Dilema entre negocio y derechos humanos

En la asamblea de accionistas de Nestlé, que dirigió el jefe del consorcio, Paul Bulcke, una ONG abordó el tema de la demanda penal. Reuters

Hacer negocios en contextos en los que el respeto a los derechos humanos no es regla, es un asunto que ocupa a Berna. Entre tanto, la demanda penal contra Nestlé por negligencia en la muerte de un extrabajador en Colombia sigue pendiente.

El Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), con sede en Alemania, decidió llevar el caso ante la fiscalía helvética con la esperanza de que se convierta en un precedente para responsabilizar a las multinacionales por la actuación de sus filiales en otros puntos del mundo.

A pedido del ECCHR y del sindicato colombiano Sinaltrainal, un gabinete de abogados de Zúrich presentó el expediente ante el Ministerio Público de Zug en marzo pasado. En junio, la institución de Zug decidió retransmitirlo al Ministerio Público de Vaud, con el argumento de que en ese cantón se encuentra la sede de Nestlé.

La defensa presentó recurso y corresponde ahora al Tribunal Penal Federal decidir a quién compete esta demanda penal, si a Zug o a Vaud.

El caso se centra en el asesinato de Luciano Romero, quien laboró hasta octubre de 2002 en la compañía Cicolac, una procesadora de leche propiedad de Nestlé en la ciudad de Valledupar (noreste de Colombia). Fue despedido tres meses después de participar en una huelga y en 2005 fue ultimado. Los demandantes sostienen que Cicolac lo relacionó con grupos guerrilleros, lo que provocó su muerte por parte de paramilitares.

Xstrata en Latinoamérica

Si el caso de Nestlé es tal vez ahora el que mayor interés despierta por haber tocado la puerta ante una fiscalía suiza, es apenas uno de muchos que los defensores de los derechos humanos mencionan en el marco de la explotación industrial Norte-Sur, y no solo en lo que se refiere a empresas con sede en Suiza.

Pero como país depositario de los Convenios de Ginebra, sede de la ONU en Europa y, a la vez, de numerosas multinacionales, la Confederación Helvética es blanco constante de quejas; como las que apuntan a otro gigante, Xstrata.

Este mismo año estuvo en Suiza el alcalde de la provinicia Espinar de Perú, Oscar Mollohuanca, quien presentó demanda penal en noviempre pasado en su país contra la sociedad de explotación de oro y cobre Xstrata Tintaya, señalada por contaminación ambiental. Dos personas fallecieron en enfrentamientos entre la policía y los pobladores de Espinar en mayo.

El peso del dinero

De Colombia llegaron también a Suiza el abogado defensor de los derechos humanos Alirio Uribe y Angelina Ortiz, líder de la comunidad Wayuu para dar testimonio de las violaciones que se cometen en torno al proyecto de extracción de carbón de la empresa El Cerrejón (33% de capital de Xstrata) en La Guajira.

Y de Argentina, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez visitó Suiza para señalar delitos de contaminación y otros generados a través de la explotación de La Alumbrera, la principal mina a cielo abierto de Argentina y que pertenece, en 50%, al consorcio con sede en Suiza, mismo que asegura operar conforme a las reglas.

Sin embargo, Gómez explicó en Berna cómo el poder de influencia de una multinacional puede corromper las esferas del poder en su país, un ejemplo de lo que se reproduce en el mundo ante enormes intereses económicos.

10 muertes en Guatemala

“Hemos venido para sensibilizar al pueblo suizo sobre el uso peligroso, para nuestras comunidades, del dinero que proviene de su país”, dijo por su parte, y en forma contundente, la abogada maya Carmela Curup, que en febrero pasado explicó en Ginebra y en Berna lo que sucede en torno a la construcción de una fábrica de cemento de la empresa Progreso. La cementera pertenece, en 20%, a otro grande helvético, Holcim. En Guatemala el asunto también ya se ha cobrado diez vidas humanas.

