con desechos, así como en relación con el comercio ilegal en los sectores de la pesca y la minería.

SWI swissinfo.ch: ¿Cómo afronta el Instituto de Basilea la corrupción verde? 

Juhani Grossman: Nuestra labor se centra, principalmente, en fomentar las capacidades de nuestros países socios. Actualmente, en América Latina estamos trabajando con las autoridades del Perú y de Bolivia, y la colaboración con Ecuador arranca en este 2023. También mantenemos compromisos productivos con las autoridades de Uganda, Malawi e Indonesia.

Un enfoque con tres prioridades

Seguimos un enfoque con tres prioridades. La primera prioridad se centra en el cumplimiento y busca fortalecer las entidades estatales en su empeño por afrontar las corrupciones y los delitos ambientales cuando ya se hayan producido. Ayudamos a esos organismos a seguir la pista de los flujos financieros relacionados con el delito ambiental y llegar a aquellos que realmente se benefician de la destrucción del medio ambiente. 

El segundo pilar se centra en prevenir los delitos de corrupción ambiental. Para ello, nos apoyamos en los conocimientos internos relacionados con el cumplimiento de la ley y la prevención de la corrupción. Nuestros equipos ayudan a fomentar las capacidades de las agencias medioambientales y de las empresas estatales en el sector de los recursos naturales para que puedan controlar sus propios riesgos de corrupción. 

La tercera prioridad aborda el problema de la falta de pruebas que demuestren la corrupción en el sector medioambiental. Nuestra investigación contribuye a colmar este vacío importante. 
 

Juhani Grossman dirige el programa de investigación de la corrupción verde del Instituto de Basilea. Basel Institute on Governance

¿Nos podría describir un caso concreto de corrupción verde?

En aguas de un país latinoamericano se detectó un buque pesquero que estaba operando en la ilegalidad. El propietario del buque pagó una pequeña multa y luego continuó inmediatamente a faenar ilegalmente. Este caso es a la vez frustrante y representativo para el marco legal típicamente vigente en muchos de los países en los que somos activos.

En este caso colaboramos con el ministerio público y examinamos opciones complementarias para sancionar a este individuo en concreto. Les aconsejamos que recurrieran a disposiciones legales que permitiesen el uso de herramientas a las que suelen acudir las autoridades estatales a la hora de sancionar este tipo de delitos, que en este caso consistían en la confiscación del buque pesquero.

No teníamos por qué probar la comisión de delitos penales por el propietario o el capitán del buque, lo cual suele ser muy difícil de conseguir. Todo lo que teníamos que demostrar era que el buque pesquero en sí estaba operando de forma ilegal. Fuimos capaces de probarlo con las coordenadas GPS del buque pesquero que localizamos mediante superposición de imágenes sobre un mapa topográfico de la zona costera.

El siguiente paso consistiría en investigar el aspecto financiero de la pesca para averiguar quiénes son realmente los que se benefician de la pesca ilegal y cómo. Esta investigación podría desvelar también posibles sobornos pagados a funcionarios e inspectores portuarios. Muchas veces, aparentes casos aislados de pesca o caza ilegal resultan ser parte de una red criminal mucho más extensa que incluye la colusión de funcionarios públicos locales y a veces también nacionales.

¿Está aumentando la corrupción medioambiental?

Es difícil de contestar a la cuestión de si la corrupción ambiental se está extendiendo o no, pero las elevadas cantidades de dinero que se invierten en proyectos climáticos o relacionados con la biodiversidad apuntan a que así será si no somos capaces de gestionarlo. Del mismo modo, la creciente demanda de metales de transición requeridos para la electrificación hace que la prevención de la corrupción sea aún más importante en la industria minera.

¿Se incrementan los casos judiciales en esta área?

Sí, pero esto es positivo. Los gobiernos están tomando cada vez más en serio la corrupción verde, al igual que las organizaciones de ayuda al desarrollo y otros donantes.

¿Están pagando las naciones del Sur global por los delitos ambientales del Norte?

Si bien esta tesis, en parte, es cierta, debemos reconocer que el panorama global es mucho más complejo. El comercio internacional insostenible o ilegal con recursos naturales tiende a desplazarse de los países pobres, pero ricos en recursos naturales, a los países más ricos económicamente, mientras que los primeros sufren el deterioro ambiental. Sin embargo, muchas de las cadenas de suministro no solo funcionan del sur al norte, sino también del sur al este o del norte al sur, si contemplamos, por ejemplo, el caso de los desechos. Empresas criminales asentadas en el hemisferio sur están muy involucradas en el “negocio” ilegal y están controlando las rutas comerciales globales. De manera que no se trata de una ecuación sencilla, aunque seamos, probablemente, los que consumimos una mayoría de los bienes comercializados ilegalmente y nuestra demanda alimente, desde luego, este suministro.

