La suspensión de pagos argentina no ‘toca’ a Suiza

La presidenta argentina, Cristina Fernández, defiende férreamente que es imposible caer en “default” cuando un país sigue pagando de forma voluntaria sus deudas. Keystone

Argentina cayó al cierre de julio en un ‘default selectivo’. Una serie de fallidas negociaciones con fondos especulativos  (‘buitre’) le impidieron pagar compromisos financieros que tenía con otros acreedores internacionales. Seco confirma que Suiza no se verá afectada por el conflicto.

Este verano, por segunda vez desde el 2001, Buenos Aires se enfrenta a una incapacidad temporal para cumplir con sus deudas internacionales. En el ojo del huracán se encuentran pasivos por 1.300 millones de dólares -más intereses- que ArgentinaEnlace externo debe a fondos especulativos que rechazaron reestructurar estos bonos con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.

El ‘default selectivo’

Tras la primera suspensión de pagos que vivió Argentina en 2001, algunos de los tenedores de bonos de deuda que aceptaron las reestructuraciones ofrecidas por Buenos Aires en 2005 y 2010 tenían derecho a cobrar 539 millones de dólares el pasado 30 de julio.

Con un mes de antelación, el gobierno de Cristina Fernández depositó en el Bank of New York Mellon el dinero necesario para realizar este pago.

Sin embargo, el juez estadounidense Thomas Griesa, a cargo de dirimir el conflicto entre Argentina y los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, ordenó bloquear estos recursos hasta que dicho gobierno no pague también los adeudos que tiene por más de 1.300 millones de dólares con los ‘fondos buitre’ antes referidos.

Así, Argentina se ve imposibilitada en el presente a pagar a los acreedores que sí reestructuraron, lo que la colocó en una situación de suspensión de pagos selectiva.

Ninguna deuda inquietante

En el presente, no existe ningún tipo de deuda pública directa que Argentina tenga vigente con Suiza, confirma a swissinfo.ch Marie Avet, portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (SecoEnlace externo).

La Confederación Helvética solo es acreedora del país sudamericano en el marco del Club de París -grupo de países desarrollados que busca soluciones para los pasivos de países con problemas-; pero Buenos Aires ha demostrado que no tiene dificultades para pagar sus deudas a este organismo con el que llegó a un acuerdo de renegociación en mayo pasado.

“La reciente suspensión de pagos no tendrá ningún impacto sobre el acuerdo que tiene Argentina con el Club de París. De hecho, hace muy poco este país realizó un primer pago por 642 millones de dólares a los miembros del Club”, confirma Avet.

¿Default o no default?

La comunidad internacional y Argentina están en desacuerdo sobre el tema. Las principales calificadoras internacionales de riesgo, con Standard & Poor’s y Fitch a la cabeza, confirmaron que el país incurrió en una cesación de pagos selectiva. Pero el gobierno de Cristina Fernández defiende férreamente que es imposible caer en ‘default’ cuando un país sigue pagando de forma voluntaria sus deudas.

“La situación de Argentina es muy especial”, dice a swissinfo.ch Markus Allenspach, jefe de Investigación de Ingresos Fijos en Julius Baer, “recordemos que fue uno de los países que reestructuró su deuda externa a través de los llamados Bonos Brady a principios de los 80”.

Sin embargo, en 2001, cuando Argentina se vio confrontada a una primera suspensión de pagos con deudas internacionales que superaban los 100.000 millones de dólares, el panorama era complejo y el país se enfrentó a dos respuestas distintas por parte de sus acreedores.

El 93% de las deudas pudieron reestructurarse a través de canjes de bonos realizadas en 2005 y en 2010, con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, respectivamente. Los acreedores asumieron con ello que recuperarían solo una parte de lo prestado. Y existió otro 7%, manejado por fondos especulativos (‘holdouts’), que optó por litigar ante la justicia estadounidense en busca del pago íntegro de la deuda, más los intereses correspondientes.

Fondos ‘buitre’

Los fondos de inversión libre también conocidos como “fondos buitre” se caracterizan por compran títulos de deuda de países que atraviesan una situación económica compleja.

Suelen pagar entre 20 y 30% del valor nominal de estas deudas y lo hacen con la idea de posteriormente ir a litigar ante cortes internacionales para demandar el pago del total de los bonos que adquirieron.