Estas visitas de los defensores de los derechos humanos se producen con regularidad y con el respaldo de múltiples organizaciones civiles helvéticas que les ayudan a encontrar oídos atentos en las representaciones de derechos humanos y laborales de la ONU en Ginebra, en las sedes de las autoridades suizas en Berna y entre los grupos ciudadanos interesados.

Por reducir el superpoder empresarial

«La presión para tomar consciencia del asunto se refuerza en el interior del país y también puede venir desde el exterior, tal como ocurrió con el secreto bancario, que hace apenas cinco años se consideraba intocable», explicó el jurista y ex político Hanspeter Uster, precursor de la campaña de sensibilización Derechos sin Fronteras.

Esta iniciativa llegó a su fin en junio pasado con la entrega de una petición, con más de 130 mil firmas de apoyo, dirigida a las autoridades suizas para imponer reglas medioambientales y de respeto a los derechos humanos a las multinacionales con sede en este país en sus negocios a través de sus filiales en el globo.

Dick Marty, ex parlamentario suizo en el Consejo de Europa, y conocido por el revuelo que provocaron sus informes sobre las prisiones secretas de la CIA, también respaldó la petición: “Suiza, con la mayor concentración de multinacionales per cápita, tiene el deber de dar el ejemplo, en una época en la que resulta sencillo documentar a través de Internet las violaciones cometidas en torno a las actividades de las filiales suizas”.

Falta la sinergia

Christian Etter, jefe de los servicios especializados en economía exterior de la Secretaria de Estado de Economía (seco), uno de los invitados a una jornada de Derechos Sin Fronteras en marzo, indicó que las recomendaciones de la OCDE dirigidas a las multinacionales son la base de la tarea de responsabilidad empresarial, mientras que Claude Wild, jefe de la División de Seguridad Humana del Ministerio de Asuntos Exteriores, reconoció el dilema existente entre el negocio y los derechos humanos.

«Personalmente, creo que la cuestión amerita ser planteada, pero me temo que el debate será muy largo”, dijo entonces Wild, quien ahora, cinco meses después, demuestra su interés por escuchar al organizar este 11 de septiembre la conferencia Economia, Derechos Humanos y Paz. Entre los invitados se encuentra Dick Marty.

Pero, efectivamente, el camino será largo: “Ante la evidencia de estos problemas, falta aún la sinergia entre las partes implicadas para cambiar de política”, observa sobre este debate, Florian Wettstein, director del Instituto de Ética Económica de la Universidad de San Gall. 

“La realidad demuestra que hay violaciones de derechos humanos pese al acatamiento de las reglas de mercado. Buscamos con gran afán hacer comprender que estas reglas no resuelven todas las situaciones del marco ético donde una empresa se desarrolla. Solo con este conocimiento se puede promover un comportamiento que procure la buena reputación; un planteamiento moral del individuo y de la compañía. Pero se requiere de libertad y autonomía para el comportamiento ético, lo que cada vez resulta más difícil en tiempos en los que, lamentablemente, el margen de maniobra se vuelve cada vez más limitado”.

Economía y DD HH

El tema no es nuevo en Suiza donde la preocupación por el denominado “comercio justo”, inició hace más de dos décadas, con el surgimiento de sellos como Max Havelaar, que otorga su aval a productos de importación, como flores y granos de café en el mercado helvético, bajo el respeto a las normas sociales y medioambientales en los países donde se producen.

Diversas campañas han apuntado a las violaciones a los derechos humanos en la explotación de empresas de Suiza en los países del Sur.

Para Suiza, que uno de cada dos francos lo gana en el exterior, los negocios que realiza en el mundo son sustento básico de su desarrollo económico.

Uno de los principales escándalos en el contexto de sus relaciones comerciales con el Sur se produjo en tiempos del Apartheid en Sudáfrica.

En 2005, un estudio del Programa Nacional de Investigación confirmó que la libertad de comercio y de industria pasaron por encima de los derechos humanos, pero los investigadores no contaron con el respaldo del Gobierno para exigir a las empresas entonces activas en Sudáfrica abrir sus archivos.

Berna argumentó entonces el riesgo de quejas colectivas contra empresas suizas.