La ONU investiga el oro que importa Suiza

Mina ilegal en el estado sureño de Bolívar, en Venezuela, cerca de la frontera con Brasil. Reuters / Jorge Silva

En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en su sede europea en Ginebra se ha debatido sobre el oro extraído de manera ilegal. En sus conclusiones, la ONU cita el papel de los importadores, entre ellos, Suiza.  

Un relator especial que investiga el uso del mercurio en la minería de oro a pequeña escala y una misión de investigación de la ONU sobre Venezuela presentaron la semana pasada al Consejo documentos separados sobre el impacto que la minería de oro tiene en muchas comunidades y en el medioambiente, sobre todo en la cuenca del Amazonas.   

Los investigadores de la ONU citaron abusos contra los derechos humanos —como la explotación sexual de mujeres y niños, el envenenamiento por mercurio y el trabajo infantil— que afectan a las comunidades donde se produce oro ilegal y apuntaron la responsabilidad en ello de los países que lo compran.

Los informes señalan que los compradores mundiales, como Suiza —por donde transita alrededor de dos tercios del comercio mundial—, deben garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de suministro.

Demanda insaciable y falta de diligencia

“Se trata de un problema grave. En los próximos meses y años podemos esperar un nuevo examen de los mecanismos de derechos humanos del sector del oro y de los países en los que se ubican las refinerías, incluida Suiza”, declara a SWI swissinfo.ch Marcos Orellana, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas que ha investigado los abusos de los derechos humanos en la pequeña minería.

Suiza es el primer importador mundial de oro. En 2021 compró oro por valor de 90 000 millones de francos (92 300 millones de dólares). Y en Suiza se encuentran cuatro de las mayores refinerías mundiales, de las cuales dos son de propiedad extranjera. Tres de las principales plantas —Valcambi, Argor-Heraeus y PAMP— refinan al año en torno a 1 500 toneladas de oro, tal y como en 2020 informó la agencia de noticias Reuters.

Orellana contó ante el Consejo de Derechos Humanos que las mujeres embarazadas de las comunidades indígenas que viven aguas abajo de las minas de oro en la selva boliviana tienen altos niveles de mercurio en sangre por consumir pescado contaminado y que en las zonas mineras los abusos sexuales y la violencia son frecuentes.  

El informe describe que —debido a la contaminación global en los océanos— se han encontrado elevados niveles de mercurio en quienes viven incluso a miles de kilómetros de las minas de oro, en las islas del Pacífico.

En 2017, en todo el mundo, entre 10 y 15 millones de personas estaban empleadas de manera directa en la minería de oro a pequeña escala. De estas personas, según la ONU, en torno a un millón eran niños y unos 4,5 millones, mujeres.

El mercurio —que se utiliza para separar el oro de otras sustancias— es un metal pesado altamente tóxico, que se bioacumula en los seres vivos y puede causar a las personas daños permanentes, incluyendo problemas neurológicos, reproductivos y la muerte.

“El uso del mercurio está impulsado por la insaciable demanda de oro de los mercados financieros y los joyeros de los países más ricos”, dijo Orellana en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos. “Las refinerías de los países industriales que compran el oro carecen de mecanismos adecuados de diligencia debida para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos asociados a la extracción de mercurio y de oro a pequeña escala”. El informe menciona por su nombre a Suiza y el Reino Unido. País este último que en 2020 superó a Suiza en importaciones de oro.

Tras su exposición, Orellana declara a SWI que Suiza debe hacer más. “Suiza no tiene un sistema adecuado de trazabilidad que obligue a sus refinerías a saber de dónde viene el oro y cómo se ha extraído. El sistema de trazabilidad que tiene Suiza termina en el país intermediario. Este vacío lo aprovechan la delincuencia organizada y los cárteles de droga que trafican con mercurio y oro”, cuenta Orellana por teléfono a SWI.   

“Mientras la industria del oro se beneficia, los derechos humanos se resienten”, añade el relator especial de la ONU.

