La Confederación cerró sus cuentas de 2018 con un superávit de más de 3 000 millones de francos, en lugar de los casi 300 millones previstos hace un año. Ese resultado sería aplaudido en muchos países, pero en Suiza generó una nueva ola de críticas y controversia.
Es cierto que en pocos países los responsables de las finanzas deben justificarse por haber logrado resultados mejores de los previstos y por “tener que” anunciar un superávit de hasta mil millones. En Suiza, esta práctica se ha convertido casi en la norma desde hace unos diez años, es decir, desde que las cuentas públicas muestran regularmente beneficios.
Fue el caso la semana pasada: junto con los resultados de 2018, el Ministerio de Finanzas, cuyo titular es Ueli Maurer, presentó toda una serie de argumentos para explicar el superávit de más de 3 029 millones de francos, en lugar de los 295 millones estimados un año antes.
Para contrarrestar las críticas, el Ministerio publicó incluso un documentoEnlace externo en el que explica las razones de esa diferencia, debida principalmente a “errores en la estimación de los ingresos que son inevitables” y a un “enfoque prudente en la presupuestación y el uso de los recursos”.
¿Pretexto para nuevos recortes?
Justificaciones que, una vez más, no convencieron a todo el mundo. Diversos representantes de la izquierda acusaron una vez más al ministro de Finanzas de hacer el juego a los partidos de centroderecha y de derecha, que defienden un “Estado más pequeño”. En otras palabras, al anunciar sistemáticamente déficits o débiles beneficios presupuestarios, Ueli Maurer (Unión Democrática de Centro, UDC/derecha conservadora) les daría pretextos para imponer programas anuales de ahorro y recortes en las prestaciones estatales, incluso en el ámbito social. Reducciones innecesarias a la luz de los excedentes multimillonarios.
Críticas comprensibles, al menos en vista de la evolución de las cuentas desde 2006: las arcas del Estado han cerrado regularmente con superávits de miles de millones, muy por encima de los resultados previstos. La única excepción fue en 2014, año en que la Confederación registró un pequeño déficit de 124 millones de francos.
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Más allá de la controversia sobre las previsiones y los cálculos del Ministerio de Finanzas, todas las partes no pueden sino alegrarse por los superávits de miles de millones que han permitido a la Confederación reducir la carga de la deuda en los últimos años. En 2005, la deuda pública ascendió a 130 000 millones de francos, y en 2018 cayó por debajo de los 100 000 millones.
Aunque no es miembro de la Unión Europea (UE), Suiza figura entre los pocos países europeos que cumplen los “criterios de convergencia” del Tratado de MaastrichtEnlace externo. En el marco de ese convenio, los miembros de la UE se comprometieron, entre otras cosas, a mantener la deuda pública dentro del 60% del Producto Interior Bruto (PIB). Teniendo en cuenta los cantones, las comunas y los sistemas de seguridad social, la deuda total de Suiza es inferior al 30% del PIB, muy por debajo de la media de la UE que supera el 80%.
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En Suiza, el buen comportamiento de las finanzas públicas está ligado principalmente al “freno al endeudamientoEnlace externo”, un mecanismo introducido en 2003 por la Confederación para evitar desequilibrios financieros estructurales: en los años de desaceleración económica se permiten déficits limitados, mientras que en los años de fuerte actividad económica deben lograrse superávits para reducir la deuda.
En cambio, en 2005, los países de la zona euro suavizaron el Pacto de Estabilidad y CrecimientoEnlace externo adoptado en los años noventa para coordinar las políticas presupuestarias y evitar déficits públicos excesivos. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto los efectos adversos de la falta de disciplina presupuestaria. Desde 2013, los miembros de la eurozona han vuelto a reforzar los mecanismos de control de los presupuestos estatales, pero el problema del endeudamiento sigue pesando sobre muchos países.
Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín
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“Suiza va hacia la bancarrota”, anunciaba el semanario ‘Facts’ en 1997, después de producirse una serie de cifras deficitarias de unos miles de millones de francos en las arcas estatales. La revista fue la que quebró unos años más tarde, mientras que las finanzas púbicas helvéticas se portan bien actualmente, o, mejor dicho, se portan muy bien, como es el caso de Noruega, donde los ingresos del petróleo alimentas sus recetas fiscales. Suiza, incluso, ha sido el único país europeo en haber disminuido su deuda pública luego del inicio de la gran crisis financiera y económica del 2007. Y esto, sin renunciar a la realización de infraestructuras costosas, como el nuevo túnel ferroviario de base del San Gotardo – el más largo del mundo – inaugurado el 1° de junio de este 2016.
