El secreto bancario suizo dificulta las sanciones a Rusia

El uso de estructuras corporativas complejas y con poca transparencia en las jurisdicciones significa que es difícil, si no imposible, identificar a los beneficiarios efectivos de las empresas. Illustration: Helen James / swissinfo.ch

El Gobierno suizo se ha resistido durante mucho tiempo a cambiar las leyes que mejorarían la transparencia y obligarían a revelar de quién son las empresas secretas. Las sanciones rusas podrían ser un punto de inflexión.

Cuando se busca información sobre Solway Investment Group —grupo internacional de metales y minería con sede en el cantón suizo de Zug— resulta inevitable mencionar Rusia. Reuters en 2011 decíaEnlace externo que la “Solway rusa” estaba construyendo una fundición de níquel en Indonesia. En marzo de 2022 una importante investigación periodísticaEnlace externo afirmaba que el mayor productor privado de níquel del mundo tenía vínculos con empresas rusas.

Suiza en el punto de mira respecto a la aplicación de las sanciones rusas

La invasión rusa de Ucrania provocó una serie de sanciones a particulares y empresas rusas por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y las naciones ricas del G7. Suiza se ha mantenido en concordancia con la UE, aplicando su décimo paquete de sanciones en marzo.

Eso no ha impedido que la comunidad internacional -incluidas las ONG y, más recientemente, el G7- criticase a Suiza por no hacer lo suficiente. En particular, señalan con el dedo la limitada cantidad de activos rusos congelados en Suiza y argumentan que el país alpino podría hacer un mejor trabajo para hacer cumplir las sanciones.

En esta serie analizamos qué medidas ha tomado Suiza para ajustarse a las normas internacionales y en qué aspectos se ha quedado rezagada. Cuestionamos los motivos de las sanciones y sus consecuencias para los comerciantes de materias primas radicados en Suiza. También analizamos los activos rusos en el país y comprendemos cómo algunos oligarcas consiguen sortear las sanciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado mes noviembre calificó la empresa como “rusa” y en virtud de la Ley Magnitsky, que castiga a las personas extranjeras que cometen abusos contra los derechos humanos y corrupción, impuso sancionesEnlace externo a dos empleados de Solway y a sus filiales. Se alegó entonces que uno de los empleados —de nacionalidad bielorrusa— “llevó a cabo actos corruptos para favorecer la influencia rusa” en la industria minera guatemalteca.

Denis Gerasev, uno de los dos miembros del consejo de administración de Solway, sin embargo —en una rara entrevista concedida a los medios de comunicación (ver el artículo aquí)—, negó que la empresa estuviera vinculada con el Gobierno o los oligarcas rusos.

En un esfuerzo por validar sus afirmaciones, SWI swissinfo.ch ha realizado su propia investigación. Para lo que hemos navegado, en Chipre, Suiza, Malta y San Vicente y las Granadinas, por todo un laberinto de registros de empresas y hemos desenterrado una sofisticada red de estructuras corporativas y personas con múltiples nacionalidades.  

Tratar de descubrir, en última instancia, quién posee y controla una empresa con sede en Suiza es como ir quitando las capas de una cebolla. Aunque para luchar contra el blanqueo de capitales hace tiempo que a los bancos y a los reguladores financieros les interesa la identidad de los propietarios últimos de las empresas, la dificultad para acceder a esta información se ha convertido en un importante punto ciego en la aplicación de las sanciones suizas contra Rusia.   

Solo se podrá cortar el flujo de dinero hacia el Estado ruso que financia la guerra contra Ucrania si se identifica a quienes realmente se benefician, dice Tom Keatinge, experto en sanciones y director del Centro de Estudios sobre Delincuencia Financiera y Seguridad de RUSI, un foro con sede en el Reino Unido. “¿Cómo puede un país afirmar que no hay relación entre una persona sancionada y una empresa que opera en su jurisdicción si no tiene a su disposición toda la información? Es una parte fundamental de la aplicación de sanciones”, señala.    

Si en el contexto de la guerra en Ucrania en la lista de sanciones suizas se incluye a un oligarca o funcionario ruso, también se sancionará a cualquier entidad que controle o posea. Pero usar estructuras corporativas complejas y opacas significa que es difícil —si no imposible— identificar a las personas al final de la cadena.

