Glencore, ganador protagónico de las minas de Bolivia
El gobierno de Evo Morales explora la recuperación de tres minas operadas por el gigante suizo. La decisión despierta controversia incluso dentro de los sindicatos mineros.
Actualmente, el 75% de las ganancias derivadas de la minería en Bolivia van a manos de empresas extranjeras como Glencore, una situación que inconforma en el país andino.
En Bolivia, las empresas multinacionales concentran tres cuartas partes de la producción minera total del país, y solo la cuarta parte restante corre a cargo del Gobierno y algunas cooperativas, concluye la Liga de Defensa del Medioambiente (Lidema).
En un estudio publicado este mes (17.04) y firmado por Octavio Ribera, la Lidema añade que Bolivia opera bajo un esquema de minería neoliberal en el que grandes firmas marcan las pautas del mercado y son, como consecuencia, las principales beneficiarias de la explotación de los metales del país.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) ofrece elementos adicionales para dimensionar la talla del fenómeno: el año pasado, el 90% de las exportaciones bolivianas estuvieron vinculadas a los minerales e hidrocarburos.
Como consecuencia, la riqueza que pierde el país, en favor de los corporativos privados, es muy elevada.
Glencore, en el blanco
El ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, José Pimentel, confirmó ante la prensa (14.04) que el Gobierno del presidente Evo Morales analiza actualmente una rescisión de la concesión relativa a cuatro minas bolivianas que actualmente son operadas por extranjeros.
Tres de ellas pertenecen al grupo suizo Glencore y la cuarta, a la canadiense Pan American Silver Corporation.
Según las palabras del ministro Pimentel, es a petición de diversos sindicatos mineros que el Estado de Bolivia trabaja en este tema. Y el funcionario que representa al centro-izquierda de Morales añadió que se trataría de una “recuperación” no de una “nacionalización”.
¿La diferencia?
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Metalurgia de Bolivia, nacionalizar implica un desconocimiento por parte del Estado boliviano de los compromisos que asumió en el pasado con empresas extranjeras a las que otorgó concesiones para explotar diversas minas.
La recuperación, en tanto, atañe solo a empresas que han sido parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), esto es, empresas estatizadas en el pasado pero que, por alguna razón u otra, pasaron en algún momento a ser operadas por el sector privado a partir de contratos de riesgo compartido o alquiler.
Porco, Colquiri y Bolívar
Las tres minas que tocan intereses suizos son: Porco, ubicada en Potosí; Bolívar, basada en Oruro; y Colquiri, que se encuentra en La Paz. Conjuntamente son plazas mineras que cuentan con abundante yacimientos de estaño, planta, plomo y zinc.
Consultada por swissinfo.ch, la empresa helvética Glencore declinó emitir cualquier comentario y precisó vía telefónica desde Zug: “No tenemos nada que decir por el momento”.
Algunos trabajadores de la mina de Colquiri se han manifestado ya para expresar que estiman que retirar a Glencore de la operación de esta mina sería un error, ya que Comibol no cuenta con la capacidad, estructura ni capital para hacerse cargo.
Sobre la marcha, lo cierto es que esta no sería la primera vez que Glencore vería trastocadas sus inversiones en Bolivia desde que inició la administración Morales.
En mayo de 2010, el Gobierno boliviano anunció la nacionalización de Vinto Antimonio, de una pequeña planta de fundición de antimonio propiedad del grupo suizo bajo el argumento de que este último no había realizado suficientes inversiones en esta compañía en los años previos.
Vinto-Antimonio era parte de Glencore desde 2001, o de Sinchi Wayra para ser precisos, la subsidiaria que el corporativo suizo opera en Bolivia.
La controvertida Glencore
El trabajo de Lidema explica el corazón del conflicto: los capitales extranjeros son los principales beneficiarios de la explotación de metales del país andino.
En la actualidad, Sinchi Huayra tiene el control de la operación de yacimientos de oro, plata, plomo, estaño y zinc en Oruro, Potosí, Bolívar, Poopó, Porco, Totoral, San Lorenzo, Colquiri y Colquechaquita.
Y el perfil de Glencore, como compañía, ha sido frecuentemente cuestionado.
Pese a tratarse de una de las 10 empresas más rentables de Suiza, y de una estructura corporativa con un valor de mercado superior a los 60.000 millones de francos suizos, su información financiera y estrategias siempre se han manejado en silencio.
Hasta 2011, Glencore se había rehusado a cotizar en el mercado de valores, lo que le ha eximido de la obligación de hacer transparentes sus cuentas y proyectos.
Sin embargo, este año ha cambiado su visión de hacer negocios y tiene previsto colocar en las próximas semanas entre un 15 y 20% del capital de la compañía en los mercados de valores de Londres y Hong Kong.
Esta decisión le permitirá allegarse 12.000 millones de dólares frescos, pero que le obligará simultáneamente a operar de forma cada vez más transparente en cada uno de los mercados que atiende.
Glencore International AG es una empresa basada en Zug y fundada en 1974.
Se trata de uno de los tres principales proveedores de materias primas del mundo y la sexta empresa más grande de Europa.
Comercializa metales, minerales, petróleo y gas natural, entre otros.
Tiene presencia en 40 países diferentes y cuenta con 50.000 empleados.
Se estima que podría ser la empresa suiza con la mayor facturación de todas, con ventas del orden de los 145.000 millones de dólares anuales.
Su fundador, Marc Rich, belga de nacimiento, es un empresario que ha sido cuestionado porque no es completamente clara la procedencia de su riqueza. tiene nacionalidad española.
Durante su gestión como mandatario de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (actual refugiado en EEUU debido a los levantamientos sociales que lo obligaron a dejar el poder) concedió a Glencore la posibilidad de operar bajo el esquema de riesgo compartido las tres minas que podría recuperar en 2011.
En abril de 2011, Glencore fue denunciada ante la OCDE por organizaciones de Zambia que la acusan de evadir impuestos, una práctica abiertamente condenada para toda multinacional que pertenezca a países miembros de este organismo.
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