Fuera de la Unión Europea (UE), Suiza forma parte de los raros países europeos que responden desde el inicio a los “criterios de convergencia” del Tratado de Maastricht, que colocó las bases de la unión económica y monetaria de la UE y la creación del euro. Los países candidatos a adherirse a la moneda única debían empeñarse, en particular, en contener la deuda pública por debajo del 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ya al momento de su adhesión al euro, ciertos Estados no respetaron ese criterio: Grecia, 107%; Italia, 109%; Bélgica, 114%. Con la crisis financiera y económica, diversos países europeos se vieron obligados a aumentar fuertemente sus inyecciones financieras para apoyar al sector bancario y relanzar la coyuntura. Hoy, la deuda pública de las principales economías de la zona euro, y también del Reino Unidos, rebasa el 60%.
Las finanzas públicas suizas pudieron, al contrario, gozar de una solidez económica inesperada, que permitió mantener un buen balance fiscal. La economía helvética, que registró una contracción solo en 2009, salió rápidamente de la crisis internacional: el consumo aumentó, las exportaciones no sufrieron frenos notorios, pese a la disminución de la demanda de los mercados de la UE, y la tasa de paro se mantuvo entre el 3 y el 4%.
La Banca Nacional Suiza (BNS) jugó, por su parte, un papel importante, participando en la salvaguardia del banco UBS, y contribuyendo por varios años a evitar el aumento en la apreciación del franco frente al euro. Suiza se vio favorecida por el hecho de que los gastos estatales registraron una baja histórica con respecto al PIB, una diferencia de lo que ocurrió con otros países europeos, imposibilitados a seguirle el paso, a causa de un pesado aparato administrativo y de empresas públicas.
Pero también determinante para el buen estado de salud de los haberes públicos fue el “freno a la deuda”, un mecanismo introducido en 2003 por la Confederación (gobierno) para evitar desequilibrios estructurales de las finanzas federales e impedir un aumento de la deuda, como ocurrió en la década de los Noventas. Este mecanismo busca el reequilibrio de los ingresos y egresos en el arco de un ciclo coyuntural: en los años de desaceleración económica se producen déficits limitados, mientras que en los años de alta coyuntura deben conseguirse excedentes. Modelos análogos fueron introducidos también en muchos cantones suizos.
El freno al endeudamiento permitió reestablecer rápidamente el equilibro de las finanzas públicas: la deuda total (administración pública y seguridad social) pasó así del 50,7% en 2003 al 33,1% en 2015. En el último decenio, con una sola excepción en 2014, las cuentas de la Confederación registraron sistemáticamente utilidades de miles de millones de francos. Un resultado prácticamente único a escala europea.
La recuperación financiera es un objetivo de todas las fuerzas políticas, ya que además de permitir reducir los gastos relacionados con el pago de intereses de la deuda, también refuerza la resistencia de Suiza ante nuevas crisis. Para algunos partidos – y para diversos economistas – la política del ahorro ha llegado al exceso: en el último decenio la Confederación consiguió incluso excedentes en años de desaceleración coyuntural. Y, pese a estas utilidades, el gobierno presenta cada año nuevos planes para reducir el gasto público. Según la izquierda, las fuentes financieras de la Confederación deberían ser empleadas principalmente para reforzar el Estado social y para sostener la economía y la creación de puestos laborales en tiempos de baja coyuntura. Para los partidos de centro y de derecha, la economía no requiere apoyos estatales, pero si de aligerar más la política de gravámenes fiscales.
A pesar del buen funcionamiento de las finanzas federales, la política financiera figura desde hace años entre los temas más combatidos en el Legislativo. Es el caso también este año. En el marco de la nueva reforma sobre la imposición tributaria a las empresas, la mayoría del centro y la derecha en el parlamento ha aprobado una serie de aligeramientos de orden fiscal a la iniciativa privada de miles de millones de francos. Esta reforma representa un ataque contra los fondos del Estado, considera la izquierda, que tiene la intención de lanzar un referéndum en contra de estas modificaciones. Entre tanto, el ministro de Finanzas, Ueli Maurer, ya ha anunciado tres planes de ahorro para los próximos años, que afectan, en particular, a los presupuestos de la previsión social, la formación y la ayuda exterior. Pero no serán tocadas las carteras de la defensa nacional, la agricultura y los transportes viales. Asuntos que también son objeto de una gran batalla entre los partidos.
Come gli altri paesi europei, anche la Svizzera è chiamata ad affrontare ben presto due fattori che rischiano di gravare pesantemente sulla spesa pubblica: l’invecchiamento della popolazione e l’esplosione dei costi della salute. Nei prossimi 30 anni saranno necessari 150 miliardi di franchi per finanziare le spese legate all’evoluzione demografica, avverte il nuovo rapporto del Dipartimento federale delle finanze sulle Prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche. Senza misure di risparmio o di aumento del gettito fiscale, il debito pubblico salirà al 59% del PIL entro il 2045.
Le riforme dell’assicurazione malattia e della previdenza sociale sono però in cantiere da quasi una ventina d’anni e finora i partiti non sono riusciti a raggiungere un compromesso. Una soluzione dovrà però essere trovata ben presto, poiché l’evoluzione demografica si prospetta come una bomba ad orologeria che minaccia di far esplodere l’equilibrio delle finanze pubbliche.
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