¿Qué nos puede contar sobre la corrupción en el negocio con los desechos?

De hecho, no se recicla una parte de los desechos que Occidente envía precisamente para reciclar. En su lugar se exporta de manera ilegal —con la ayuda de sobornos y, como ocurrió en un caso en ItaliaEnlace externo, el crimen organizado— a países más pobres que no disponen de normas tan estrictas para la gestión de los residuos o donde no se aplica dicha normativa. Desafortunadamente, las restricciones a la importación se consiguen eludir muchas veces gracias a los sobornos.

¿Qué precio tiene la corrupción verde para la economía mundial?

Existen estimaciones sobre el impacto financiero a nivel global. Estamos hablando de flujos monetarios ilícitosEnlace externo de decenas o incluso centenares de miles de millones [de dólares] relacionados con el comercio de diferentes recursos naturales cada año.

Hay llamamientos a la monetización del impacto negativo de los delitos ambientales, de manera que ya se está tomando más en serio el tema. No obstante, es un reto poner una cifra concreta para los costes que producen los daños en el medio ambiente, la biodiversidad y en la salud de las personas. Si bien es cierto que se están multiplicando los esfuerzos para cuantificar estos daños y traducirlos al lenguaje de la contabilidad, estos cálculos aún están lejos de estar regularizados, lo cual implica que se están infravalorando los delitos ambientales y, por tanto, se les está otorgando un menor grado de prioridad.

¿Son diferentes los riesgos de corrupción en el sector de las energías renovables?

Los proyectos en el sector de las energías renovables son muy vulnerables a la corrupción, no en último lugar por las grandes cantidades de inversión que implican. Pienso que vamos a ver cada vez más escándalos a medida que estos proyectos vayan surgiendo. 

Algunos proyectos muestran similitudes con sectores de alto riesgo. Por ejemplo, las presas hidroeléctricas están expuestas a los bien conocidos riesgos de corrupción que existen en el sector de las infraestructuras. Los proyectos solares y eólicos se exponen más a los riesgos del sector tecnológico y el abastecimiento con metales específicos y elementos raros necesarios para su fabricación —que son cada vez más raros y, por tanto, más competitivos y propensos a la corrupción— encierran riesgos similares a la industria minera.

A medida que nuevos actores entren en el mercado, debemos asegurarnos de que sus sistemas de prevención de la corrupción también estén actualizados, especialmente si consideramos que muchas de estas empresas han crecido rápidamente y que, por tanto, están expuestas a un mayor riesgo de corrupción.

¿Cuáles son las estrategias más eficaces contra la corrupción cuando se trata de proteger el medio ambiente?

Hace dos años y medio, este campo despertaba aún poco interés fuera de nuestros socios del programa Targeting Natural Resource CorruptionEnlace externo. Ahora estamos viendo tanto interés entre los conservacionistas y los que luchan contra la corrupción que somos capaces de lanzar una comunidad de práctica con tres de las principales organizaciones que lideran la lucha anticorrupción y la protección del medio ambiente. También nos dimos cuenta del enorme interés en este tema en la Conferencia Internacional Anticorrupción en diciembre. Estamos ilusionados, por supuesto, pero sigue siendo un fenómeno muy nuevo. Está claro que aún es prematuro valorar qué es lo que va a tener éxito y qué no.  

En el ámbito de la aplicación de la ley son muy prometedores los enfoques que siguen la pista del dinero. Y lo son no solo por el seguimiento y la averiguación de la procedencia de los fondos derivados de actividades ilícitas, sino también porque seguir el dinero significa llegar a las personas que encabezan estas organizaciones criminales. Hasta ahora, estos cabecillas rara vez han sido el objetivo de la acción penal, pero nosotros queremos cambiar esto, como ya lo hemos hecho durante más de una década en el ámbito de la recuperación de activos. Tener la posibilidad de confiscar las herramientas del delito —como lo hicimos en el caso del buque pesquero— o de embargar los propios beneficios, es devastador para estas organizaciones criminales y un método bastante sencillo para la persecución penal.

En el lado de la prevención, la idea que más prometedora me parece, por ser actualmente la menos explorada, es la de establecer sistemas capaces de reforzar la inmunidad institucional de organizaciones medioambientales y empresas estatales en el sector de los recursos naturales comprometidas con la lucha contra la corrupción. Estamos colaborando estrechamente con organizaciones ambientales visionarias en el Perú, en Malawi y en Indonesia para hacer justamente esto. Estas instituciones entienden que la sociedad jamás va a controlar la corrupción en el sector medioambiental si no consiguen controlar mejor sus riesgos internos de corrupción.

Adaptado del inglés por Antonio Suárez