En 2001, algunos de estos fondos compraron bonos argentinos, que con el paso del tiempo han capitalizado intereses. Actualmente exigen el pago de la deuda original más las ganancias generadas.

“Desde entonces (2001) existían reportes de cálculos erróneos en la medición de la inflación, en detrimento de los tenedores de los bonos, y otros tipos de disputas legales. Con el paso del tiempo se han acumulado sólidos argumentos legales para que Argentina sea obligada a honrar los reclamos de los ‘holdouts’, pero también los hay en contra de conceder un tratamiento especial a inversionistas que no quisieron compartir la carga (y pérdidas implícitas) de las reestructuraciones”, explica Markus Allenspach a swissinfo.ch.

“Dado que los argumentos de ambas partes tienen validez, sería de esperarse que la disputa legal dure algún tiempo más”, añade.

Un impacto moderado para Argentina

Markus Allenspach asegura que esta suspensión de pagos, aunque de carácter selectivo, llevará a Argentina a perder acceso a los mercados financieros globales, pero el Jefe de Investigación de Ingresos Fijos en Julius Baer relativiza el impacto de este hecho.

“Recordemos que desde hace algún tiempo Argentina no es considerada como una contraparte confiable para los capitales occidentales. Pero existen nuevas oportunidades para este país gracias a sus recursos naturales, así como alternativas de financiamiento provenientes de acreedores asiáticos u otras posibilidades”, apunta.

Por lo anterior, Allenspach considera que el impacto adverso se dejará sentir ante todo sobre los inversionistas más que sobre la economía argentina como conjunto.

“Esto explica que el gobierno argentino se muestre tan complaciente con respecto a las últimas evoluciones (de este caso)”, cita.

Evitando la especulación

La Asociación Internacional de Swaps y DerivadosEnlace externo (ISDA en inglés) es otra de las entidades que confirmó la suspensión de pagos selectiva de Argentina.

Su pronunciamiento a este respecto era importante para el mercado pues determinaría si podrán realizarse una serie de rembolsos por concepto de derivados de crédito (CDS), es decir, de instrumentos que han sido diseñados para proteger a los inversionistas en el caso del impago de un deudor (Argentina en este caso).

Clientes del UBS contarían con una porción mínima de CDS argentinos.

El banco suizo confirma a swissinfo.ch que, en respuesta a la solicitud hecha por algunos clientes y con objeto de asegurar un mercado ordenado y transparente, el banco preguntó a la ISDA -a través de su sitio web- si podía aclarar el estatus de los CDS argentinos, una medida habitual en este tipo de casos, ya que permite garantizar claridad en el mercado y evita especulaciones.

ISDA confirmó la suspensión de pagos selectiva de Argentina y aún debe ofrecer detalles sobre la forma en la que podrían ser liquidados los CDS de este país.

El futuro argentino

Sobre el impacto que esta suspensión de pagos parcial tendrá sobre la economía real, el diario argentino ‘La Nación’ cita esta semana un reporte elaborado por Credit Suisse en el que afirma que todo dependerá de cuánto tiempo tomará resolver este episodio.

Si dura días o algunas semanas, el impacto económico sería insignificante, asegura.

Pero si se prolonga hasta principios del 2015, como esperan muchos analistas, el PIB argentino podría perder crecimiento por el equivalente al 0,1% del PIB.

Argentina, cabe recordar, debe cumplir con una cláusula llamada RUFO (Rights Upon Future Offering en inglés) que precisa que si ofrece a otros acreedores (los fondos ‘buitre’ en este caso) mejores condiciones que las pactadas hace unos años con los acreedores que sí reestructuraron, está en la  obligación de dar el mismo trato a estos últimos.

La administración de Cristina Fernández presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Estados Unidos por la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa de congelar los fondos que estaban destinados a pagar a los acreedores que sí renegociaron.

Sin embargo, la CIJ, cuya jurisdicción no es reconocida por Estados Unidos, indicó que «no se tomará ninguna acción en el procedimiento», hasta que Washington no admita la competencia de esta corte para tomar este caso.

Actualmente, Daniel Pollack como mediador entre las partes en conflicto, está a cargo de buscar soluciones, pero el gobierno argentino lo acusa de ser parcial y de defender los intereses de los fondos especulativos, razón por la que el desenlace de la suspensión de pagos argentina aún es incierto.