Tratando de ponerse al día

Suiza tiene una larga historia de secretismo financiero y el propio Gobierno admite que la transparencia es muy escasa. Helen Budlinger Artieda, responsable de la Secretaría de Estado de Economía (SECO), en una entrevistaEnlace externo publicada en el periódico Aargauer Zeitung en mayo, reconocía que “averiguar el beneficiario efectivo de cualquier estructura societaria es un reto importante para nuestros equipos sancionadores”.  

Aunque en todas partes es una tarea ardua, antes de que la guerra de Ucrania estallara en febrero de 2022, otros muchos países ya estaban presionando de manera enérgica para desbloquear la caja negra de la titularidad real.

¿Qué es la propiedad efectiva?  

Un beneficiario efectivo (lo que a veces se denomina persona que ejerce un control significativo) se refiere a la persona o personas físicas Enlace externoque, en última instancia, tienen derechos sobre una parte de los ingresos o activos de una entidad jurídica, o la capacidad de controlar sus actividades. El modo de definir el control y la propiedad varía ligeramente en función de las jurisdicciones, los instrumentos jurídicos y la finalidad de la identificación.

El artículo 697 del Código de Obligaciones suizo exige que el accionariado, si adquiere más del 25 % del capital social o de los derechos de voto de una empresa, lo notifique. La ley suiza contra el blanqueo exige a los intermediarios financieros que identifiquen y verifiquen quiénes son los beneficiarios efectivos. 

La propiedad efectiva también es importante para aplicar sanciones. Las normas sobre sanciones de la UE y de Suiza establecen que la propiedad o el control mayoritarios por parte de personas sancionadas —aunque posean menos del 50 % de las acciones— significa que la entidad también está sancionada, aunque la aplicación varía según los Estados miembros de la UE. De acuerdo con el régimen de sanciones estadounidense, si el 50 % de una entidad es propiedad conjunta, directa o indirecta, de una o más personas sancionadas, la propia entidad queda sancionada.

“Respecto a la disponibilidad y el uso de la información sobre la titularidad real de las empresas por parte de las autoridades, es justo decir que Suiza está por detrás de los Estados miembros de la UE”, indica Louise Russell-Prywata, que dirige la política y la defensa de Open Ownership, una organización que hace campaña por la transparencia y tiene su sede en el Reino Unido.  

Compartir la información sobre beneficiarios reales con las autoridades en Suiza no es obligatorio. Suiza ha adoptado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), un organismo mundial de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dichas recomendaciones exigen a los bancos que identifiquen y verifiquen quiénes poseen—en última instancia— las cuentas y obligan al accionariado a informar a los consejos de administración de las empresas cuando compran un determinado porcentaje de sus acciones o derechos de voto.    

Pero, según Dario Galli, abogado especializado en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales del bufete Walder Wyss de Zúrich, las normas son más de diligencia debida interna y gestión de riesgos que de vigilancia por parte de las autoridades.

Kai Reusser / swissinfo.ch

La cuarta directivaEnlace externo de la UE contra el blanqueo de capitales, aprobada en 2015, instaba a los gobiernos a crear registros centrales de personas beneficiarias efectivas. El FATF hizo una recomendación similar, impulsando que centros financieros extraterritoriales, como Panamá, crearan registros centrales.

Estos cambios han puesto presión sobre Suiza. Para Alex Nikitine, socio de Walder Wyss, “Suiza tiene que encontrar la manera de aplicar las normas contra el blanqueo de dinero por su propia estabilidad y credibilidad”.

El Gobierno, el pasado mes de octubre, anuncióEnlace externo que el Ministerio de Finanzas estaba elaborando planes para crear un registro central de beneficiarios efectivos, aunque todavía no se ha puesto en marcha. En agosto debería presentarse un proyecto de ley, según ha manifestado a SWI por correo electrónico un portavoz del Ministerio.  

Aunque el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero es una razón clave para el registro, las sanciones rusas suponen un impulso añadido, ya que Suiza intenta frenar las críticas de los países del G7 de que el país no hace lo suficiente para atrapar a quienes evaden.

“Suiza es una de esas jurisdicciones que tiene que ir más allá para demostrar que no es culpable. Si no se tiene un registro mercantil decente, no se va a convencer a la gente de ello”, dice Keatinge.

Lagunas y acceso

Pero, aunque en principio se ha acordado crear un registro central, se debate acaloradamente qué información debe incluirse en él, cómo debe verificarse y quién debe tener acceso a la misma.