SWI ya había informado de que en Perú —en la región de Madre de Dios en el sureste del país— se han perdido casi 1 000 kilómetros cuadrados de selva tropical porque los mineros ilegales venden su oro a compradores dispuestos a hacer la vista gorda. Al parecer, algunos en Suiza.   

Tras la presentación de Orellana ante el Consejo, más de 40 países participaron en un diálogo interactivo sobre las medidas necesarias para reducir los abusos de los derechos humanos en la pequeña minería. La misión suiza no fue una de ellas.

Una vez publicado el informe, SWI ha pedido a la portavoz de esta misión, Paola Ceresetti, que comente la situación y, a través del correo electrónico, nos ha dicho: “En Suiza, el comercio de oro está controlado por una de las legislaciones más estrictas del mundo. La ley sobre la regulación de los metales preciosos y el blanqueo de dinero tiene como objetivo garantizar que el oro usado por las refinerías no proceda de fuentes fraudulentas”.

El abismo del oro en Venezuela

Tal y como revela otro documento relacionado presentado al Consejo de Derechos Humanos, en la región minera del oro de Venezuela están muy extendidos la violencia armada entre los sindicatos —los grupos delictivos que controlan las minas—, la explotación laboral y sexual y los castigos terribles a través de la justicia arbitraria. A medida que la economía del país se hundía se creó la zona conocida como el Arco Minero en especial para explotar los recursos, con la esperanza de atraer inversión extranjera. Tanto quienes allí residen como los mineros a menudo se han visto “atrapados en un fuego cruzado de violencia en la lucha por el control del oro”, dijo a la prensa Francisco Cox, miembro de la misión de investigación.

Cox afirmó que tanto los actores no estatales —tal que los sindicatos— como las autoridades —incluidos los líderes militares y civiles con intereses financieros en las operaciones mineras— son responsables de los asesinatos, la extorsión, los castigos corporales y la violencia de género.

A pesar de que los datos oficiales son escasos y poco transparentes, varios informes estiman, según Cox, que entre el 70 y el 90 % del oro procedente de esa región minera se produce ilegalmente.

El texto sobre Venezuela recomienda a los países importadores de oro que adopten medidas para evitar el blanqueo de oro y de dinero que llega de las regiones mineras de Venezuela.

Los datos oficiales de Suiza muestran que en 2016 este país dejó de importar oro directamente de Venezuela. Pero desde entonces existe la preocupación de que el oro pueda acabar en Suiza a través de otros países.  

La misión de Venezuela ante la ONU en Ginebra no ha respondido a la solicitud de SWI para comentar las acusaciones de connivencia y participación de las autoridades en el comercio de oro.

La transparencia a prueba

A medida que la presión sobre quienes importan oro aumenta para que garanticen un suministro más limpio, las refinerías suizas han respondido —recientemente— comprometiéndose a eliminar de sus cadenas de suministro todo el oro que proceda de tierras indígenas. La empresa Metalor —de propiedad japonesa y con sede en Neuchâtel— en 2020 declaró que dejaba de comprar oro de minas artesanales. 

El oro líquido se vierte para formar granos en la refinería suiza Metalor en Marin, cerca de Neuchâtel, Suiza. Reuters / Denis Balibouse

Los datos suizos, sin embargo, muestran que se importan grandes volúmenes de oro de países no productores —incluidos Oriente Medio y Europa—, lo cual plantea la cuestión de cuál es su origen. Y son muchos quienes presionan para obtener respuestas.

En 2018, la ONG Sociedad para los Pueblos Amenazados (The Society for Threatened Peoples), con sede en Berna, solicitó a la autoridad federal de aduanas que publique los archivos relacionados con el origen exacto del oro importado en Suiza, y argumentó que es de interés público saberlo. La ONG —que desde hace tiempo investiga la producción ilegal de oro en la Amazonia y sus vínculos con refinerías suizas— espera en los próximos meses una decisión del Tribunal Supremo.

Editado por Virginie Mangin

Adaptado del inglés por Lupe Calvo