La banca suiza, acusada de ocultar datos detrás del secreto bancario
La secrecía bancaria suiza solía ser una pesadilla para las autoridades fiscales extranjeras deseosas de atrapar a sus evasores. Hoy, son los periodistas e historiadores suizos quienes deploran que la legislación helvética esté obstaculizando su trabajo.
La Ley de Secreto Bancario fue endurecida en 2015 para resolver un problema real: datos sensibles de la clientela de los bancos suizos eran robados para ser vendidos posteriormente a las autoridades fiscales de distintos países.
+ Secreto bancario frente a libertad de prensa
Sin embargo, los historiadores suizos se quejan de que, en el presente, la banca suiza se escuda en la existencia de una Ley del Secreto Bancario más estricta para rechazar las solicitudes de documentación que recibe.
En enero, la Sociedad Suiza de HistoriaEnlace externo (SSH), que reúne a 1 700 historiadores, envió una carta al Departamento Federal de Finanzas (DFF) en donde le exhortaba a flexibilizar la ley.
Destacó un caso extremo en el que el UBS negó a un historiador el acceso a documentos sobre las negociaciones financieras de este banco con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Falta de compromiso
Los documentos solicitados por el historiador eran exactamente los mismos que habían sido entregados a la llamada «Comisión Bergier», creada por el gobierno suizo para examinar públicamente, entre 1996 y 2001, la relación de Suiza con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El UBS se mantuvo firme en su decisión de negar estos archivos al investigador histórico. Al respecto, la Sociedad Suiza de Historia expresó que entiende que las empresas deben resguardar la información estratégica protegida por el secreto bancario y evitar así potenciales problemas legales.
Pero la SSH considera frustrante la falta de voluntad y compromiso de la banca para entregar documentación que data de varias décadas, o para negociar con los historiadores los hechos o fragmentos que sí pueden hacerse públicos.
«Como resultado de esta compleja situación, la investigación histórica relativa a la plaza financiera suiza se ha visto fuertemente bloqueada y, considerando la relevancia económica, política y social que tiene para la historia de nuestro país, esto es inaceptable», expresó la misiva.
La crítica hecha por los historiadores suscribe de facto una protesta realizada por los medios de comunicación en 2022. Este tema genera particular inquietud entre los historiadores y la prensa porque se contempla una pena máxima de cinco años de prisión para quien reproduzca datos bancarios robados que por cualquier razón llegaron a sus manos.
La fuga de información ‘Suisse Secrets’
En febrero del 2022, un diario suizo tuvo que ignorar información bancaria robada a la que tuvo acceso, ya que colocaba los reflectores sobre datos de cuentas del Credit Suisse pertenecientes a presuntos delincuentes y dictadores.
Paradójicamente, la prensa extranjera sí pudo reproducir los documentos del expediente de fuga de información conocido como «Suisse Secrets», aunque sus homólogos suizos no pudieron hacerlo, o se enfrentaban a sanciones penales.
Numerosas organizaciones nacionales e internacionales cerraron filas criticando las limitaciones que Suiza estaba imponiendo a la libertad de prensa.
«Procesar a periodistas por la publicación de datos bancarios que son de interés público violaría la legislación internacional de los derechos humanos», afirmó Irene Khan, relatora especial de la ONU para la protección de la libertad de opinión y expresión.
La presión ejercida condujo a algunos parlamentarios suizos a revisar los términos del secreto bancario en medio de una gran inquietud de que la ley se haya tornado draconiana.
El Comité de Economía del Consejo Nacional de Suiza aprobó una moción que recomendó considerar excepciones, como permitir a los medios de comunicación la publicación de datos bancarios robados cuando se trate de informes de buena fe.
El gobierno dijo que acogía con beneplácito el debate, pero aún hay un largo camino por andar antes de que la moción legislativa tenga probabilidades reales de generar cambios.
Equilibrando los intereses
Las dos cámaras parlamentarias -Consejo Nacional y Consejo de los Estados- tendrían que realizar debates por separado y avalar los cambios, respectivamente. Un proceso que podría tomar muchos meses y que quedaría anulado si la mayoría política de alguna de estas cámaras no estuviera de acuerdo.
El Departamento Federal de Finanzas (DFF) ha tomado nota de las objeciones manifestadas por los periodistas y los historiadores, pero ha dejado claro que solo podrá expresar su opinión sobre la validez de estos argumentos cuando se complete el proceso parlamentario.
La Asociación de Banqueros Suizos (ABS) también consideró que una reforma legal es algo que deben decidir los legisladores. «No corresponde a la ABS emitir un juicio final sobre el equilibrio de intereses que debe existir entre la necesidad de proteger al cliente individual y la de informar al público», refirió en un comunicado.
La ABS destacó además que los órganos reguladores, como la Oficina de Informes de Lavado de Dinero de Suiza (MROS) y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA), siempre tienen acceso a la información bancaria si se sospecha la comisión de algún delito.
La Ley del Secreto Bancario tipifica desde 1934 la divulgación de datos confidenciales de los clientes sin la autorización de éstos.
Pero, en respuesta a la compra que hicieron otros países de datos bancarios suizos robados, el artículo 47 de la Ley se endureció aún más en 2015.
Desde entonces, cualquiera que filtre información bancaria, o que induzca a otro a cometer este acto, puede ser multado o recibir una sentencia de hasta cinco años de prisión.
Así, un medio de comunicación puede ser declarado responsable del delito de inducción si reproduce datos entregados por un denunciante.
También puede imponerse una multa de hasta 250 000 francos suizos (270 700 dólares) a quienes, por negligencia, compartan datos no autorizados.
En 2017, luego de años de renuencia, Suiza se sumó al «Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal», un acuerdo de carácter internacional que le obliga a intercambiar automáticamente información fiscal con otros países.
Este acuerdo internacional vinculante conduce a los bancos a transmitir los datos de sus clientes a las autoridades fiscales reconocidas de otros países, pero mantiene el secreto bancario intacto en otros casos.
Por ello, el robo de datos por parte de denunciantes, o de otras personas, sigue considerándose un delito penal en Suiza.
Adaptado del inglés por Andrea Ornelas
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