La quinta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales —publicada en 2018— pedía que los registros estuvieran a disposición del público. En noviembre de 2022 el Tribunal de JusticiaEnlace externo de la UE, sin embargo —alegando que interfería en los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales—, declaró nulo el acceso del público.

En cuestión de días, países de la UE conocidos por su secretismo financiero y la opacidad de sus empresas —como Malta, Chipre y Luxemburgo— restringieron el acceso a sus registros.

El Gobierno suizo no tiene previsto hacer público su registro, una decisión que no le sorprende a Philip Zünd, director de asuntos fiscales y jurídicos de la consultora KPMG en Zúrich. “En este país existe una tradición de privacidad financiera. Está en nuestro ADN”, afirma Zünd.

Pero quienes defienden la transparencia, como Maíra Martini, que dirige el trabajo sobre flujos financieros ilícitos de Transparencia Internacional, sostienen que el acceso público es necesario para localizar a quienes evaden las sanciones.

“No se trata solo de la información sobre la titularidad, también debe verificarse y las autoridades deben hacer un uso adecuado de ella”, declara Martini. “Muy a menudo las autoridades no tienen la capacidad o el mandato para analizar los datos e investigar. Quienes han identificado activos de oligarcas han sido periodistas o activistas y no, las autoridades”.

Esto es especialmente cierto por las lagunas y zonas grises de las normas sobre sanciones que permiten que entre quienes deben aplicar las sanciones se cuelen banderas rojas, dice Martini.

Un ejemplo es el uso de lo que se conoce como “hombre de paja” para ocultar la propiedad final. Uno de estos casos es el del violonchelista ruso Serguéi Rolduguin, que aparecía como beneficiario efectivo de cuentas bancarias en Zúrich sospechosas de movilizar millones de francos hacia el presidente ruso Vladímir Putin.

“La autodeclaración no es suficiente, también tiene que haber una forma de verificar esta información y comprender la situación completa”, indica Simone Nadelhofer, socia del bufete suizo LALIVE, especializado en delitos de cuello blanco y cumplimiento normativo.

Algunas personas sancionadas, para pasar desapercibidas, también han reducido sus participaciones o han transferido la propiedad a algún familiar. El oligarca ruso Andréi Melnichenko dimitió como beneficiario y su esposa se convirtió automáticamente en nueva beneficiaria el 8 de marzo, un día antes de que él fuera sancionado por la UE. Unos meses después, su mujer fue sancionada por la UE y Suiza.     

Otra zona gris son los fideicomisos. Documentos confidenciales obtenidos por el diario Tages-AnzeigerrevelaronEnlace externo que la propiedad de Melnichenko se transfirió a través de un fideicomiso con sede en Chipre que posee una participación mayoritaria en EuroChem. Identificar qué parte se beneficia o ejerce control sobre un fideicomiso puede resultar difícil y muchos países ni siquiera registran todas las partes de un fideicomiso.

“Las entidades corporativas que abarcan distintas jurisdicciones también plantean problemas porque algunas jurisdicciones no ofrecen transparencia sobre los beneficiarios efectivos”, señala Nadelhofer.

Solway es un buen ejemplo de ello. La empresa es propiedad de una sociedad de cartera en Malta, donde el registro de sociedades incluye a cuatro accionistas: todos, empresas con la misma dirección en San Vicente y las Granadinas, jurisdicciones que no proporcionan información sobre la titularidad real.  

La información sobre la titularidad real estaba disponible en el registro mercantil de Malta hasta la sentencia del Tribunal de la UE, que —casualmente— se dictó cuatro días después de que el Tesoro estadounidense anunciara sus sanciones.

A principios de junio el equipo jurídico de Solway ha facilitado a SWI un extracto del registro de Malta, que indica que los beneficiarios efectivos de la empresa son Dan y Christian Bronstein, ciudadanos alemanes e hijos de Aleksander Bronstein, fundador de la empresa Solway.

Pero la solución no es apostar por la buena voluntad y la honradez de las empresas. “Hemos confiado en el sector privado y en los bancos para que nos proporcionen información sobre la propiedad, pero no es así como se atrapa a quien delinque” afirma Martini.

Corrección: Esta historia se actualizó el 5 de abril de 2024 para especificar que Andréi Melnichenko no cedió su participación en EuroChem a su esposa. Melnichenko renunció como beneficiario y su esposa se convirtió automáticamente en la nueva beneficiaria.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo